¿EL SALVAVIDAS DE LOS GOBIERNOS?

Hay decisiones económicas que no pueden discutirse únicamente entre tecnócratas, banqueros y funcionarios de turno. Cuando está en juego el dinero de los ciudadanos, la sociedad entera tiene derecho a preguntar, cuestionar y exigir explicaciones.
La llamada inversión forzosa que promueve el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha despertado una preocupación legítima: ¿hasta dónde pretende llegar el Estado con los recursos de los colombianos?
Porque detrás de cada cuenta bancaria hay una historia. Una mujer que guarda parte de su pensión. Un trabajador que ahorra para comprar vivienda. Una familia que reserva unos pesos para enfrentar una emergencia.
No son cifras abstractas: son años de esfuerzo, sacrificios y renuncias.
Pero el asunto va más allá de una medida económica. La pregunta es: ¿por qué el ciudadano común debe convertirse nuevamente en la fuente de financiación de un Estado que asegura haber recibido un país en ruinas?
De la Espriella insiste en responsabilizar al gobierno anterior por la crisis fiscal. Sin embargo, el reciente episodio protagonizado por el director del DANE, Ricardo Valencia, quien respaldó la validez de cifras laborales del gobierno Petro y posteriormente salió de su cargo, vuelve a poner sobre la mesa una discusión fundamental: ¿qué sucede cuando los datos oficiales no coinciden con la narrativa política del poder?
La estadística debe servir para conocer la realidad, no para acomodarla a conveniencia.
Las cifras y las explicaciones técnicas deben discutirse con seriedad, no convertirse en eslóganes utilizados para justificar decisiones económicas.
Y mientras se habla de dificultades fiscales, también persisten las preguntas sobre los recursos destinados a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.
El Gobierno anunció donaciones privadas superiores a 54.900 millones de pesos y otros compromisos de solidaridad. Pero una cosa es anunciar recursos y otra muy distinta garantizar que lleguen oportunamente a quienes perdieron sus viviendas, sus pertenencias y la tranquilidad.
¿Dónde están las cuentas claras, vendidas como eslogan de campaña?
Porque la transparencia no puede ser una promesa para el futuro. Es una obligación del presente.
¿QUIÉN PROTEGE AL AHORRADOR?
Aquí aparece una contradicción que merece ser examinada. Mientras se pretende movilizar recursos provenientes del ahorro nacional, ¿qué esfuerzos adicionales están haciendo los sectores económicos más poderosos? ¿Qué responsabilidad asumen los grandes grupos financieros? ¿Por qué el ciudadano que apenas logra guardar unos pesos debe sentir que su dinero puede convertirse en instrumento de las decisiones económicas del Gobierno?
No estamos hablando de oponernos a la inversión productiva ni a la recuperación económica que cada vez parece más lejana para millones de colombianos, especialmente cuando los precios de la canasta familiar siguen golpeando los bolsillos.
Estamos hablando de transparencia, prioridades y justicia en la distribución de las cargas. Porque no puede ser que mientras a los ricos se les alivianan las obligaciones, al pueblo se le sumen nuevos sacrificios.
Si hay recursos para grandes proyectos, debe existir claridad sobre su financiación. Si hay crisis fiscal, deben explicarse sus causas. Y si se solicitan esfuerzos a los ciudadanos, quienes tienen mayor capacidad económica también deben responder.
Colombia no puede seguir funcionando bajo la lógica de que las ganancias se privatizan y las dificultades se socializan como lo resume un reconocido banquero. El ahorro de los colombianos no es un cheque en blanco.
Y antes de pedirle más sacrificios al pueblo, el Gobierno debería demostrar que sabe administrar lo que ya tiene, que puede rendir cuentas sobre los recursos recibidos y que sus decisiones económicas no terminarán afectando precisamente a quienes menos capacidad tienen para defenderse.
Porque un país no se reconstruye con propaganda, ni se salva poniendo a pagar siempre a los mismos.
Aunque la inversión forzosa pueda tener respaldo legal, eso no significa que deba aceptarse sin debate público. La legalidad no convierte automáticamente una medida en justa, conveniente o inofensiva para los ahorradores.
Y aquí surge otra pregunta: ¿qué dirá la Corte Constitucional cuando deba examinar las medidas económicas de este Gobierno? ¿Aplicará los mismos criterios de control constitucional que ha defendido en anteriores administraciones, o veremos una vara distinta dependiendo de quién ocupe el Palacio de Nariño? Porque la Constitución no puede ser un instrumento que se estire o se encoja según la ideología del gobernante de turno.
Así las cosas, a los colombianos no nos quedará más remedio que volver a guardar la platica debajo del colchón, como en los viejos tiempos, cuando al menos sentíamos que nuestros ahorros nos pertenecían.
El ahorro de los colombianos no es un salvavidas para los gobiernos de turno. Y la confianza, una vez perdida, no se recupera con discursos.
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