Por Alfonso Luna Geller / Santander de Quilichao 24 / 10 / 2026 / En redes sociales circula una pregunta, a propósito de la salida de Rodrigo Lara y del azaroso ingreso de Alejandro Ordóñez Maldonado al Ministerio del Interior: ¿Abelardo no es el que manda?
Él es el mandatario de los colombianos, claro. Lo que ocurre es que la muchedumbre, generalmente, confunde el significado de la palabra “mandatario” y cree que es para el que manda y no, no es así.
El mandatario es el funcionario que elegimos para que reciba y cumpla nuestro mandato (la orden o encargo) del pueblo, que es el verdadero mandante. Lo elegimos, lo eligieron, mejor, para que nos administre lo que es público, con el compromiso de garantizar a los mandantes la calidad de vida exigida o adecuada.
Para entenderlo de forma sencilla: la relación entre los ciudadanos y su gobernante funciona de manera similar a un contrato legal. El mandante (el pueblo) tiene el poder original y encarga a otra persona de una tarea. En democracia, el pueblo posee la soberanía, por lo que es el que da la orden. El mandatario acepta el encargo y se compromete a ejecutarlo en nombre y representación del mandante.
El mandatario de los colombianos es Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, abogado y empresario colombiano que decidió ponerse al servicio del pueblo colombiano. Es el presidente de la república y, como tal, dirige el Gobierno nacional, tiene atribuciones constitucionales como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y debe nombrar y remover ministros y a otros funcionarios de su gobierno, a quienes sí manda.
Repito, la palabra «mandatario» no significa «el que da las órdenes», sino el que las ejecuta. Por eso, me parece usurpación de poder el hecho de increpar y acusar públicamente a algunos mandatarios del orden regional y local por conductas que él considera corruptas.
Abelardo no puede convertir su autoridad en licencia para disponer de la dignidad ajena o sustituir a los jueces. El presidente tiene derecho, y obligación de denunciar presuntas irregularidades, exigir explicaciones dentro de sus atribuciones y acudir a las autoridades competentes. Pero acusar no equivale a demostrar culpabilidad.
Investigar, juzgar y sancionar corresponde a las instituciones legalmente facultadas. Esto no le incumbe al presidente de la república. De acuerdo con la normatividad legal, que es la misma para todos, si alguien conoce de prácticas delictivas por parte de algún ciudadano o mandatario, está obligado a acusarlo o demandarlo ante las otras instancias competentes del Estado para administrar justicia, aplicar las leyes y garantizar los derechos de las personas de acuerdo con el debido proceso.
También hay otros asuntos delicados, cuando algunos ciudadanos confunden la autoridad con la propiedad del poder, la obediencia a la ley con la sumisión personal y el respeto institucional con la adulación.
Por eso me fastidia esa costumbre tan arraigada de rendirles pleitesía a los funcionarios. Personas que, por conseguir un contrato, conservar un empleo, obtener una recomendación o presumir cercanía con el poderoso, terminan sacrificando su independencia y, en ocasiones, hasta su dignidad.
Los hay que aplauden cualquier decisión, justifican cualquier conducta y consideran una insolencia que alguien cuestione al gobernante de turno. También confunden lealtad con servilismo. Y, cuando actúan colectivamente, llegan a convertir la obediencia ciega en una virtud política.
A mí me educaron para respetar la autoridad, pero nunca para arrodillarme ante ella. Reconozco el derecho de gobernar de quien ha sido elegido democráticamente, incluso cuando discrepo de sus decisiones. Y precisamente porque respeto la democracia, considero indispensable discutir, cuestionar y exigir cuentas.
La autoridad merece respeto, claro, pero la adulación no es una obligación ciudadana. De modo que, cuando alguien vuelva a preguntar si Abelardo es el que manda, responderé sin vacilación: no, no es el que manda, es quien tiene autoridad para gobernar, pero su poder tiene límites y su cargo existe es para servir a los colombianos, no para servirse de ellos.
Porque una democracia empieza a enfermarse cuando sus ciudadanos se sienten súbditos y sus funcionarios comienzan a creerse dueños del país.
El presidente gobierna. El pueblo es el soberano. Y ningún ciudadano tiene por qué agachar la cabeza para exigir lo que le pertenece.
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