La Caja de Pandora de la UNGRD
Velasco Chaves, el trofeo que oculta un saqueo de más de 1,3 billones
Cuando la justicia persigue lo que no ocurrió e ignora lo que sí ocurrió, no estamos ante un error del sistema: estamos ante el sistema.
DATOS CLAVE DEL CASO
Investigado: Luis Fernando Velasco Chaves — Exministro del Interior, exdirector encargado de la UNGRD (abril–mayo de 2023, aproximadamente 30 días)
Recluido en: Escuela de Carabineros de Cali
Delito imputado: Cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. No se le acusa de haberse apropiado de un solo peso
Contratos que no existieron: Los que la Fiscalía le atribuye nunca llegaron a etapa precontractual, según la propia UNGRD
Contratos que sí existieron y no se investigan: Más de 1,3 billones de pesos adjudicados a dedo por Olmedo López entre 2023 y 2024
Testigo clave de cargo: Olmedo López, quien fue rechazado por Velasco para el cargo de subdirector un mes antes del escándalo
Contratos UNGRD bajo gobierno Duque (2018–2022): El mismo esquema de proponente único detectado desde 2022, sin investigación penal comparable.
I. La detención de un hombre que no se robó un peso
Luis Fernando Velasco Chaves lleva más de tres décadas construyendo una carrera que pocas figuras de la política colombiana pueden exhibir con la misma solidez documental. Hijo del exrepresentante a la Cámara Omar Henry Velasco y de María Nubia Chaves, abogado de la Universidad del Cauca, magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Popayán, alcalde de esa ciudad a los 27 años, representante a la Cámara entre 1998 y 2006, senador entre 2006 y 2022, presidente del Senado en la legislatura 2015–2016, Consejero Presidencial para las Regiones y finalmente ministro del Interior en el gobierno de Gustavo Petro. Un hombre que fue, además, el presidente del Congreso que impulsó la legislación de paz del proceso con las FARC bajo el gobierno de Santos.
Ese hombre está hoy detenido en la Escuela de Carabineros de Cali. No porque se le acuse de haberse apropiado de un solo peso del erario —hecho que la propia Fiscalía ha reconocido—, sino por la imputación de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir: en esencia, que su peso político como ministro del Interior pudo haber sido interpretado por directores de otras entidades como una instrucción de cumplimiento obligatorio, y que su participación en reuniones ordinarias de coordinación de gobierno habría constituido un acuerdo criminal.
El presente editorial no busca sustituir la función de los jueces ni anticipar un veredicto. Esa es una tarea que corresponde al proceso que ya se instruye ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que aquí se examina es otra cosa: la forma en que el sistema de justicia decide cuándo y cómo restringe la libertad de quienes aún no han sido condenados, y si esa decisión se aplica con igual rasero para todos los casos.
La respuesta, respaldada por datos, documentos y cronologías verificables, es perturbadora: no se aplica igual. Y en el caso de Velasco Chaves, hay elementos suficientes para concluir que la privación de la libertad no obedece solamente a un juicio de peligrosidad procesal, sino a una lógica que tiene más de eliminación de liderazgo político que de rigor jurídico.
II. El testimonio de Sandra Ortiz: la prueba que la Fiscalía no ha refutado
En derecho procesal existe un principio elemental: la prueba es tan válida como la integridad del proceso que la produjo. Cuando ese proceso está contaminado por presiones indebidas, la prueba pierde su legitimidad, independientemente de su contenido.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, declaró públicamente y en audiencia judicial que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación la presionaron para que incriminara a ministros del gobierno Petro dentro del caso UNGRD. La frase que recogieron múltiples medios, y que la propia Ortiz atribuyó a agentes del ente investigador, fue la siguiente:
«Si usted no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento».
Ortiz afirmó haber acudido varias veces a la Fiscalía antes de que se le impusiera medida de aseguramiento. Sostuvo que interpretó el proceso en su contra como un asunto político derivado de su trabajo con el presidente Petro. Dijo poseer la trazabilidad de esas comunicaciones y una carta enviada a través de su abogado documentando las irregularidades. Describió las presiones como una forma de tortura psicológica.
A la fecha de cierre de esta investigación, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido pronunciamiento oficial alguno que desvirtúe o aclare esas acusaciones. El silencio institucional ante una denuncia de esta magnitud —formulada en audiencia pública, con respaldo documental anunciado— no es un detalle procesal menor. Es, en sí mismo, un dato.
