Inconsistencias…

La mayoría de los políticos, por no decir todos, son inconsistentes. Sobre todo en un país como el nuestro donde el devenir de la política ha estado saturado de patologías, tales como el clientelismo, la demagogia, el oportunismo, el populismo, el transfuguismo, etc. En alguna ocasión, Santos manifestó ante ciertas críticas que recibió que quienes no son inconsistentes son imbéciles. Entendemos que la política es dinámica y está sujeta al cambio; el problema es que muchas veces las posturas de los políticos cambian demasiado rápido y demasiado drástico, sus procederes pareciera que vinieran de seres totalmente opuestos, precisamente, porque priman más las conveniencias y circunstancias que los principios y convicciones. El presidente Santos no ha sido la excepción.

                      En el actual periodo electoral se escucha hablar de la famosa mermelada reeleccionista, de la que se dice se vienen nutriendo muchos parlamentarios que pretenden continuar en el poder al tiempo en que apoyan la reelección de Santos. Hace varios meses el presidente Santos produjo escozor e indignación al aumentarles en 8 millones el salario de los congresistas; aumento que comparado con el del salario mínimo es supremamente exagerado e injusto. Sin duda esto riñe con los fundamentos del buen gobierno y con la austeridad económica. Ahí tenemos pintado un país de privilegios e inconsistencias.

                       Otro escándalo sacudió al país la semana pasada. Más chuzadas. Esta vez los negociadores del proceso de paz en La Habana, tanto del Gobierno como de las Farc, supuestamente vienen siendo chuzados por algunos militares de acuerdo con denuncias de la revista Semana. De manera contundente, en tono enérgico, en rueda de prensa el presidente Santos salió a los medios a protestar y a exigir investigaciones exhaustivas y castigos severos a los responsables. Pero un día después, sorprendió con su discurso en términos de que el edificio desde donde se hacía el espionaje era absolutamente legal, pero que habría que entrar a investigar si las actividades ahí realizadas eran legales o no. Esto, obviamente desconcertó a la opinión pública. Ambiguo por aquello de que hoy sí mañana no; ambiguo porque el hecho de ser legal el lugar, no significa que las actividades ahí realizadas sean lícitas y por supuesto, no minimiza el escándalo, pues se tiene la sospecha de que las actividades ahí realizadas son ilegales. Algunos columnistas han coincidido en señalar que las instituciones y edificaciones pueden ser legales, pero no las acciones cometidas, tal como sucedió con el DAS. A los medios, Santos expresó que el fiscal Montealegre le había reconocido su equivocación con el allanamiento al edificio donde funcionaba un restaurante como fachada para hacer desde ahí legalmente funciones de inteligencia. Eso del sí pero no del presidente sobre el espionaje a los negociadores de la paz produce desconfianza. Y da a entender que el ministro de Defensa y algunos militares andan como ruedas sueltas. Que el Presidente está desinformado y Mindefensa también. Dirigentes de izquierda como Iván Cepeda propusieron la renuncia del ministro; éste no renunció, pero sí separó de sus cargos al director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército Nacional, Oscar Zuluaga y al jefe de Inteligencia del Ejército, Ricardo Zúñiga. Lo cierto de todo este escándalo es que el país quiere claridad, pero no deja de haber pesimismo porque ante tanta inconsistencia se piensa que las investigaciones quedarán en nada.

                      Se especula que en caso de ser ciertas las presuntas chuzadas realizadas en el restaurante, estarían comprometidos militares fieles a Uribe, pero éste ha manifestado de manera contundente que nada tiene que ver en este escándalo y que quienes así piensan cometen una infamia contra él, que también fue víctima de chuzadas.

Coletilla: No faltan los dilemas morales. El alcalde de Popayán, Francisco Fuentes presenció el dilema de autorizar el desalojo de los vendedores ambulantes del sector de La Esmeralda o hacerse sancionar por desacatar una tutela. Prefirió lo segundo: “No estoy en contra del fallo pero sí contra la in injusticia hacia la comunidad”, enfatizó. Difícil dar vigencia a un derecho vulnerando otro. ¿El derecho al trabajo o el derecho al espacio público? Sin embargo, es conveniente recordar que las legislaciones por ser legales no necesariamente deben ser justas. Como generalmente no lo son, dura es la ley pero es la ley y hay que cumplirla, así lo exige nuestro Estado de Derecho.

Kant, el connotado filósofo alemán, nos habla de dos imperativos, el hipotético y el categórico. El primero se podría ejemplificar así: “Si no respetas la ley podrías ir a la cárcel”; el segundo; “¡respeta la ley!”. El primero funge como mandato de insinuación; el segundo es un mandato que obliga a la razón adoptar la práctica de la moral del deber de acuerdo a la ley. El categórico daría la consecución de una sociedad feliz.

El día que haya cultura ciudadana, el respeto al espacio público y el derecho al trabajo serán realidad.