Mientras prensa gremial insiste con el circo de la vida íntima del expresidente, ultraderecha laureanista aprueba en el Congreso lo que parece el pago de favores a oscuros financiadores de la derecha
A pesar de lo difícil que resulta apartarse del ruido mediático presente en la opinión pública, dirigido a distraernos de lo realmente importante, este humilde servidor aspira a no caer en la trampa del amarillismo de la prensa gremial colombiana ni el de las granjas de bots, comentando el bochinche y la cizaña que ellos y ellas usan como arma política. Sin embargo, tampoco voy a hacerle el juego a quienes creen que el escándalo en torno a la vida íntima del expresidente Petro, vuelto una especie de novela mexicana porno, es algo diferente a un muy burdo montaje de falacias y manipulación.
En primer lugar, resulta demasiado evidente que este circo mediático no es un accidente; por el contrario, es una acción premeditada, a manera de una cortina de humo, diseñada para entretener a una masa poblacional con poca capacidad de fijar su atención y un preocupante déficit de análisis crítico[1]. ¿Para qué? Para tapar dos realidades que deberían indignarnos mucho más.
Una de las realidades que no necesita de una rigurosa comprobación científica es la incapacidad manifiesta de un presidente ilegítimo que no posee la altura cognitiva ni moral para la administración de lo público, tal como lo demuestran todas sus actuaciones[2], y cuyo comportamiento, así como el de casi todo su equipo de gobierno, muestra demasiados interrogantes y serios indicios de malos manejos de los recursos públicos, así como un sospechoso favorecimiento a un reducido sector empresarial y a sectores oscuros de la sociedad colombiana que, nuevamente, emergen como el verdadero poder detrás de la derecha colombiana.
La otra realidad que se trata de ocultar y que va de la mano con la muy mal llamada Ley de Sometimiento, recientemente aprobada por congresistas amigos del Abelardismo, es la destrucción de lo avanzado en torno a la Paz y la anunciada criminalización de la protesta y de la oposición, asuntos vitales no solo para la convivencia social cotidiana, sino para el mismo desarrollo económico de Colombia. Por lo tanto, vamos por partes.
Para la muestra, el primer botón. Las actuaciones de un abogado de dudosa coherencia académica, ahora devenido en embajador y que fue usado por la extinta W Radio, Caracol y RCN durante la campaña electoral para atacar sin éxito al gobierno de Petro, demuestran la insistencia de la derecha colombiana en hacer trizas cualquier avance en la Paz. Su nuevo intento de destrozar lo que queda del Acuerdo de Paz estable y duradera, que se presentó en la ONU, precisamente, desde la curul en ese organismo[3], con la que la derecha le pagó a este prestigioso comentador de cosas, no deja la más mínima duda de sus tenebrosos objetivos.
Mientras tanto, la ultraderecha laureanista de Abelardo de la Espriella, con la complicidad de alguna aspirante a contratos de la Alianza Verde, le aprueba un peligroso proyecto que, ese sí, huele a impunidad para los amigos y amigas del actual gobierno.
Desde mi muy humilde perspectiva, en lo hasta aquí descrito, me parece ver el pago histórico de favores que Abelardo y la derecha colombiana les hacen a los narcotraficantes por sus apoyos armados, pero, sobre todo, financieros durante sus campañas electorales. Pero no nos equivoquemos: ese pago de favores también le sirve a un gobierno que, mientras se hace el distraído con el circo de la vida íntima, construye su propia agenda de favores para los sectores, no tan oscuros, que verdaderamente mueven los hilos en la legalidad.
Antes que el estimado y muy respetado lector (o lectora) se apreste a encasillar estas líneas de mamerto-panfletarias, permítanme aclararles que no es solo una percepción política; es la descripción comentada de lo que está pasando en Colombia. Veamos un ejemplo. Dentro de la documentación estudiada para estas notas aparecen las advertencias de la Defensoría del Pueblo, en las que se indica que la “ley de sometimiento de Abelardo” tiene vacíos que podrían permitir que responsables de graves violaciones de derechos humanos reciban beneficios penales sin certeza sobre el tiempo que estarán en prisión.