Si la Fiscalía presionó a una testigo para que incriminara ministros, y si esa presión quedó documentada, entonces la cadena de testimonios sobre la que descansa buena parte del caso UNGRD tiene un problema de origen que los entes de control y la opinión calificada no pueden ignorar.
III. La anatomía de un testigo interesado: Olmedo López y la venganza trazable
Los procesos judiciales que se sostienen mayoritariamente sobre el testimonio de colaboradores de la justicia —personas que reciben beneficios penales a cambio de sus declaraciones— imponen a los operadores jurídicos una carga adicional de análisis: verificar si existen móviles personales que distorsionen esos testimonios.
En el caso de Velasco Chaves, ese análisis produce resultados incómodos para la Fiscalía.
Olmedo López, uno de los principales colaboradores de la justicia y pieza central de la acusación, tenía una razón personal documentada para tener animadversión hacia Velasco. Cuando Velasco fue encargado de la UNGRD en el período de la alerta por el volcán del Nevado del Ruiz —unos 30 días, entre abril y mayo de 2023—, recibió una llamada desde la Casa de Nariño solicitándole que nombrara a López como subdirector de esa entidad. Velasco lo citó, evaluó su perfil, y decidió no nombrarlo. Según sus propias palabras, la impresión que le produjo fue suficientemente negativa como para tomar esa determinación de manera categórica.
López quedó molesto. Quedó muy molesto. Un mes después, el primero de mayo de 2023, el presidente Petro designó a López como director de la UNGRD. Una de sus primeras acciones al llegar fue retirar al equipo que Velasco había llevado a trabajar en la entidad.
En lógica elemental, un testigo que tiene un motivo personal documentado para perjudicar al acusado, y que además busca beneficios judiciales para sí mismo, requiere que sus declaraciones sean verificadas con una corroboración independiente de alto estándar. No parece que eso haya ocurrido aquí.
Hay además un problema de coherencia cronológica que el propio Olmedo López no ha podido resolver. Afirmó que en una reunión del Comité Político del 27 de noviembre de 2023 se dieron las instrucciones para los actos de corrupción que la Fiscalía investiga. Pero los hechos más graves —los contratos de los carrotanques, los anticipos pagados, los beneficiarios designados a dedo en La Guajira— ocurrieron entre junio y octubre de 2023. Es decir, meses antes de la reunión donde supuestamente se impartieron las órdenes.
¿Cómo se puede dar una orden en noviembre de 2023 para hechos que ocurrieron entre junio y octubre de ese mismo año?
El Comité Político al que se refiere Olmedo López con el término cónclave —elegido deliberadamente para evocar clandestinidad— era, en realidad, una instancia de coordinación política creada públicamente por el presidente Petro en septiembre de 2022, en el retiro de Hato Grande. Sus reuniones estaban citadas formalmente por la Presidencia, con listado de convocados y registros documentales. Velasco asistió a no menos de 50 de esas reuniones. Ninguna fue clandestina. Todas fueron documentadas. Las pocas en las que coincidió con López fueron convocadas por la Presidencia o por algún ministerio para temas de coordinación ordinaria de gobierno.
La coherencia del «cónclave» no sobrevive a un contraste básico de fechas. Cuando eso salió a la luz, los colaboradores de la justicia comenzaron a variar sus versiones, acomodándolas a las objeciones que surgían. Ese patrón de versiones cambiantes —documentable en las declaraciones sucesivas de López, Sneyder Pinilla y otros— debería haber activado alertas en el ente investigador.
IV. La caja de Pandora que nadie quiere abrir: 1,3 billones de pesos
El escándalo de la UNGRD tiene dos dimensiones que la Fiscalía ha tratado de manera radicalmente asimétrica, y esa asimetría es el dato más revelador de todo el caso.
La primera dimensión es la que se ha perseguido con medidas de aseguramiento, imputaciones e imputados de alto perfil: contratos relacionados con la presunta compra de apoyos parlamentarios y con los carrotanques de La Guajira, valorados en aproximadamente 380 mil millones de pesos, a los que se suman proyectos del Invías —entidad ajena a la UNGRD— por otros 571 mil millones. En esos hechos, la Fiscalía ha actuado con celeridad.
