La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su rechazo a una directriz que, según la organización, habría sido impartida desde la Presidencia de la República para regular el relacionamiento del Gobierno con los medios de comunicación y que podría restringir el acceso de periodistas a fuentes oficiales.
De acuerdo con la FLIP, las disposiciones afectarían el ejercicio crítico del periodismo al limitar la posibilidad de formular preguntas, contrastar versiones oficiales e interpelar a funcionarios sobre asuntos de interés público.
Entre los lineamientos cuestionados estaría la instrucción de no conceder ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no sean considerados “amigos”, restringir las intervenciones de ministros a declaraciones sin preguntas y centralizar buena parte de la información gubernamental mediante la vocería de la Presidencia.
La Fundación reconoció que el Gobierno tiene autonomía para organizar su estrategia de comunicaciones y definir quiénes actúan como voceros, pero advirtió que esa facultad no puede convertirse en una barrera para el acceso de periodistas a fuentes oficiales.
FLIP denuncia dificultades para acceder a información oficial
La organización señaló que recientemente ha documentado casos en los que periodistas han acudido a canales institucionales y voceros oficiales sin obtener respuesta.
Según la FLIP, esta falta de interlocución ha dificultado el cubrimiento de asuntos de alto interés público, entre ellos la evolución del conflicto armado y las consecuencias del reciente terremoto.
La preocupación radica en que, sin acceso a distintas voces institucionales, los medios encuentran mayores obstáculos para verificar datos, contrastar información y ofrecer una mirada completa sobre decisiones y actuaciones del Estado.
Antecedentes durante la campaña de Abelardo De La Espriella
La FLIP también recordó denuncias conocidas durante la campaña presidencial, especialmente entre la primera y la segunda vuelta.
Entre ellas mencionó el caso de la periodista Camila Zuluaga, quien, según la organización, aseguró que el entonces candidato Abelardo De La Espriella no concedía entrevistas a determinados periodistas, habría instruido a su equipo para no atender algunas solicitudes de medios y limitaba su participación a ruedas de prensa en las que conociera previamente las preguntas.
Para la Fundación, una estrategia de relacionamiento adoptada durante una campaña política tiene implicaciones distintas cuando quien la aplica ocupa la Presidencia de la República.
“Los recursos del Estado no pertenecen al Gobierno de turno”
Uno de los principales cuestionamientos de la FLIP es que el acceso a funcionarios, voceros y canales de información pública no puede depender de la cercanía política o de que un medio sea considerado favorable al Gobierno.
La organización advirtió que clasificar a medios o periodistas como “amigos” puede generar tratamientos privilegiados para quienes realizan una cobertura menos crítica y restricciones para quienes cuestionan las decisiones del poder.
Además, alertó sobre un posible efecto de autocensura si periodistas llegan a considerar que realizar preguntas incómodas o adoptar posturas críticas podría traducirse en la pérdida de acceso a información oficial.
Información oficial no reemplaza las preguntas de la prensa
La FLIP sostuvo que la publicación periódica de comunicados, declaraciones o información seleccionada por el Gobierno no sustituye el derecho de los periodistas a preguntar directamente a los funcionarios.
La organización enfatizó que el acceso a la información pública también comprende la posibilidad de buscar datos, solicitar explicaciones y ejercer control sobre las decisiones estatales.
En su pronunciamiento, la Fundación hizo referencia a la Sentencia SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional, que, según indicó, reiteró la protección reforzada del acceso de periodistas a información pública por el papel que cumple la prensa en el control democrático.
Piden a Presidencia reevaluar la directriz
La FLIP pidió a la Presidencia de la República revisar los lineamientos y garantizar que medios y periodistas puedan acceder en condiciones de igualdad a fuentes oficiales y espacios informativos convocados por el Gobierno.
Para la organización, el relacionamiento del Estado con la prensa debe sustentarse en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.
La discusión abre nuevamente el debate sobre los límites entre la estrategia de comunicaciones de un Gobierno y el derecho de la prensa a preguntar, contrastar y fiscalizar a quienes ejercen el poder público.
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Imagen tomada de: FLIP.
