Alcaldes del Pacífico Medio alertan riesgo para comunidades étnicas
- Los mandatarios de Timbiquí, López de Micay, Guapi y Buenaventura pidieron al Gobierno Nacional revisar una exigencia documental que, según advierten, podría limitar el acceso de consejos comunitarios a recursos de inversión del OCAD Paz.
Los alcaldes de Timbiquí, López de Micay, Guapi y el Distrito Especial de Buenaventura hicieron un llamado público al Gobierno Nacional, al Departamento Nacional de Planeación y a las entidades competentes para revisar una exigencia documental que podría afectar el acceso de comunidades étnicas a recursos de inversión orientados al fortalecimiento productivo, el cierre de brechas y la reparación territorial en zonas afectadas por el conflicto armado.
La alerta fue emitida mediante un comunicado a la opinión pública firmado por Kilian Cuero Ruiz, alcalde de Timbiquí; John Harold García Riascos, alcalde de López de Micay; Gil Milena Grueso Romero, alcaldesa de Guapi; y Ligia del Carmen Córdoba, alcaldesa del Distrito Especial de Buenaventura. En el documento, los mandatarios expresaron preocupación por el posible impacto que tendría esta situación sobre consejos comunitarios y comunidades víctimas del conflicto armado en el Pacífico Medio colombiano.
De acuerdo con el pronunciamiento, la inquietud se origina en un cambio de criterio del Departamento Nacional de Planeación —DNP—, a un mes del vencimiento del plazo establecido para la Tercera Convocatoria del OCAD Paz, bienio 2025–2026. Según los alcaldes, dicho cambio estaría relacionado con los requisitos exigidos a consejos comunitarios beneficiarios de proyectos que venían en proceso de verificación desde 2025 y que fueron postulados en el marco de la convocatoria.
Los mandatarios señalaron que esta modificación afecta la confianza legítima de los territorios, genera incertidumbre jurídica y reduce el margen de respuesta institucional frente a un trámite que, según el comunicado, no depende de las alcaldías ni de los consejos comunitarios. También advirtieron que la falta de un documento cuya expedición corresponde al propio Gobierno Nacional no debería convertirse en una barrera para que comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado accedan a recursos de inversión destinados a su desarrollo.
En ese sentido, los alcaldes solicitaron revisar el alcance de las exigencias y garantizar que procedimientos ajenos a las entidades territoriales no terminen limitando el acceso de las comunidades a recursos orientados al fortalecimiento económico, social y productivo.
El llamado se produce en un contexto territorial sensible para el Pacífico caucano y vallecaucano, donde los consejos comunitarios cumplen un papel central en la organización social, la defensa del territorio, la gestión de proyectos colectivos y la interlocución con el Estado. Para los mandatarios firmantes, las decisiones administrativas relacionadas con convocatorias de inversión deben ofrecer seguridad jurídica, coherencia institucional y respeto por las realidades de las comunidades étnicas.
Finalmente, los alcaldes reiteraron su disposición para participar en los espacios técnicos que sean necesarios, aclarar el alcance de los soportes presentados y contribuir a que el proceso avance sin afectar a las comunidades del Pacífico Medio colombiano.