La segunda dimensión es la que no se ha perseguido con comparable energía: más de 1,3 billones de pesos en contratos de obra que Olmedo López adjudicó a través de la Fiduprevisora entre 2023 y 2024, y cuya existencia ha sido documentada por periodistas de investigación independientes. Veinticinco contratos de obra —protección de ríos, construcción de puentes, contención de inundaciones— adjudicados bajo un esquema de proponente único que se repite sin una sola excepción.
El mecanismo era siempre el mismo: se invitan tres oferentes. Solo cotiza uno. Ese único oferente cumple los requisitos —a veces tras dos o tres rondas de subsanación—. López firma la solicitud. Se perfecciona el contrato. Se gira el anticipo del 20%. Y en varios casos, los dos «competidores» restantes resultaron ser empresas fachada, no verificables, cuya única función era dar apariencia de competencia a un proceso que ya estaba decidido.
A esos 1,1 billones de pesos en obras de infraestructura hay que sumar otros 200 mil millones correspondientes a contratos de maquinaria amarilla, carrotanques y ollas comunitarias —ampliamente denunciados por la prensa—. El total supera 1,3 billones de pesos. Las obras, en su mayoría, no existen. La plata de los anticipos, en gran medida, se perdió.
López concentró esa contratación en La Guajira, donde firmó obras con el suegro de su pareja sentimental, y en Santander, municipios con influencia política de Sneyder Pinilla. Contrató un proyecto para las inundaciones de La Mojana —que Velasco había gestionado con un presupuesto estimado de entre 40 y 45 mil millones de pesos, según técnicos del sector— en 129 mil millones de pesos, casi tres veces el costo razonable. Hizo convenios con corporaciones ambientales en Antioquia por más de 300 mil millones de pesos, e incluyó pavimentaciones de vías que no tienen ninguna relación con la gestión del riesgo.
Ninguno de esos 25 contratos ha sido mencionado en una sala judicial ni en una rueda de prensa de la Fiscalía. Ninguno. La caja de Pandora permanece cerrada. Y la pregunta que los entes de control deben hacerse es por qué.
La Fiscalía investiga a Velasco por contratos que no existieron, mientras los contratos que sí existieron —y cuyo rastro es documental, con firmas, fechas y valores precisos— permanecen en la penumbra.
V. El esquema tiene historia: González Angulo y la herencia de la impunidad
Para entender cabalmente la dimensión del problema, es necesario retroceder al período 2018–2022, cuando la UNGRD estuvo bajo la dirección de Eduardo José González Angulo, funcionario del gobierno de Iván Duque. El análisis de ese período revela algo que cambia radicalmente la lectura del caso actual: el esquema de proponente único no fue una invención de Olmedo López. Estaba funcionando desde antes.
Los documentos disponibles muestran que durante la gestión de González Angulo el proceso de selección era idéntico al que López utilizaría después: tres oferentes invitados, solo uno cotiza, gana sin competencia real. Lo que cambió entre una administración y otra fue el escándalo, no el método. Y sin embargo, el tratamiento jurídico ha sido radicalmente diferente.
González Angulo fue directivo de la UNGRD durante cuatro años, período en el que tuvo control directo sobre recursos extraordinarios movilizados por la pandemia de COVID-19, el paso del huracán Iota y las emergencias asociadas. Las investigaciones en su contra documentan:
Un contrato por más de 93.500 millones de pesos en ventiladores adjudicado a empresas sin experiencia acreditada suficiente, durante la pandemia. Sobreprecios en kits de ayuda alimentaria que causaron un detrimento patrimonial por el que la Contraloría le impuso una sanción fiscal. Treinta contratos firmados entre julio y agosto de 2022 —al final del gobierno Duque— por más de 423.000 millones de pesos, incluido uno de 71.000 millones en San Gil (Santander) para obras que resultaron incompletas. Viviendas de interés social en Lloró (Chocó) por 32.000 millones, abandonadas. Refugios para emergencias volcánicas en Nariño por 23.000 millones, nunca construidos. Casas de madera en San Andrés y Providencia, para la reconstrucción posterior al huracán Iota, con un costo promedio de 600 millones de pesos por unidad —cifra que la comunidad internacional calificó como exorbitante para el tipo de construcción—. Una hacienda en Casanare cuya origen patrimonial fue ordenado revisar en el marco de pesquisas sobre corrupción estructural.
