Dos modelos de desarrollo minero-energético en las Bases del PND

Es exótica la forma en que está planteado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018: Todos por un nuevo país (en sus bases). Por un lado, el plan alude a un país que pocos colombianos conocemos: un desarrollo minero-energético en armonía con el medio ambiente, unas importantes inversiones sociales producto de las regalías que pagan las transnacionales mineras, el plan literalmente dice que “en el caso específico de las regalías éstas pasaron del orden de los $21,1 billones en el periodo 2006-2009 a $37 billones en el período 2010-2013, con un crecimiento del 75,4 % en el último cuatrienio”. Todo lo cual sería espléndido si este progreso coincidiera con el avance de las condiciones de vida de, al menos, los colombianos cercanos a las poblaciones donde se adelantan las actividades que generan estos ingresos.

Por sacar colación muchos han sido tildados de ambientalistas arrinconados y/o ecocentristas mamertos, pero son las mismas organizaciones neoliberales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las que han advertido que el desarrollo en Colombia es ambientalmente insostenible. La verdad sea dicha: ¡el plan lo reconoce!

El plan, pues, por un lado se niega a esto, espeta incluso que “para el Gobierno Nacional es importante que el desarrollo del sector de hidrocarburos se siga dando en armonía con el desarrollo social y con el medio ambiente” (sin subrayado).

¿Se siga dando en armonía con el desarrollo social y el medio ambiente? ¡Otro país! Los estudios adelantados por la Contraloría General de la República demostraron pormenorizadamente que las ganancias que le deja al Estado la minería resultan pírricas si se considera que en las comunidades aledañas a las explotaciones las condiciones de vida no mejoran, por el contrario, se caracterizan por sus índices de atraso en contraste con otras regiones[1]. (¿Será que se equivocaron los investigadores?). Otros estudios lo reafirman, incluso hace poco Salomón Kalmanovitz escribió una columna en la que dejaba serios cuestionamientos sobre la forma en que se están repartiendo la mermelada de las regalías; las regalías sirven para todo, menos para las inversiones sociales, concluía.

Pero es un plan exótico, reitero, porque en el mismo fragmento –esto es “Desarrollo minero- energético” (Pág. 166)– hay unas consideraciones sumamente valiosas. Una de ellas es el catastro y registro minero que el país necesitaba mucho antes de implementarse el boom, con esto se permitiría establecer  qué zonas se excluyen de las actividades mineras y se deja claridad en relación a las condiciones de los territorios en términos de viabilidad de actividades de extracción. Otro punto importante es la ayuda que piensa brindar el Gobierno Nacional a la pequeña y mediana minería, ayuda que se traduce en “asistencia técnica en aspectos mineros y ambientales, fiscalización constante y diferenciada y facilidad para el acceso a servicios bancarios”. Por otro lado, el diálogo social en interés de crear sensibilización en torno a los perjuicios ocasiones por la minería de facto, es imperativo y necesario.

Fundamental se hace también lo relacionado al aumento del conocimiento geológico del país pensando en la obtención de información que permita la autosuficiencia energética. Muchos analistas, entre ellos Manuel Rodríguez Becerra, coinciden en que para la explotación de minerales hace falta escudriñar las complejidades del territorio nacional.

Más adelante de este apartado, hay uno que se llama Crecimiento Verde, en este hay estrategias muy importantes y que ponen el mismo plan en franca contradicción, por ejemplo, en este se aseveran cosas como “la degradación de los ecosistemas y los impactos ambientales de algunas actividades económicas han creado condiciones para la creación de conflictos socio-ambientales” (Pág. 440); “el crecimiento económico del país no necesariamente conduce a reducir su vulnerabilidad frente a los desastre, es claro que las actividades desarrolladas en el territorio por parte de algunos sectores pueden crear nuevas formas de vulnerabilidad o potenciar las ya existentes” (Pág. 470). No dice cuáles sectores, pero se presuponen.

Este punto está atestado de buenas y necesarias estrategias; claro que el país necesita que su desarrollo sea sostenible, que haya medidas para combatir el cambio climático, que haya menos vulnerabilidad frente a los riesgos de los desastres. Pero piensa uno en las licencias ambientales exprés, que también están en las bases del plan, en las maniobras para que el gobierno central ejerza mayor control sobre gobiernos locales. Y entonces: ¿a cuál plan creerle?

Lo cierto es que todavía no se ha ganado nada, falta la discusión en el Congreso y lo más difícil: que se ponga en práctica lo que dice la ley. El plan no recoge nada nuevo si consideramos que es la Carta Política la que establece que el desarrollo debe ser sostenible y que los colombianos tenemos derecho a un medio ambiente sano.

[1] “Minería en Colombia: institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos”- Contraloría General de la República.