Sin La Cabaña, el norte del Cauca queda a la deriva
INFORME ESPECIAL.
20.000 almas sin sustento tras la caída de La Cabaña.
La solicitud de liquidación judicial de una empresa con casi ocho décadas de historia pone en riesgo más de 3.200 empleos directos, el sustento de 20.000 personas y la estabilidad fiscal de los municipios más vulnerables del suroccidente colombiano. La Junta Directiva confirmó que el proceso es irreversible.
Redacción Proclama del Pacífico | Santander de Quilichao, Cauca | 17 de junio de 2026.
El 12 de junio de 2026, desde Guachené, Cauca, la apoderada del Ingenio La Cabaña S.A., Diana María Gutiérrez Uribe, radicó ante la Superintendencia de Sociedades la solicitud formal de apertura del proceso de liquidación judicial de la compañía. El documento, dirigido al Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, Santiago Londoño Correa, y radicado bajo el expediente 36554, reconoce que el plazo de cuatro meses previsto en la Ley 1116 de 2006 para presentar un acuerdo de reorganización venció sin que las entidades financieras acreedoras aceptaran las propuestas formuladas por la empresa. Con esa carta, una de las agroindustrias más emblemáticas del valle geográfico del río Cauca cruzó la última frontera jurídica antes de la extinción.
Cinco días después, el 17 de junio, la propia Junta Directiva del Ingenio La Cabaña emitió un comunicado oficial dirigido a trabajadores, acreedores financieros, proveedores, contratistas, comunidades, alcaldías, autoridades departamentales y nacionales, gremios y público en general, en el que confirmó de manera definitiva que la transición hacia la liquidación judicial es un hecho consumado.
Lo que ocurre con el Ingenio La Cabaña, NIT 891.501.133, no es solo la caída de una empresa privada. Es el desplome de un ecosistema económico, social y cultural que durante casi ocho décadas sostuvo a comunidades afrodescendientes e indígenas del norte del Cauca, una de las regiones más vulnerables y golpeadas por la violencia en toda Colombia.
LO QUE DICE EL COMUNICADO OFICIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
El comunicado de la Junta Directiva del Ingenio La Cabaña S.A., fechado el 17 de junio de 2026 desde Guachené (Cauca), constituye el reconocimiento público más explícito de que la empresa agotó todas las vías para evitar su cierre. El texto confirma varios hechos fundamentales que vale la pena analizar.
Fracaso de las negociaciones. La Junta Directiva reconoce que «durante los últimos meses, la administración y los accionistas de la compañía desplegaron todos los esfuerzos razonablemente posibles», incluyendo «múltiples negociaciones con entidades financieras, proveedores y otros actores estratégicos», así como «mesas de trabajo y acuerdos encaminados a la protección del empleo». Sin embargo, admite sin ambigüedades que «no fue posible concretar los apoyos financieros necesarios para asegurar la viabilidad económica de la compañía».
Liquidación por ministerio de la ley. El comunicado precisa que, una vez vencido el término legal otorgado por la Superintendencia de Sociedades el 12 de junio de 2026 «sin que fuera posible presentar un acuerdo o solución que garantizara la continuidad del proceso de reorganización, corresponde —por ministerio de la ley— dar paso a la etapa de liquidación judicial prevista en la Ley 1116 de 2006». Es decir, no se trata de una decisión discrecional de la empresa, sino de una consecuencia jurídica automática derivada del agotamiento del plazo procesal.
Liquidación no es cierre inmediato. En un esfuerzo por contener la alarma social, la Junta Directiva aclara que «la apertura del proceso de liquidación judicial no implica el cierre inmediato de las operaciones de la compañía». Anuncia reuniones informativas próximas y señala que «será el liquidador que designe la Superintendencia de Sociedades quien determine, conforme a la ley, los procedimientos, plazos y decisiones relacionadas con la continuidad parcial o total de las actividades de la empresa».
Solicitud de mantenimiento de contratos laborales. El comunicado confirma lo que ya constaba en la solicitud formal de liquidación: la sociedad ha solicitado al juez del concurso que «determinados contratos y vínculos laborales indispensables para la preservación del valor de la empresa y de sus activos puedan mantenerse vigentes». Este punto se ampara en el artículo 2.2.2.9.5.1 del Decreto 991 de 2018, que permite la suspensión de algunos efectos de la liquidación por hasta noventa días.
