Por Unidad Investigativa Proclama del Cauca
Nuevas denuncias penales por violación a la cadena de custodia y presunta falsificación de documentos públicos que avalaron la entrega de cuatro retroexcavadoras, instauraron la CRC y la Gobernación del Cauca. Pendiente pronunciamiento del CTI de la Fiscalía General de la Nación.
La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao entregó ilícitamente cuatro retroexcavadoras que habían sido decomisadas el pasado 15 de julio en la vereda Santa Rosa, municipio de Buenos Aires, Cauca, por haber sido sorprendidas in fraganti ejecutando acciones de minería criminal.
En el operativo habían participado cerca de 300 miembros de la fuerza pública, entre Policía Nacional, Ejército, CTI de la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y CRC, entre otros. La maquinaria incautada y tres personas privadas de la libertad quedaron a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, entidad que procedió a la legalización de la captura e imputación de cargos, en audiencia ante un juez de la República con competencia para estos asuntos.
Estos hechos se presentaron algunos meses después del desastre que cobró la vida de mínimo 12 personas en una mina de oro ubicada en la vereda San Antonio, municipio de Santander de Quilichao, que también operó ilegalmente por muchos meses sin que ninguna autoridad interviniera hasta cuando se presentó la tragedia que se hizo noticia mundial.
El decomiso de las cuatro máquinas en jurisdicción del municipio de Buenos Aires, y la detención de los presuntos responsables de su operación, se realizó mientras se efectuaba una mesa regional sobre minería ilegal en Santander de Quilichao, que contó con la presencia del viceministro de minas, César Diaz Guerrero, funcionarios de la Alcaldía Municipal de esta ciudad, y el secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes Guzmán, quien confirmó que desde las 4 de la madrugada de aquel martes 15 de julio se había iniciado el operativo en la vereda Santa Rosa, de Buenos Aires, al norte del departamento, que arrojó los resultados anotados.
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC
De acuerdo con la información suministrada por la oficina jurídica de la CRC, las cuatro máquinas retroexcavadoras fueron dejadas en cadena de custodia por el CTI en el parqueadero Los Guaduales, según consta en las actas de inventario suscritas por quien las recibió, la señora Felissa Ramírez, secretaria-administradora del parqueadero, mientras se desarrolla el proceso penal a cargo del fiscal Raúl Humberto González Flechas, motivo por el cual sin su autorización no podían ser entregadas a ninguna persona, ni a otra autoridad.
Es más, mediante oficio 07301 del 22 de julio de 2014, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, solicitó al comandante del Departamento de Policía Cauca brindar la vigilancia adecuada mientras se adelantaban las acciones administrativas para definir el destino de la maquinaria.
En estas circunstancias, servidores públicos de la CRC el pasado 9 de diciembre hicieron una visita rutinaria al parqueadero donde habían dejado las retroexcavadoras en custodia recibiendo información de los administradores del mismo, Arcadio Gómez y Felissa Ramírez, que las máquinas ya habían sido entregadas por orden del secretario de tránsito municipal de Santander de Quilichao, Fabio Humberto Montoya Restrepo, quien no tenía ninguna autorización legal para realizar este procedimiento.
Por esta razón, la CRC procedió a interponer denuncia penal en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, anexando copia del acta de entrega suscrita por el secretario de tránsito de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao y de igual forma puso en conocimiento de estos hechos, mediante oficio 013749 del 12 de diciembre de 2014, al fiscal competente, Raúl Humberto González Flechas.
Secretario de Tránsito de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao
Consultado al respecto el servidor público Fabio Montoya, dijo a Proclama del Cauca que “desconocía que la maquinaria había sido decomisada y no podía impedir su entrega a los presuntos propietarios”.
Al ser entonces solicitado por su responsabilidad como funcionario de la Alcaldía Municipal expresó que realmente “yo creo que la situación sí debió manejarse con mayor responsabilidad…” y al requerirse sobre quiénes recibieron irregularmente las máquinas, sostuvo que “no recuerdo a quién se las entregué, esos señores no son de aquí…”.
Por otra parte, frente a las evasivas del funcionario, el periodista le informó que esas máquinas se encontraban en cadena de custodia a cargo del CTI, la Policía Nacional y la CRC, respondiendo que “a mí no me dejaron a disposición ésas máquinas por documento especial; simplemente, las decomisaron y las llevaron al parqueadero, la gente hizo sus trámites y a nosotros nos tocó entregarlas”.
A continuación, las declaraciones de Fabio Humberto Montoya Restrepo:
Director general de la CRC, Luis Albeiro Villaquirán Burbano
Indicó que en ejercicio de la cadena de custodia se realizaban visitas periódicas cada ocho días hasta cuando se percató de que las máquinas ya no estaban en el parqueadero, pero que supo que el secretario de tránsito de Santander había dispuesto la devolución basándose en una resolución expedida por la Gobernación del Cauca, que autorizaba la entrega, advirtiendo que sin embargo, ninguna autoridad podía hacerlo porque se encontraban en custodia de la Fiscalía General de la Nación y que además estaban vinculadas a un proceso administrativo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
A continuación, las declaraciones de Luis Albeiro Villaquiran Burbano:
Ricardo Cifuentes Guzmán, asesor de la Gobernación del Cauca, exsecretario de gobierno: presunta falsificación de documentos públicos.
Informó a Proclama del Cauca que el secretario de tránsito municipal de Santander de Quilichao, Fabio Humberto Montoya Restrepo, basó su gestión administrativa en una resolución de la Gobernación del Cauca que “al parecer” es una falsificación de documento público y que aquel funcionario no podía devolver las máquinas incautadas porque no es función de las autoridades administrativas municipales ni departamentales. Dijo que el Gobierno Departamental instauró denuncia penal para que se investigue si hubo algún tipo de conducta irregular por parte de funcionarios del nivel municipal y la presunta falsedad en documento público sobre la resolución que dispuso la devolución de las máquinas.
A continuación, las declaraciones de Ricardo Cifuentes Guzmán:
En resumen, se presume que la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao obró ilícitamente al disponer, sin competencia legal para hacerlo, la devolución de cuatro retroexcavadoras que se encontraban en cadena de custodia por parte del CTI de la Fiscalía, la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC y la Policía Nacional, las cuales habían sido decomisadas en el municipio de Buenos Aires por estar ejerciendo la minería ilegal en esta región del departamento.
Proclama del Cauca también investigó en la Dirección Seccional de Fiscalías qué conocimiento tenían para autorizar la entrega de las máquinas habiendo varios procesos en curso, y se informó que no habían ordenado la devolución. Por otra parte, varios ciudadanos consultados, y que requirieron la protección de su identidad, dijeron que “el dinero sucio, las coimas, la corrupción administrativa, se impusieron sobre todas las entidades del Estado involucradas en el proceso contra la minería ilegal, lo cual es una muestra que la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao con estas gestiones irregulares estimula la vigencia de la minería criminal en esta región del país”.
