Pensar ciudades democráticas
En el terreno de las utopías se pueden concebir las ciudades verdaderamente democráticas. Sin embargo, desde los griegos en la antigüedad, individuo y ciudad están relacionados de manera inexorable. La ciudad es el escenario donde los habitantes y ciudadanos realizan su historia. Adoptan y reproducen costumbres, valores, sentimientos individuales y colectivos, imaginarios que permiten o no aproximarse a la realización de los proyectos de vida.
La formación de auténticos ciudadanos debe proceder del Estado y de ahí extenderse a la familia, la escuela en todos los niveles, los diferentes espacios en los que las personas comparten los procesos de socialización. Las prácticas democráticas deben caracterizar tanto a gobernantes como a gobernados. Partir de quienes desempeñan los cargos más importantes en la administración pública y privada, hasta las personas de oficios considerados humildes. Habitantes y ciudadanos comprometidos siempre en hacer más gratificante la vida urbana.
La ciudadanía debe convertirse en asunto de conciencia social. Pero eso sí, los más llamados al buen ejemplo, a la coherencia y a convertirse en paradigmas, son aquellas personas que de alguna o de múltiples maneras detentan poder. La gente siempre espera resultados y buenos ejemplos de quienes asumen roles de liderazgo en las comunidades.
Visiones corruptas, negligentes y autoritarias de una sociedad no garantizan ciudades democráticas. Noticias y evidencias que muestran cómo se esfuman los recursos públicos en beneficio de unas minorías privilegiadas y en perjuicio de mayorías necesitadas, desencanta a la población que ve con rabia, preocupación, pesimismo e impotencia cómo se malbaratan los recursos que debieran ser públicos, mientras la calidad de vida de los pueblos involuciona en forma acelerada y despiadada.
Lo mismo sucede con los privilegios de que disfrutan unos pocos en perjuicio de las mayorías. Los despilfarros y robos de los recursos públicos se contraponen a una ética de pago oportuno de impuestos. Los sueldos extravagantes que devengan algunos funcionarios ‘públicos’ contrastan con las condiciones de pobreza y miseria que carcomen una población con escasez de canales de inclusión socioeconómica y con los más esenciales derechos suspendidos o denegados. Las alzas al salario mínimo aumentan las desproporciones que invalidan la equidad.
Los ciudadanos se miden en el libre ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y en la concreción de indicadores que a simple vista se demuestre que los asociados mejoren su cantidad y calidad de vida. Sin lo mínimo vital que garantice unas condiciones de dignidad la gente se desespera, se trastorna y se aniquila. Hay que evitarles el suicidio a los desesperados por los avatares de la vida. Muchas de las angustias de la existencia cotidiana proceden de la falta de oportunidades laborales que les impide a las personas respirar con relativa tranquilidad en un país donde el trabajo es un privilegio, o en su defecto, con un sistema contractual, que niega la estabilidad laboral con un régimen prestacional que obstaculiza el derecho al futuro de las familias. Hay mucho suicido en las urbes modernas, casi todos debido a la desesperación económica.
Ciudades democráticas se logran con la materialización del derecho a la propiedad en términos de John Locke, considerado el padre del liberalismo clásico, que no circunscribe este derecho a la sola posesión de bienes materiales, sino que le agrega otros derechos como son el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Los cuatro derechos confundidos y fundidos en uno solo. Donde falte uno pierden sentido los demás derechos. Pensamos que el derecho a la vida presupone los demás derechos. Sin libertad, sin igualdad y sin propiedad que garantice la dignidad de la gente, la vida queda en nada. No vale nada. Sin políticas públicas de empleo no puede ser garante el derecho de propiedad.
Las administraciones locales deben procurarles a las comunidades unas condiciones socioeconómicas acordes a las reales aspiraciones de éstas. De lo contrario los gobernantes se deslegitiman en la medida en que los ciudadanos ven cerrados los caminos de inclusión política y social. Ser ciudadano no es simplemente ejercer el voto; además, debe ser tenido en cuenta en el ejercicio y en los beneficios del poder. Muchos mandatarios locales, equivocadamente piensan que de lo que se trata es de ganar las elecciones y les importa un comino el bienestar de las personas. Después de asumir el cargo, se dedican a hacer lo mismo de sus antecesores. Por eso muchas localidades son estáticas, alejadas del progreso, de la cultura ciudadana y del compromiso colectivo. Reiteramos que no se trata de preparase para ganar las elecciones sino de gobernar, que es lo mismo que cohesionar un pueblo en objetivos comunes. No entender el ejercicio poder como la manía de dar contentillo a los directorios políticos sino en responder con prontitud y acierto las múltiples demandas sociales. Es necesario untar de pueblo la administración pública.