Venta de activos como fuente de pago. La Junta Directiva informa que «se continúan evaluando las alternativas legales disponibles —incluyendo la eventual venta de activos— con el propósito de generar recursos líquidos que permitan atender, con la prelación establecida por la Constitución y la ley, las acreencias laborales y las obligaciones del sistema de seguridad social». Esta mención a la prelación constitucional es relevante: implica que los créditos laborales tienen prioridad sobre los acreedores financieros en el orden de pago.
Compromiso con la región. El comunicado reconoce explícitamente el impacto social: «samos plenamente conscientes del impacto social y económico que esta situación genera», y promete actuar «con responsabilidad, transparencia y respeto por la institucionalidad durante cada una de las etapas del proceso».
UNA EMPRESA QUE NACIÓ DE LA INMIGRACIÓN Y CRECIÓ CON LA REGIÓN
Moisés Seinjet, ciudadano rumano que llegó a Colombia a principios del siglo XX, fundó lo que con el tiempo se convertiría en uno de los complejos agroindustriales más importantes del suroccidente colombiano. Lo que comenzó como una pequeña molienda fue creciendo hasta consolidar una planta de refinación de azúcar ubicada en el municipio de Guachené, con área de influencia directa sobre Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Villa Rica, Corinto y Miranda, según consta en la propia solicitud de liquidación.
La sociedad fue constituida mediante Escritura Pública 1022 del 15 de diciembre de 1978 de la Notaría Única de Santander, y su objeto social principal es la actividad agroindustrial para toda clase de derivados de la caña de azúcar. Sus herederos, David, Rony Doron y John Rabinovich Seinjet, recibieron ese legado y con él un modelo empresarial que hoy está bajo escrutinio de la Superintendencia de Sociedades y de los propios trabajadores.
El Ingenio La Cabaña gestionaba sus actividades agrícolas e industriales de manera conjunta con las sociedades Agroindustrias del Cauca, Agroservicios Las Cañas y Alimentos Derivados de la Caña, respecto de las cuales también se solicitó, de forma conjunta, la apertura de la liquidación judicial. La empresa fue beneficiaria de la Ley 218 de 1995 (Ley Páez) y fue pionera en cogeneración de energía desde 1995.
LAS CIFRAS DE UNA TRAGEDIA SOCIAL ANUNCIADA
Los números contenidos en la solicitud de liquidación hablan con una elocuencia que ningún discurso institucional puede igualar. El Ingenio La Cabaña generaba aproximadamente 1.600 empleos directos y otros 1.600 empleos indirectos a través de corteros de caña y contratistas de labores de campo. El 85 por ciento de esos trabajadores son afrodescendientes y el 15 por ciento restante pertenece a comunidades indígenas, lo que convertía al ingenio en un eje vital para la supervivencia económica de comunidades étnicas históricamente marginadas.
La cadena productiva que dependía de la operación era igualmente significativa. Según el documento radicado ante la Superintendencia, la compañía contaba con más de 957 proveedores de caña, de los cuales 777 eran pequeños cultivadores con menos de diez hectáreas, representando el sustento directo de cientos de familias campesinas. La empresa gestionaba alrededor de 15.000 hectáreas de caña entre tierras propias y arrendadas.
La cifra que mejor retrata la dimensión de la crisis es la que los propios voceros de la movilización del 16 de junio pusieron sobre la mesa: alrededor de 20.000 personas dependían de manera directa o indirecta de la actividad económica que generaba el ingenio. Esa cifra incluye transportadores, proveedores, comerciantes, pequeños productores agrícolas y familias enteras cuya única fuente de ingreso formal estaba vinculada a la operación de la planta.
LA TORMENTA PERFECTA: CAUSAS FINANCIERAS, CLIMÁTICAS Y MACROECONÓMICAS
La solicitud de liquidación identifica con precisión los factores que llevaron al ingenio a este punto de no retorno. No se trata de una sola causa, sino de la convergencia de múltiples presiones que desbordaron la capacidad de respuesta de la empresa.
Desplome de los precios del azúcar
El precio de venta del azúcar nacional cayó hasta un 12 por ciento durante el segundo semestre de 2025, generando un impacto negativo de aproximadamente $19.000 millones. Simultáneamente, el precio internacional se desplomó desde niveles de 21 centavos de dólar por libra hasta 15 o 16 centavos, con un impacto adicional de $8.000 millones. La caída de la tasa representativa del mercado afectó los resultados operativos en otros $11.000 millones.
