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Viernes, 20 de noviembre de 2026

La epidemia de diplomas falsos llegó al poder

Editorial político | Proclama del Pacífico | 20 de noviembre de 2026 Por David Luna. En Colombia parece que para algunos políticos resulta más fácil conseguir un diploma que sentarse en un salón de clases. Mientras miles de jóvenes se...

Editorial político | Proclama del Pacífico | 20 de noviembre de 2026

Por David Luna.

En Colombia parece que para algunos políticos resulta más fácil conseguir un diploma que sentarse en un salón de clases. Mientras miles de jóvenes se endeudan para pagar una carrera universitaria, trabajan de día y estudian de noche, hay personajes que han llegado a las oficinas del poder con títulos inexistentes, credenciales exageradas o grados obtenidos mediante procedimientos que terminaron bajo investigación judicial.

El problema tiene nombres, apellidos, partidos políticos, contratos públicos y decisiones de los organismos de control. No pertenece exclusivamente a la izquierda, a la derecha ni al centro. Ha aparecido en gobiernos nacionales, alcaldías y en el propio Congreso de la República.

Algunos protagonistas han sido sancionados. Otros reconocieron responsabilidades ante la justicia. También existen investigaciones abiertas y controversias académicas que terminaron archivadas. Esa distinción es indispensable. La indignación no autoriza a condenar sin pruebas, pero tampoco puede convertirse la presunción de inocencia en una excusa para guardar silencio ante documentos desmentidos por las universidades.

El escándalo más reciente involucra a Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico. La Universidad Nacional de Colombia confirmó que no aparece como egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia de su sede Medellín y que el registro del diploma presentado para verificación no fue expedido por la institución.

Las revelaciones adquirieron mayor gravedad cuando se conocieron inconsistencias relacionadas con su diploma de bachillerato y su tarjeta profesional. La congresista también había celebrado en 2025 un contrato de prestación de servicios profesionales con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por 78 millones de pesos, para el cual se exigía acreditar formación profesional.

El 19 de noviembre de 2026, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria. También se presentaron denuncias ante otras autoridades para establecer eventuales responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales. El Pacto Histórico anunció que remitiría el caso a sus instancias éticas.

¿En qué momento se verificaron sus documentos? ¿Quién certificó que cumplía los requisitos para contratar con la DIAN? ¿Cómo llegó al Congreso una persona cuyo supuesto título profesional es desconocido por la universidad que figura como expedidora?

El caso recuerda lo sucedido con Juliana Guerrero Jiménez, exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, vinculada a esa administración sin militancia partidista confirmada. Su postulación al Viceministerio de Juventudes quedó frustrada tras las revelaciones sobre títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José. En septiembre de 2026 se conoció su aceptación de responsabilidad por fraude procesal en un preacuerdo con la Fiscalía.

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, denunció presuntas irregularidades académicas relacionadas con 24 funcionarios y contratistas vinculados a entidades del Gobierno Petro. Esas denuncias reclaman investigaciones individuales y respuestas de las oficinas que verificaron los documentos.

La historia tiene otro capítulo en Julián Bedoya Pulgarín, exsenador del Partido Liberal. Su título de abogado de la Universidad de Medellín quedó rodeado de irregularidades académicas. En enero de 2024, la Procuraduría anunció una sanción de primera instancia de diez meses de suspensión e inhabilidad especial. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente su diploma y acta de grado.

¿Puede un dirigente político recibir facilidades académicas que jamás conseguiría un estudiante sin influencias? La corrupción de las credenciales puede involucrar también alteraciones de procedimientos y privilegios para obtener un grado.

Otro nombre es Pierino Loren Moscote Hernández, exalcalde de Tenerife, Magdalena, vinculado al Partido Liberal. En julio de 2016, la Procuraduría confirmó su destitución e inhabilidad por doce años por presentar un diploma falsificado de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma del Caribe.

También figura Pedro Muvdi Arangüena, exrepresentante a la Cámara por Cesar, del Partido Liberal, llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia en 2007 ante cuestionamientos por documentos que lo acreditaban como arquitecto.

El Centro Democrático tampoco ha estado al margen de las controversias académicas. Jennifer Arias Falla, expresidente de la Cámara de Representantes por ese partido, enfrentó cuestionamientos sobre su maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado. En mayo de 2023, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los actos que le otorgaron el título, dentro de un proceso sobre presuntas irregularidades académicas.