La Contraloría detectó hallazgos fiscales por miles de millones de pesos y llegó a suspenderlo provisionalmente del cargo durante la investigación. La Procuraduría le formuló cargos disciplinarios en 2024 por irregularidades en contratos bajo urgencia manifiesta, y en noviembre de 2025 profirió pliego de cargos en su contra —junto al de Olmedo López— por presuntas irregularidades en el proyecto de reconstrucción de Mocoa (Putumayo), financiado con más de 185.093 millones de pesos del Sistema General de Regalías: obras que en su mayoría no fueron concluidas.
González Angulo no ha sido privado de la libertad. No hay condena penal firme en su contra. Las líneas de investigación penal no han avanzado con la misma celeridad que las del caso UNGRD-Petro. Mientras Velasco Chaves —quien estuvo al frente de la UNGRD aproximadamente un mes, sin haber adjudicado un solo contrato cuestionado— duerme en la Escuela de Carabineros, González Angulo enfrenta sus investigaciones en libertad.
Eso no es una coincidencia política. Es un patrón estadísticamente significativo. Y la única hipótesis que lo explica de manera coherente es la que menos le conviene al sistema: la justicia colombiana tiene umbrales diferentes de urgencia represiva según la filiación política de los investigados.
VI. La criminalización de la política: cuándo termina la gestión y empieza el delito
El derecho penal colombiano no sanciona la gestión política. Sanciona conductas específicas tipificadas en el Código Penal. La diferencia entre concertar mayorías parlamentarias —función esencial de cualquier ministro del Interior— y ofrecer prebendas indebidas a cambio de votos es una diferencia de naturaleza.
La Ley 5ª de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso, consagra expresamente la posibilidad de que el Ejecutivo haga gestión legislativa: que sus representantes dialoguen con congresistas, que expliquen los proyectos, que identifiquen intereses regionales y los articulen con las prioridades del gobierno. Eso es, en su esencia más elemental, lo que Velasco Chaves hizo durante su paso por el Ministerio del Interior. Lo que la Fiscalía llama cohecho, la Ley 5ª llama gestión legislativa ordinaria.
El propio Velasco lo señaló ante el tribunal: lo acusan de haber ayudado a parlamentarios a impulsar proyectos de infraestructura para sus regiones. Pero muchos de los contratos que aparecen en los listados cuestionados pertenecen al programa Colombia Rural del gobierno Duque, adjudicados en 2021 y 2022, cuando Velasco era senador de oposición. Aparecen también en esos listados parlamentarios de oposición como Efraín Cepeda —quien jamás facilitó las mayorías del gobierno Petro— y Catherine Miranda, cuya posición opositora es pública y documentada. Si todos ellos aparecen en el listado de supuestos beneficiarios de la gestión de Velasco, el listado no prueba nada.
Hay además una pregunta de coherencia procesal que la Fiscalía no ha respondido: si el objetivo del presunto esquema era comprar votos para las reformas del gobierno, ¿por qué la reforma pensional —que Velasco trabajó intensamente en la Comisión Séptima del Senado— fue engavetada durante siete meses por el entonces presidente de esa corporación? ¿Los votos comprados no servían?
La criminalización de la actividad política ordinaria es uno de los fenómenos más peligrosos para la democracia. No porque los políticos sean inmunes a la ley, sino porque cuando la línea entre gestión y delito se vuelve arbitraria, el sistema penal se convierte en un instrumento de eliminación de adversarios, y no en una herramienta de justicia.
VII. La galería de la impunidad: quiénes no están en la Escuela de Carabineros
Para calibrar la proporcionalidad de la detención de Velasco Chaves, basta comparar su situación con la de otros actores del sistema judicial y político colombiano cuyo paso por la justicia ha producido resultados notablemente distintos.
Santiago Uribe Vélez fue condenado a 28 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir vinculado al grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles. Permanece en libertad mientras espera la resolución de un recurso cuyo trámite se prolonga sin horizonte visible.
Ciro Ramírez fue sentenciado a 23 años por corrupción. Siguió percibiendo honorarios como senador mientras su proceso de pérdida de investidura enfrentó obstáculos técnicos que dilataron su ejecución.
Hernando Deluque, exgobernador de La Guajira, fue condenado a 103 meses de prisión por la Corte Suprema por contratación ilegal. Le fue concedido el beneficio de casa por cárcel.