Crisis agroclimática
El fenómeno de La Niña redujo los cultivos de caña y provocó una caída importante en los niveles de sacarosa respecto a los datos históricos, generando un impacto adicional superior a $20.000 millones. La estacionalidad propia del ciclo agroindustrial hizo que durante los primeros semestres no se generaran los resultados necesarios para mantener la operación.
Aumento del salario mínimo 2026
El incremento decretado para 2026 representó para el Ingenio La Cabaña un costo adicional de $12.925.896.496 sobre cerca de 800 trabajadores contratados por el salario mínimo.
Proceso ejecutivo del FEPA – Asocaña
En septiembre de 2025, Asocaña, como administrador del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), inició proceso ejecutivo ante el Juez Civil del Circuito de Caloto por contribuciones adeudadas desde febrero de 2025. El juzgado libró mandamiento de pago por $2.300.064.829 más intereses moratorios a la tasa máxima legal, con medidas cautelares sobre cuentas bancarias y derechos fiduciarios.
En febrero de 2026 se acumuló al proceso otra demanda por la suma adicional de $3.762.911.547, generando una afectación severa en la caja de la compañía e impidiendo la atención normal de los gastos de administración. Pese a múltiples acercamientos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desde octubre de 2025, Asocaña nunca aceptó las propuestas de pago, incluida la formulada el 5 de febrero de 2026 dentro de la conciliación propuesta por el Juez Civil del Circuito de Caloto.
Fracaso del acuerdo de reorganización
Dentro del término legal de cuatro meses, la sociedad presentó a las entidades financieras diversas propuestas que incluían la fusión de las compañías del Grupo Cabaña para extinguir deuda entre vinculadas, mecanismos de financiamiento a través de la estructura de energía con pago entre 2027 y 2030, período de gracia hasta 2030, plazo de pago de entre 10 y 16 años según se alcanzara un pasivo sostenible o cero, y subordinación de deuda. La mayoría de las entidades financieras no encontró viable la propuesta, cerrando la única vía de salvamento.
EL ENTRAMADO FINANCIERO DETRÁS DE LA CRISIS
La crisis del Ingenio La Cabaña tiene raíces que van más allá del campo cañero. David Seinjet, nieto del fundador y heredero del negocio agroindustrial, construyó simultáneamente un holding financiero que también enfrenta graves problemas de insolvencia. Credivalores, fundada por Seinjet en 2003 como institución financiera no bancaria de crédito al consumo, acumula deudas cercanas a los dos billones de pesos. Ban100, el banco que nació en 2011 tras la compra de CIT Capital, opera bajo el mismo ecosistema empresarial.
Entre esas compañías financieras y el ingenio existe una red de cruces de cuentas que la Superintendencia de Sociedades investiga. La propia solicitud de liquidación reconoce que la falta de apoyo del sector financiero y los procesos judiciales generaron «mayores limitaciones en la caja». Al cierre de 2025, dos grupos familiares de accionistas habían otorgado préstamos a la compañía por aproximadamente $52.585.358.000, sin que ello bastara para revertir el deterioro. Esos aportes llevaron a los propios accionistas a límites y restricciones de liquidez en sus patrimonios.
Durante los primeros meses de 2026, la compañía operó a través de anticipos. Sin embargo, los atrasos en los pagos de nómina y proveedores han dado pie a vías de hecho que, según la empresa, dificultan la continuidad de la operación y generan «un riesgo grave para los empleados». La empresa también señala que las dificultades de orden público en la zona agravaron la situación.
EL MARCO JURÍDICO DE LA LIQUIDACIÓN
Ley 1116 de 2006 (Régimen de Insolvencia Empresarial). Norma central del proceso. El artículo 49 establece que cuando el deudor no logra presentar un acuerdo de reorganización dentro del término legal, el juez del concurso debe ordenar la apertura de la liquidación judicial. El artículo 50 define los efectos de esa apertura, entre ellos la terminación de los contratos de trabajo. El Ingenio fue admitido a reorganización bajo esta ley en mayo de 2024, pero al vencer el plazo sin acuerdo, la liquidación se convirtió en consecuencia inevitable.
