Ahora acusan al Alcalde de Santander de Quilichao de impedir la ejecución del Gasoducto

Mientras el Alcalde Municipal de Santander de Quilichao, Juan José Fernández Mera, cumplía gestiones propias de su Despacho para controlar eventuales consecuencias perjudiciales que se pudieran derivar de las protestas ciudadanas suscitadas por la decisión del Consejo de Estado de autorizar a Progasur S.A. E.S.P. la instalación del gasoducto transversal al casco urbano del municipio, en una determinación que ha sido calificada como insólita, el viernes 6 de mayo del 2011, el representante legal de esta empresa, Jorge William Triana Romero, decidió solicitar al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, que se abra una investigación contra el funcionario al considerar que también impide “nuevamente la debida ejecución de un proyecto orientado a ofrecer el servicio público a decenas de miles de familias”.

Como lo informó oportunamente este medio de comunicación, la decisión del Consejo de Estado de autorizar la instalación del gasoducto por el sector oriental del casco urbano de Santander de Quilichao, motivó a los demandantes para iniciar una serie de protestas públicas y notificar que adelantarán las acciones legales en contra del Alcalde Fernández Mera (foto) por abuso de autoridad, peculado, prevaricato, falsedad ideológica, otorgamiento de licencia sin estudios técnicos y exoneración del impuesto de rotura, entre otras imputaciones.

En estas circunstancias, y por el otro lado, la empresa Progasur S.A. E.S.P. ahora decide, del mismo modo, acusar al Alcalde argumentando que “aun a sabiendas de la firmeza de los actos administrativos y de la decisión del máximo órgano de lo Contencioso Administrativo, se abstuvo de controlar los desmanes y de garantizar la vida, la integridad física, la honra y el derecho al trabajo de quienes en forma pacífica estaban presentes por parte de la compañía para cumplir su deber, en cumplimiento, reiteramos, del convenio suscrito con la Nación”. Triana Romero igualmente infiere que “Con dicha conducta omisiva por parte del Señor Alcalde, se causaron adicionalmente perjuicios económicos al Estado y a la compañía que represento”.

La queja interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación también involucra al Concejal Néstor Pardo por haber conminado al señor Alcalde para que revocara “de manera unilateral e ilegal, los permisos otorgados válidamente a Progasur S.A. E.S.P. para realizar las obras en el Municipio, hecho que de materializarse no solo implicaría la violación de los derechos fundamentales de la compañía, entre otros el debido proceso, sino que podría además constituir un fraude a resolución judicial”. También se implica en la demanda al Personero del Municipio, Álvaro Mendoza, “por su conducta omisiva frente al deber de acatar la decisión del Consejo de Estado”.

En estas condiciones el señor Alcalde Fernández Mera dijo que “a mí no me queda ninguna alternativa diferente a acoger las decisiones judiciales y sobre la posibilidad de revocar la autorización inicial al trazado del gasoducto, he dado la oportunidad a la comunidad para que se presente la propuesta que debe tener un sustento acorde con la juridicidad y el debido proceso, pero hasta ahora no se ha hecho”.

Adicionalmente se supo que Juan José Fernández informó detalladamente a la Gobernación del Cauca sobre esta situación y sobre la solicitud que presentó al Ministerio de Minas y Energía para que estudiara la posibilidad de refinanciar el proyecto para que se modificara el trazo aprobado y se construyera por la variante Santander de Quilichao – Popayán, hecho al cual respondió que la única opción era que el operador adelantara ante la Comisión Reguladora de Energía y Gas el ajuste tarifario para que por esta vía se cubrieran los costos concernientes a la modificación solicitada, gestión que no adelantó Progasur S.A. E.S.P. Por estos incidentes, solicitó con carácter urgente al señor Gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, su intervención con el fin de encontrar una solución justa para las partes.

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