AGROENCUENTRO DE EMPRESARIOS DEPRIMIDOS
El primer Agroencuentro en Popayán rebasó las expectativas; fue un escenario ferial donde en rueda de negocios con innovadora agenda académica, se exhibieron gran variedad de productos del campo caucano. El acontecimiento contó con la presencia y auspicio del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia, exaltando el emprendimiento e incentivando canales de comercialización, asistencia técnica, financiamiento y capacitación, para transformar nuestros pequeños productores en prósperos agro-empresarios.
Bien por el evento, pero es necesario recordarle al gobierno nacional que para que estos encuentros tengan verdadero impacto, deben articularse con proyectos de región integradores e incluyentes, con una política agraria que resuelva la tensa problemática sobre la tenencia de la tierra, el derecho a la propiedad, a la libre empresa, tendientes a resolver las discrepancias entre indígenas, afrodescendientes, campesinos y a fomentar la inversión privada.
¿Será que se justifica la inversión multimillonaria de recursos en estos menesteres por parte de la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial y la Corporación Colombia Internacional (CCI), ejecutoras de un contrato para acompañar a las organizaciones de base e integrarlas a la política pública del Ministerio de Agricultura, impulsando su participación?
Lo que hace el gobierno con la mano, lo borra con el codo, al desamparar a los empresarios del agro caucano, respecto al ejercicio de sus derechos legales y constitucionales, pues compromete la seguridad jurídica de sus inversiones al estar sus tierras expuestas a invasiones, por causa de la permanente y desmedida ampliación de los resguardos.
Es preponderante el poder político y social de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, al lograr que el gobierno honre lo pactado durante la Minga Social, Indígena y Popular, donde el presidente Santos para evitar el taponamiento de la Panamericana, en plenas elecciones y conseguir el apoyo electoral de las comunidades en su campaña reeleccionista, se comprometiera a suscribir los decretos autonómicos, en especial el Decreto N° 2333 de 2014, donde se fijan los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y tradicionalmente por los Pueblos Indígenas, sin advertir que en muchos de esos lugares, hay comunidades campesinas asentadas, lo que podría agudizar y provocar sangrienta confrontaciones inter-étnicas, en la aberrante disputa por las tierras productivas, como ocurre en Coconuco, Totoró, Caloto, Inzá y Belalcázar.
Las ventajas normativas de las comunidades indígenas, frente a los derechos de las organizaciones campesinas y afrodescendientes, agudizarán conflictos como el del páramo de Guanacas, en el oriente caucano, acrecentando agresiones, desplazamientos y muchas muertes. Las comunidades campesinas de la Mesa Agraria del Cauca, estiman que el pueblo Nasa no tiene territorios ancestrales en ese lugar; según referentes históricos, los Nasas no son originarios de Guanaca, pues lo era el pueblo agustiniano que desapareció alrededor del año 1250, derivando sus posesiones en los descendientes campesinos que hoy pueblan esa región.
También agudiza el conflicto la autonomía de las Entidades Territoriales Indígenas en la dirección de los recursos de la salud, educación, justicia, agua potable y saneamiento básico; cuando se hace de manera discriminatoria y excluyente contra campesinos y afrodescendientes, que sufren además los desmanes de los actores armados y el apremio social del desempleo y la pobreza.
¿Será que al gobierno Nacional en su afán de congraciarse con los actores sociales que acuden a las vías de hecho para lograr su reivindicaciones sociales, desprecia a los empresarios del agro que sufren los equívocos de las discriminaciones étnicas, con sus epopeyas y tragedias: invasiones, hurtos, atentados, crímenes y desplazamientos?
Tengo la certeza que, además de Agroencuentros, los empresarios del campo caucano, necesitan de la protección del Estado y la decidida intervención de las autoridades judiciales y de Policía, quienes actúan con desmedida laxitud, contemplación y pasividad, cuando se trata de defenderlos de los agravios vandálicos propinados por actores ocultos que pisotean sus derechos al trabajo y a la libre empresa, cercenando el privilegio de vivir bajo el amparo de un Estado Social de Derecho instaurado para garantizar la equidad, el orden, la justicia y la igualdad ante la ley sin distingos de raza, credo, género o ideología política.