Decreto 991 de 2018, artículo 2.2.2.9.5.1. La empresa solicita su aplicación para suspender por hasta noventa días calendario, prorrogables, algunos de los efectos de la liquidación, en especial la terminación de los contratos de trabajo del personal necesario para molienda, fábrica, venta de azúcar y corte de caña. Esta norma es la que podría permitir que la planta siga funcionando durante la transición.
Ley 218 de 1995 (Ley Páez). El ingenio fue beneficiario de esta ley, que estableció incentivos tributarios y de inversión para la reconstrucción del norte del Cauca y del sur del Huila tras la tragedia del río Páez en 1994.
Ley 70 de 1993. Norma que reconoce los derechos de las comunidades negras y dotó de instrumentos jurídicos a los territorios con mayoría afrodescendiente del norte del Cauca. El cierre del ingenio impacta directamente a estas comunidades protegidas constitucionalmente.
Constitución Política de Colombia, prelación de créditos laborales. El comunicado de la Junta Directiva hace referencia explícita a «la prelación establecida por la Constitución y la ley» para el pago de acreencias laborales y obligaciones de seguridad social. Los créditos laborales tienen primera clase de privilegio en el régimen concursal colombiano.
LA ADVERTENCIA DEL ESTADO QUE NO FUE ESCUCHADA
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante radicado 2025-01-686639 del 24 de septiembre de 2025, emitió un pronunciamiento que hoy adquiere carácter profético. Según consta en la solicitud de liquidación, el Ministerio advirtió:
«La eventual desaparición de este ingenio representa mucho más que un fracaso empresarial; simboliza una abdicación colectiva frente a la sostenibilidad y la paz en una de las regiones más golpeadas de Colombia. El Norte del Cauca se encuentra en una encrucijada crítica: o se actúa con celeridad, visión de Estado y un compromiso inquebrantable con el desarrollo humano, o se permite que la desintegración económica profundice las brechas sociales y consolide un panorama de ingobernabilidad.»
Han pasado nueve meses desde esa advertencia. La desintegración económica que el propio Estado anticipó se está materializando.
LA PANAMERICANA BLOQUEADA: 14 HORAS DE DESESPERACIÓN
El martes 16 de junio de 2026, cuatro días después de que la empresa radicara la solicitud de liquidación, los trabajadores del Ingenio La Cabaña bloquearon la vía Panamericana y varios corredores viales del norte del Cauca. El bloqueo se extendió durante más de 14 horas, generando traumatismo vial a lo largo de uno de los corredores más importantes del país.
Los manifestantes denunciaron que la empresa les adeuda más de cinco quincenas y declararon huelga indefinida. El Ministerio del Trabajo instaló una mesa de concertación para buscar salida a la crisis. Los voceros de la movilización emitieron un comunicado que resume la angustia colectiva: «Estamos defendiendo el derecho al trabajo de miles de familias. No solo se trata de los empleados de la empresa, sino de toda una región que depende económicamente de esta actividad productiva.»
Las exigencias formuladas son concretas: estabilidad laboral, pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, un plan de salvamento industrial y agropecuario, y la declaración de emergencia social y económica en la región.
UN SECTOR QUE SOSTIENE A MEDIO MILLÓN DE COLOMBIANOS
La crisis del Ingenio La Cabaña se inscribe en un contexto más amplio de presiones sobre el sector azucarero colombiano, que según datos de Asocaña y Procaña genera alrededor de 188.000 empleos formales y sostiene a más de 700.000 personas en 47 municipios del Cauca, el Valle del Cauca y zonas aledañas.
Los ingenios azucareros no solo producen azúcar refinada: generan etanol, cogeneran energía eléctrica, pagan impuestos de industria y comercio que financian a los municipios, ejecutan obras por impuestos, mantienen programas sociales, sostienen escuelas y patrocinan capacitaciones con el SENA. La propia solicitud de liquidación menciona la participación del ingenio en el proyecto Colombia Agroalimentaria Sostenible, sus capacitaciones con el SENA, el mantenimiento de vías y callejones, y el sostenimiento de la Escuela Urbana Mixta El Naranjo, que ofrece educación a más de 140 estudiantes de primaria y registra 49 promociones desde 1972.
Cada ingenio que cierra no solo elimina empleos: desmonta un sistema de servicios que el Estado no ha sido capaz de reemplazar en estos territorios. El cierre de María Luisa ya significó la pérdida de cerca de 300 empleos en Miranda. Ahora, con La Cabaña, la escala del impacto se multiplica por diez.
