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Jueves, 19 de noviembre de 2026

Unidades Investigativas de prensa tradicional colombiana bajo sospecha

El columnista Omar Orlando Tovar Troches examina los métodos de obtención de información en el periodismo investigativo colombiano, a partir de una referencia judicial que plantea preguntas sobre las fuentes y su manejo....
Periodista revisando documentos en una sala de redaccion durante una investigacion periodistica
Imagen por: https://chatgpt.com/
Omar Orlando Tovar

¿Las unidades investigativas de Noticias Caracol y Revista Semana se han cuestionado alguna vez sobre los métodos de obtención de la información alrededor de las cuales montan sus espectáculos mediáticos?

A pesar de lo difícil que es soportar la estulticia y las naderías de muchos de los miembros de algunas redes sociales como X, la obligación (autoimpuesta) de navegar, con excesivo prejuicio, por estos andurriales, de vez en cuando, brinda una que otra información que vale la pena sopesar y hasta investigar. Tal es el caso de la publicación del perfil del famoso @hackerFiscalía, en la que se denuncia la vinculación del prestigioso periodista Ricardo Calderón (Semana – Caracol Noticias) con escabrosos y hasta delictivos métodos de investigación periodística[1].

No voy a negar que la lectura del documento judicial señalado en esta publicación me dejó con una sensación de inquietud que todavía no se me quita. El asunto es que, en ese expediente, aparece mencionado el periodista Ricardo Calderón, hoy integrante de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y antes empleado de Revista Semana, en un contexto en el que, según lo que se desprende de esas páginas, un patrullero de la Policía confesó ante autoridad competente que le vendió información de inteligencia sensible y protegida por ley a Calderón cuando el periodista trabajaba en Semana. Por esos hechos, el patrullero en mención fue investigado, imputado y terminó tras las rejas por cohecho.

Uno lee eso y se queda pensando… ¿En qué momento comprar información robada se volvió periodismo? Porque una cosa es recibir, de manera pasiva, un dato que alguien filtró por convicción, y otra muy distinta es sentarse a negociar con un funcionario corrupto para que le entregue material que la ley protege. Fue en este punto en el que me di a la tarea de realizar una lectura de la jurisprudencia comparada relativa a este tipo de casos, precisamente esa que tanto citan los abogados y prestigiosos periodistas de los medios corporativos, en la que se analizan, a detalle, casos en los que se hace la distinción entre el receptor pasivo y el que participa, paga o instiga la obtención ilegal.

De antemano, presento al paciente lector o lectora de estas líneas lo farragoso del siguiente aparte de estas reflexiones, incluido para dar un claro contexto de la gravedad de lo denunciado.

Resulta que, en casos similares, como, por ejemplo, Bartnicki vs. Vopper (2001), la Corte Suprema de Estados Unidos protegió al periodista que difundió una grabación interceptada por un tercero, pero siempre que no hubiera participado en la interceptación. Así mismo, para Branzburg vs. Hayes (1972), la misma Corte dejó claro que los periodistas no tienen inmunidad absoluta frente a leyes de aplicación general. Y, en casos como los de News of the World en el Reino Unido, o el de The Cincinnati Enquirer con Chiquita Brands, quedó demostrado que, cuando el medio paga o participa activamente en la intrusión, el privilegio periodístico se derrumba y llegan las consecuencias penales.

Entonces, cuando veo que un periodista como Calderón, tan publicitado como el señalador de la corrupción y el delito, con años de experiencia en medios corporativos de primer nivel como Caracol y Semana, aparece señalado como comprador de información de inteligencia policial, no puedo evitar preguntarme qué tan profunda es esa práctica en las llamadas unidades investigativas de la prensa tradicional colombiana. ¿Será que esto es un caso aislado o será que se ha vuelto la costumbre? ¿Será que las salas de redacción se convirtieron en oficinas de compra de datos sustraídos, con la excusa del «interés público»?

Y aquí viene la duda que más me inquieta y que, necesariamente, siembra la desconfianza del trabajo investigativo de la llamada Gran Prensa Colombiana. Si un medio compra información a un policía corrupto, ¿quién garantiza que esa información no viene o va a ser manipulada, editada o seleccionada para favorecer o atacar a alguien? ¿Quién nos asegura que el periodista no se convirtió en un instrumento de los intereses de quien le vendió el dato? O si, por el contrario, es él, ella o el medio para el que trabaja los interesados en este tipo de informantes de dudosa credibilidad, con tal de tener una “chiva” que venda o de clics. La historia del periodismo está llena de casos en los que la frontera entre investigar y ser utilizado se difumina peligrosamente. Y, en un país como Colombia, donde la polarización política es el pan de cada día, esa frontera se vuelve todavía más borrosa.

Me pregunto, por ejemplo, si las unidades investigativas de Noticias Caracol y Revista Semana se han cuestionado alguna vez sobre los métodos de obtención de la información alrededor de las cuales montan sus espectáculos mediáticos. Si han establecido protocolos claros para distinguir entre el denunciante de buena fe y el vendedor de información que lucra con la intrusión. Porque, cuando el medio paga, se convierte en parte de esa cadena de mercantilización de la intimidad y de la información reservada.

Lo que más me duele es la sensación de que este tipo de prácticas se han naturalizado en Colombia. Como si comprar información a un policía, a un investigador del CTI, un fiscal, un juez o un magistrado corrupto fuera una travesura menor, un «pecado de periodismo» que todos aceptan en voz baja. A estas alturas, es muy fácil empezar a creer que las unidades investigativas de los grandes medios se convirtieron en las puntas de lanza de la derecha para librar combate contra la izquierda, contra las organizaciones sociales, contra cualquiera que no cohoneste con sus posiciones. Y, mientras tanto, los principios éticos de la comunicación social, esos que se enseñan en las facultades y se juran en los códigos de autorregulación, quedan guardados en un cajón.

Tristemente (para el ejercicio periodístico decente), los cuestionamientos están ahí y deberían preocupar no solo a los directamente implicados, sino a toda la profesión. Porque la credibilidad del periodismo de investigación no se sostiene con inmunidades estamentales ni con pactos de silencio: se sostiene con rigor ético y con transparencia metodológica.

Y a los medios que presumen de investigar al poder: ¿se han investigado a sí mismos? Porque de nada sirve señalar con el dedo las supuestas corruptelas ajenas si en casa se toleran las propias o si se usa el ejercicio profesional para sembrar cortinas de humo que cubran las bellaquerías del jefe político de turno. La coherencia en periodismo no es un adorno; es la condición mínima para poder mirar a los demás a los ojos.

 – [email protected]

Otras publicaciones de Omar O. Tovar T. en Proclama del Pacífico:Omar Orlando Tobar Tróchez

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Redacción Proclama del Pacífico

Periodismo verificado desde Santander de Quilichao, Cauca.

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