A la lista de controversias públicas se suman Iván Duque Márquez, expresidente del Centro Democrático, cuestionado por la manera en que se presentaron cursos realizados en Harvard; Daniel Palacios Martínez, exministro del Interior del Gobierno Duque y vinculado a esa colectividad, por descripciones de sus estudios de posgrado; y Enrique Peñalosa Londoño, exalcalde de Bogotá, vinculado históricamente al Partido Verde y a movimientos propios, por la presentación de estudios realizados en Francia. La Procuraduría archivó la investigación sobre las credenciales de Peñalosa.

También hubo cuestionamientos sobre información académica atribuida al expresidente Gustavo Petro Urrego, dirigente de Colombia Humana y del Pacto Histórico, cuyo expediente disciplinario relacionado con sus credenciales fue archivado.

Carlos Alberto Maya López, exalcalde de Pereira del Partido Liberal; Álvaro Leyva Durán, excanciller de trayectoria histórica conservadora; Esteban Zabala Ramírez, exviceministro de Cultura del Gobierno Petro; Jonathan Malagón González, exministro de Vivienda del Gobierno Duque, y Miguel Alejandro Calderón, exdirectivo de Empresas Públicas de Medellín, también han figurado en controversias periodísticas por la presentación de credenciales académicas o trabajos de grado.

Sus situaciones no son equivalentes y no se ha comprobado en esta revisión una sanción por falsificación para cada uno.

Los cuestionamientos no terminaron con el Gobierno Petro. Paola Andrea Holguín Moreno, dirigente del Centro Democrático y ministra de Cultura en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, fue cuestionada por presentaciones públicas que le atribuían maestrías sin acreditar el grado. La Universidad Pontificia Bolivariana indicó que había cursado estudios, pero no había acta de graduación.

Omar Bula Escobar, canciller del mismo gobierno, fue objeto de una investigación periodística de CasaMacondo sobre inconsistencias entre su hoja de vida y los soportes académicos. Su militancia partidista no quedó acreditada. También surgieron cuestionamientos sobre estudios de posgrado atribuidos a Ana María Vesga, vinculada al mismo gobierno, que requieren contraste documental.

La situación resulta políticamente incómoda para todos. Cuando gobierna un adversario, abundan las exigencias de renuncia y los discursos sobre la moralidad pública. Cuando el señalado pertenece al propio sector, aparecen las explicaciones y los llamados a esperar. Pero la verdad de un diploma no depende de quién gobierne.

Lo que está en discusión es la credibilidad del Estado. La Fiscalía debe investigar posibles delitos; la Procuraduría, faltas disciplinarias; y la Contraloría, eventuales daños al patrimonio público. Las universidades y los consejos profesionales deben verificar documentos y denunciar su uso indebido.

¿Quién revisa los antecedentes de los candidatos? ¿Quién comprueba sus estudios? ¿Qué ocurre con los avales cuando se descubre una falsificación? ¿Por qué los controles parecen llegar después del escándalo?

Desde el Cauca y el Pacífico colombiano, donde tantos jóvenes deben abandonar sus territorios para estudiar y muchas familias hacen sacrificios para financiar una carrera, estas conductas merecen un rechazo inequívoco.

Nadie está obligado a ser universitario para tener dignidad o vocación de servicio. La Constitución ni siquiera exige un título profesional para ser congresista. Pero quien afirma haber obtenido un grado académico debe demostrarlo. Y quien utiliza documentos falsificados para acceder a contratos o empleos públicos debe responder cuando así lo establezcan las autoridades.

La pregunta es tan sencilla como incómoda: si alguien es capaz de mentir sobre lo que estudió, ¿por qué habríamos de creerle sin pruebas cuando promete administrar los recursos de todos?

Colombia merece dirigentes que no necesiten inventarse diplomas para parecer preparados. Y merece instituciones que investiguen y sancionen las irregularidades comprobadas, sin importar el partido del responsable.

Nota final: Desde Proclama del Pacífico investigaremos la formación académica, los antecedentes, las sanciones y hasta las multas de tránsito de nuestros dirigentes políticos del Cauca, Valle, Nariño y Chocó. Quienes ejercen el poder también deben dar ejemplo y cumplir las normas que exigen a los ciudadanos. Espere próximamente este especial periodístico.

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Redacción Proclama del Pacífico

Periodismo verificado desde Santander de Quilichao, Cauca.

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