La controversia por el presunto incumplimiento de la Ley Ángel en Popayán acaba de dar un paso que trasciende la denuncia pública y entra de lleno al escenario judicial.
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán admitió una acción de cumplimiento presentada por JM Abogados & Asesores S.A.S. contra el Municipio de Popayán y ordenó el inicio formal del proceso judicial para establecer si la administración del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo ha incumplido obligaciones legales relacionadas con la protección y bienestar animal.
La decisión representa una reacción institucional frente a los hechos revelados por Proclama del Pacífico en la investigación «Alcaldía de Popayán incumple la Ley Ángel», publicación que abrió el debate sobre la aplicación efectiva de la Ley 2455 de 2025 en la capital caucana.
Un juez exige respuestas concretas
Con el auto admisorio, la Rama Judicial no solamente abrió el proceso.
También ordenó al Municipio responder en un término de tres días hábiles contados desde la notificación para comparecer al proceso, contestar cada uno de los hechos expuestos por la parte demandante, aportar pruebas y ejercer su derecho de defensa.
Al mismo tiempo, el despacho dispuso vincular a la Procuraduría Judicial en Asuntos Administrativos, autoridad llamada a intervenir dentro del proceso judicial como garante del cumplimiento de la legalidad.
La Alcaldía deberá entregar todo el expediente
Uno de los aspectos más relevantes del auto consiste en la orden impartida al Municipio de Popayán para presentar un informe ejecutivo detallado, plenamente documentado, sobre todas las actuaciones adelantadas para cumplir la Ley Ángel.
La providencia exige además entregar:
- copia íntegra del expediente administrativo;
- documentos auténticos y legibles;
- soportes en formato PDF;
- evidencia de las actuaciones realizadas frente a cada una de las obligaciones reclamadas por la demanda.
En otras palabras, el despacho judicial no solicitó únicamente una explicación general, sino la documentación que permita verificar si las obligaciones previstas por la ley realmente fueron cumplidas.
La demanda cuestiona la implementación de la Ley Ángel
La acción fue presentada por Joan Sebastián Manzano Garzón, representante legal de JM Abogados & Asesores S.A.S., quien elevó previamente un requerimiento formal a la administración municipal y, tras considerar insatisfactoria la respuesta, acudió a la jurisdicción contencioso administrativa mediante una acción de cumplimiento.
Entre los aspectos cuya implementación reclama la demanda se encuentran:
- la creación y reglamentación del Fondo Municipal para la Protección y Bienestar Animal;
- la puesta en funcionamiento del curso obligatorio de sensibilización contra el maltrato animal;
- la destinación de recursos provenientes de multas por maltrato animal;
- la atención de procesos administrativos relacionados con denuncias por maltrato;
- el cumplimiento de obligaciones de reporte e indicadores previstos por la Ley Ángel.
Una actuación jurídica que trasciende el caso
La admisión de la demanda no significa que exista una declaración de responsabilidad contra la Alcaldía de Popayán.
Lo que sí establece el auto judicial es que existen los presupuestos legales para que un juez estudie de fondo si la administración municipal ha cumplido o no las obligaciones previstas por la Ley 2455 de 2025.
En ese contexto cobra protagonismo la actuación jurídica adelantada por JM Abogados & Asesores S.A.S., firma que promovió el requerimiento administrativo previo, agotó el requisito de renuencia previsto en la Ley 393 de 1997 y posteriormente acudió a la jurisdicción administrativa para solicitar que un juez ordene el cumplimiento de las obligaciones legales que considera incumplidas.
Lo que viene
El proceso apenas comienza.
Durante los próximos días, el Municipio deberá responder al requerimiento judicial, allegar el informe solicitado y aportar los documentos que respalden sus actuaciones.
Posteriormente, el Juzgado Quinto Administrativo analizará las pruebas y deberá resolver la acción dentro del término previsto por la Ley 393 de 1997.
Mientras tanto, este caso se convierte en uno de los primeros procesos judiciales en Popayán que pone bajo examen el cumplimiento de la Ley Ángel, una norma creada para fortalecer la protección y el bienestar animal en Colombia.
Para Proclama del Pacífico, esta actuación judicial constituye la continuación de un tema de evidente interés público, razón por la cual este medio hará seguimiento permanente al desarrollo del proceso, a las respuestas de la Administración Municipal y a las decisiones que adopte la Rama Judicial. Asimismo, ofrecerá espacio para conocer la posición oficial del Municipio de Popayán dentro del trámite, en cumplimiento de los principios de equilibrio e imparcialidad periodística.