EL GOLPE FISCAL Y LA DEFENSA DESDE LA TRINCHERA MUNICIPAL
El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga Barona, fue uno de los primeros mandatarios locales en advertir públicamente las consecuencias fiscales de la crisis azucarera. Durante su rendición de cuentas del 25 de mayo de 2026, el mandatario detalló que el impuesto de Industria y Comercio sufrió un fuerte impacto debido a la difícil situación del sector, señalando las complejidades del Ingenio La Cabaña para realizar sus pagos tributarios y el golpe que significó el cierre de María Luisa.
Zúñiga Barona, quien administra Miranda por tercera vez tras sus períodos 2004-2007 y 2016-2018, ha articulado una estrategia que combina la defensa del empleo existente con la búsqueda de alternativas económicas. En enero de 2024, visitó la planta del Ingenio del Cauca en el corregimiento de El Ortigal, acompañado por su gabinete y concejales, atendiendo la invitación del presidente de Incauca, Roberto Klinger, para fomentar la articulación público-privada.
Frente al desempleo y la desaceleración agroindustrial, la gran apuesta de su administración es el Parque Temático Mirador Calandaima. Con una inversión de $15.600 millones del OCAD Paz para una vía estratégica de 3,1 kilómetros, el alcalde busca replicar el modelo de reconversión económica del Quindío. En sus propias palabras: «Cuando la finca tradicional cafetera y platanera entró en quiebra, ellos crearon dos grandes anclas: Panaca y el Parque del Café. Eso transformó los predios en un eje de desarrollo y hoy todos sus municipios son turísticos. A eso aspiramos nosotros.»
Adicionalmente, la administración de Miranda conectó a más de 1.400 familias al servicio de gas domiciliario de manera gratuita, implementó el Proyecto Conecta de salud mental para niños y adolescentes con aprobación del Ministerio de Salud, y garantizó alimentación escolar para 4.092 jóvenes.
LAS PREGUNTAS QUE QUEDAN ABIERTAS
La solicitud de liquidación y el comunicado oficial de la Junta Directiva dejan interrogantes que ninguna autoridad ha respondido con claridad.
Primera. Si la Superintendencia de Sociedades ordena la liquidación conforme al artículo 49 de la Ley 1116, ¿se aplicará la suspensión de noventa días prevista en el Decreto 991 de 2018 para mantener los contratos de trabajo del personal esencial? De esa decisión depende que la planta siga funcionando durante la transición o que 3.200 trabajadores queden en la calle de manera simultánea.
Segunda. El comunicado de la Junta Directiva menciona la eventual venta de activos. ¿Cuáles activos? ¿La planta de Guachené? ¿Las 15.000 hectáreas? ¿La estructura de cogeneración de energía? ¿Existe un comprador potencial que pueda adquirir la operación como empresa en marcha? El liquidador tendrá que responder esas preguntas.
Tercera. ¿Cómo sostendrá el municipio de Guachené sus compromisos de gasto público, nómina institucional y prestación de servicios básicos si el Ingenio La Cabaña representaba su principal fuente de recaudo tributario?
Cuarta. El Ministerio de Agricultura advirtió en septiembre de 2025 que la desaparición del ingenio consolidaría un panorama de ingobernabilidad. Han pasado nueve meses. ¿Qué hizo el Gobierno Nacional con esa advertencia?
Quinta. ¿Qué papel jugaron las operaciones financieras cruzadas entre el ingenio y las empresas del holding de la familia Seinjet (Credivalores, Ban100, Finanza Inversiones) en el deterioro de una empresa que, según la propia solicitud de liquidación, era operativamente viable? La Superintendencia de Sociedades tiene el expediente. Los trabajadores, las familias y los municipios del norte del Cauca tienen derecho a las respuestas.
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Fuentes: Solicitud de apertura de liquidación judicial, Ingenio La Cabaña S.A., expediente 36554, Superintendencia de Sociedades (12 de junio de 2026). Comunicado Oficial de la Junta Directiva, Ingenio La Cabaña S.A. (17 de junio de 2026). El Tiempo (17 de junio de 2026). Portafolio (junio 2026). Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, radicado 2025-01-686639 (24 de septiembre de 2025). Datos sectoriales: Asocaña, Procaña. Alcaldía de Miranda, rendición de cuentas (25 de mayo de 2026).
