Hay una pregunta que el mundo debería hacerse cada vez que una potencia extranjera anuncia que va a liberar a un pueblo: ¿liberarlo de qué y a qué precio?
Una imagen que circula en las redes sociales muestra el contraste entre el antes y el después de países como Irak, Libia, Yemen y Siria.
A un lado, ciudades en las que se observa la vida cotidiana; al otro, escenarios de destrucción, edificios derrumbados y calles convertidas en escombros.
La imagen no cuenta toda la historia de estos países ni explica por sí sola las causas de sus tragedias.
Pero sí nos obliga a reflexionar sobre una verdad dolorosa: las guerras no terminan cuando se anuncia la victoria militar; sus consecuencias pueden perseguir a los pueblos durante generaciones.
En nombre de la libertad, la democracia, la seguridad o la lucha contra el terrorismo, se han justificado intervenciones militares que han dejado profundas heridas humanas, políticas y económicas.
Irak fue invadido en 2003 por una coalición encabezada por Estados Unidos.
Libia quedó sumida en una prolongada inestabilidad después de la intervención internacional de 2011 y la caída de Muamar el Gadafi.
Siria y Yemen, por su parte, han sufrido conflictos devastadores con múltiples actores internos y extranjeros.
¿Significa esto que aquellos países eran paraísos antes de las guerras?
Por supuesto que no. Sus gobiernos tenían historias, contradicciones y, en varios casos, graves antecedentes de autoritarismo y violaciones de derechos humanos. Ningún pueblo debería estar condenado a vivir bajo una dictadura.
Pero tampoco podemos aceptar que la caída de un gobernante se presente automáticamente como la liberación de una nación, ni que la intervención de una potencia extranjera sea sinónimo de democracia.
¿De qué sirve derrocar a un gobernante si el pueblo termina pagando la factura con sus hogares, sus escuelas, sus hospitales, sus seres queridos y su tranquilidad?
La libertad no se mide únicamente por quién ocupa un palacio presidencial.
Se mide por la posibilidad de vivir sin miedo, acceder a los derechos fundamentales, decidir el propio destino y construir un futuro sin que las bombas destruyan lo que generaciones enteras levantaron con esfuerzo.
Y aquí aparece otra cuestión que no podemos ignorar: las potencias no actúan en el vacío.
En las decisiones geopolíticas también intervienen intereses estratégicos, militares, económicos y energéticos.
Por eso, cada intervención debe examinarse con rigor, sin propaganda y sin ingenuidad.
No se trata de defender dictadores ni de justificar sus crímenes.
Se trata de defender a los pueblos de cualquier poder que pretenda utilizarlos como piezas de un tablero internacional.
La soberanía no puede ser un privilegio reservado a las naciones poderosas. Y los derechos humanos no pueden convertirse en un discurso selectivo que se invoca para intervenir en unos países mientras se guarda silencio frente a los abusos cometidos en otros.
Colombia y América Latina deberían observar estas experiencias con atención.
La paz, la democracia y la autodeterminación no pueden depender de la voluntad de un gobierno extranjero ni de los intereses de quienes tienen la capacidad militar para imponer sus decisiones.
Porque hay una diferencia enorme entre ayudar a un pueblo a conquistar su libertad y decidir por él, destruyendo las condiciones que necesita para vivirla.
Los pueblos no necesitan que les vendan guerras envueltas en banderas de libertad.
Necesitan justicia, dignidad, soberanía y paz.
Y cuando alguien prometa salvar una nación mediante las armas, conviene hacerle una pregunta elemental: ¿quién reconstruirá las vidas que queden en ruinas cuando termine la supuesta liberación?
Porque las potencias pueden anunciar victorias, retirar sus tropas y cambiar de estrategia. Pero son las madres que entierran a sus hijos, los niños que crecen entre escombros y las familias que pierden sus hogares quienes terminan pagando el precio más alto.
La historia merece ser leída antes de aplaudir otra guerra.
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