Justicia, Paz, Reforma Tributaria

En el caso de funcionarios del Poder Judicial, Fiscalía y el Inpec, que por casi dos meses sostienen un prolongado paro para mejorar sus condiciones económicas y laborales, se hizo evidente la inoperancia de una de las tres ramas del Estado, afectada también por repetidos escándalos de corrupción, tráfico de influencias y puertas giratorias, denunciados meses atrás en magistrados de las altas cortes, llegándose al extremo que tuvieron que acabar con el Consejo Superior de la Judicatura.

Sin duda que una de las tareas urgentes que deberán asumir el presidente Santos y las bancadas parlamentarias a partir de 2015, será la de liderar una efectiva reforma judicial, sin tantas leyes, que no se cumplen y de incisos que sirven a los rábulas del Derecho para enredarla y garantizar la impunidad de sus defendidos y con mayor razón, cuando son ricos empresarios o administradores públicos corruptos, como en casos de los de pirámide estrato 10 de Interbolsa, o en el billonario atraco a Bogotá agenciado por los hermanitos Moreno Rojas y su bandola, que por argucias legales de sus bien pagos abogados, dilatan los juicios buscando la prescripción de los términos.

Una Justicia efectiva y no tan paquidérmica, donde los funcionarios pasando desde los magistrados hasta los auxiliares de juzgados, investigadores de la Fiscalía y miembros del Inpec, no se vendan, y que sea de fácil implementación es la que necesita este país y más cuando se habla de posconflicto y búsqueda de que la ley no sea aplicada sumariamente por los sicarios, tal como se estila hoy.

Si queremos construir un país equitativo y justo después de la desmovilización de las guerrillas, el servicio público de la Justicia hay que construirlo.

En el caso del proceso de Paz, un misterioso suceso, que más pareció provocación, atravesándole una cascara de banano para que se resbalara; antes por el contrario… sirvió para fortalecerlo, pues a pesar de la reacción airada de la mayoría de grupos políticos del país, contra la retención del general Alzate y sus acompañantes, que se les entregaron en bandeja a las Farc, y con mayor vehemencia de los ultraderechistas encabezados por el bien informado expresidente Uribe, y a pesar que el presidente Santos suspendió temporalmente negociaciones en Cuba, estas se reanudaron pues las Farc, al soltarlos prontamente, se demostraron dispuestos a continuar negociaciones en medio de la guerra, tal como acordaron desde el principio.

Acabarían de convencernos a la mayoría de colombianos que el proceso es irreversible, gestos para desescalar el conflicto como una tregua bilateral de paz, en diciembre e inicio de año nuevo, el cese a reclutar menores, instalar minas y secuestrar por parte de las Farc. Además, imprimirle mayor velocidad a negociaciones y acuerdos, tal como lo sugirió el Secretario de Estado del gobierno norteamericano, Kerry, en reciente visita a Bogotá.

En el caso de la Reforma Tributaria, es fundamental para financiar numerosos proyectos de obras públicas y socioeconómicos que requiere el país en busca de la modernización y logro de la equidad en el desigual país del posconflicto, con una de las mayores concentraciones de riqueza en el mundo y con mayor razón, cuando se han desplomado los precios del petróleo, carbón y níquel, vitales para los ingresos del gobierno.

Programas como restitución de tierras a los desplazados, asignación a los que carecen de ella, garantías de sistemas de riego, financiación de cultivos y su comercialización, vías, etc., son los que deberá emprender el gobierno en el abandonado campo colombiano, sin olvidar los que hay pendientes en educación y salud.

Para su financiación hay que reordenar el remendado régimen tributario actual, en el que en sucesivos gobiernos, desde Gaviria en 1990, a las grandes multinacionales mineras y poderosos empresarios, con el cuento de que se los va a jalonar a que instalen nuevas fabricas y van a crear nuevos empleos, les han disminuido progresivamente los impuestos, a través de pequeñas reformas implementadas en los sucesivos gobiernos, hasta convertir al régimen tributario en una colcha de retazos, inclinándose a llenar vacios de recursos, generados por exenciones de impuestos a las zonas francas y otras por el estilo, con más IVA, para los colombianos de menores ingresos.

Un claro ejemplo sucedió con Uribe al eliminar horas extras y cesantías para los trabajadores, que ahora son vinculados por contratos a término fijo, sin garantías de estabilidad laboral, ni de salud y pensión, y además de sus depauperados salarios, deben asumirlos; mientras disminuyeron impuestos a las multinacionales mineras del carbón, níquel y petróleo y a grandes grupos industriales del país.

Tampoco se trata de ahogarlos con desmesuradas cargas tributarias, pero al igual que en la Justicia, el sistema impositivo del país, requiere de una reforma con pocas normas, pero de fácil aplicación.