El asunto no para ahí. Al revisar con cuidado las glosas señaladas durante el proceso de presentación y discusión que hicieron congresistas de la oposición, se advierten puntos críticos en los que, por ejemplo, se permiten reducciones adicionales de pena, incluso después de fijar una pena mínima. Por eso, la oposición habla de que un narcotraficante condenado a 30 años podría salir en apenas 10, con rebajas de hasta el 50 por ciento para integrantes de base y del 30 por ciento para cabecillas.
Ante semejante oferta (a todas luces superior a la que pretendió Álvaro Uribe para los Paramilitares[4]), la Defensoría pide que los jueces evalúen todos los beneficios en conjunto y que la sanción sea proporcional a delitos como desaparición forzada, tortura y violencia sexual. Frente a esta rebajona y demás gangas que ofrece Abelardo (también participe en lo del Acuerdo de Rialito), me pregunto si eso es justicia o si es una puerta giratoria con nombre propio.
Siguiendo con el análisis de este Black Friday judicial y político de ADLE para estos beneficiarios de la Patria Milagro, les convido a mirar otro punto que me parece grave y que se refiere a la derogatoria del artículo 14 de la Ley 418 de 1997, nada más ni nada menos que la norma que impedía dar beneficios a los reclutadores de menores de edad. Al eliminarla, la nueva ley abre la puerta para que los responsables de ese delito accedan al sometimiento. Sobre esta joya del favorecimiento a criminales hecha por el gobierno de ADLE, la Defensoría alertó que la modificación podría beneficiar, incluso, a quienes no se sometan o incumplan sus compromisos.
El senador Ariel Ávila denunció, además, que esa ley de sometimiento otorgaría pena suspendida después de un año a los llamados colaboradores, esto es, los lavadores de activos, testaferros y personas condenadas por enriquecimiento ilícito. A este respecto, la Defensoría también alertó que esto podría dificultar las investigaciones contra las redes de corrupción que financian a las organizaciones criminales. Solicitando humildemente que me disculpen lo insidioso, yo no veo aquí un esfuerzo por la paz; veo un esfuerzo por proteger los bolsillos que financiaron la guerra y una que otra campaña electoral.
Desde el Pacto Histórico, la representante María Fernanda Carrascal ha dicho que la ley tiene problemas de fondo porque criminaliza la protesta social, desconoce los derechos de las víctimas y no garantiza su reparación. Además, la oposición cuestionó que la ley se haya tramitado con múltiples errores y arbitrariedades y en una votación de madrugada, lo que refleja la falta de un debate profundo y transparente. Y no se trata solo de críticas políticas.
En serio, hay vacíos prácticos para su implementación, como todo lo que ha propuesto o decretado don Abelardo. En la actualidad (y como van las cosas, en un largo plazo), el Estado colombiano no cuenta con las cárceles ni los centros de arraigo necesarios para recibir a todos los que se sometan. Ahí está el detalle (parafraseando a Cantinflas). Según la exposición de motivos, los grupos armados suman 28.802 integrantes, por lo que, sin infraestructura adecuada, el cumplimiento efectivo de las penas y la supervisión de los beneficios se vuelven inviables.
Y mientras la prensa gremial y las granjas de bots siguen con el bochinche y la cizaña alrededor de la telenovela sobre la vida íntima del expresidente, la ultraderecha laureanista y sus cómplices aprueban lo que parece el pago de favores a los narcotraficantes que financiaron sus campañas, demostrando, una vez más, el verdadero poder detrás de la derecha colombiana.
[1] En palabras del ejército misionero de la catequesis digital, «hay tres rasgos fundamentales que caracterizan a esta [nueva] generación: el paso frenético de una tarea a otra, la impaciencia y lo colectivo». Michael Desmurguet en La Fábrica de Cretinos Digitales (2020).
[2] Ver: ¿Que hay detrás de la propuestra de Abelardo de la Espriella? – Corrupción al Día / Crítica aplazada al gobierno de Abelardo de la Espriella | EL ESPECTADOR
[3] Ver: Embajador Gaona: el Acuerdo de Paz sí es un modelo para el mundo | EL ESPECTADOR
[4] Ver: Acuerdo de Santa Fe de Ralito y Cartilla Justicia y Paz.pdf