Emilio Tapia, conocido como el zar de la contratación, vinculado a algunos de los esquemas de corrupción más documentados de la historia reciente del país, ha seguido activo en redes sociales y en espacios privados mientras sus procesos avanzan a ritmo dispar.
Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia y exsenador, fue condenado por la Corte Suprema a 7 años y 11 meses por concierto para delinquir con grupos armados ilegales. Se le permitió cumplir parte de la condena fuera de prisión.
Rodrigo Renaut, condenado por abuso sexual, estuvo siete años prófugo. Al ser capturado, el descuento del tiempo en arresto domiciliario redujo la pena efectiva a menos de cuatro años.
Tres funcionarios implicados en un desfalco de aproximadamente 16 millones de dólares en contratos de mantenimiento de helicópteros militares, según señalamientos de la Fiscalía por falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación, quedaron en libertad al no ser considerados un riesgo para la sociedad, a pesar de la gravedad técnica de las imputaciones.
El contraste es elocuente. Un exministro del Interior, sin antecedentes penales, imputado por un delito que no implica apropiación directa de recursos, con arraigo familiar, con historial de colaboración institucional —incluida su presentación voluntaria en dos oportunidades ante las autoridades, ambas veces en menos de una hora tras conocer las órdenes en su contra—, está privado de libertad. Otros actores con condenas firmes o imputaciones de mayor gravedad objetiva no lo están.
La ley colombiana excluye expresamente la prisión domiciliaria para delitos como el concierto para delinquir agravado, el homicidio agravado, el lavado de activos y los delitos contra la administración pública. Si esa exclusión se aplica de manera selectiva, no es la ley la que opera: es la conveniencia política de quienes la aplican.
VIII. El sistema que sobrevive a todos los gobiernos
Hay una pregunta que este editorial deja abierta deliberadamente, porque su respuesta trasciende el caso de Velasco Chaves y toca la estructura misma del Estado colombiano: ¿el esquema de corrupción en la UNGRD fue obra de un gobierno, o de un sistema que sobrevive gobierno tras gobierno?
Los documentos disponibles muestran que el mecanismo del proponente único —tres invitados, uno cotiza, uno gana— operó bajo González Angulo, siguió operando bajo López, y en ambos casos dejó un rastro documental de contratos con firmas, fechas y valores precisos que están disponibles para quien quiera revisarlos. La diferencia entre los dos períodos no está en el método: está en la energía con la que el sistema de justicia ha perseguido a sus protagonistas.
Eso sugiere algo más perturbador que la corrupción individual: sugiere que la UNGRD fue usada como mecanismo de financiamiento extraoficial por redes que atraviesan distintas administraciones, y que cuando el escándalo explota, el sistema necesita un chivo expiatorio visible para demostrar que actúa, sin tocar las estructuras profundas que permiten que el saqueo continúe.
Velasco Chaves reúne todas las condiciones para ese papel: es un político de alto perfil, tiene visibilidad nacional, su detención genera cobertura mediática inmediata, y su imputación puede presentarse ante la opinión pública como prueba de que nadie es intocable. Que no se haya apropiado de un solo peso, que los contratos que se le atribuyen nunca hayan existido, y que su período al frente de la UNGRD haya durado aproximadamente un mes, son detalles que en esa lógica resultan secundarios.
Lo que no resulta secundario, y lo que los entes de control tienen la obligación de examinar, es lo siguiente: si el sistema puede detener a un exministro por contratos que no existieron, mientras ignora 1,3 billones de pesos en contratos que sí existieron y cuyas obras no aparecen, entonces el sistema no está persiguiendo la corrupción. Está administrándola.
IX. Lo que los entes de control deben responder
Este editorial no concluye con una sentencia sobre la inocencia o culpabilidad de Luis Fernando Velasco Chaves. Eso corresponde a los jueces. Concluye con una serie de preguntas que la Fiscalía General, la Contraloría, la Procuraduría y la propia Corte Suprema de Justicia tienen la obligación institucional de responder públicamente:
¿Por qué los 25 contratos de obra adjudicados por Olmedo López a través de la Fiduprevisora, por un valor superior a 1,1 billones de pesos, no han sido mencionados en ninguna audiencia ni en ninguna rueda de prensa de la Fiscalía?
¿Qué explicación institucional existe para que el esquema de proponente único documentado desde 2022, bajo la gestión de González Angulo, no haya producido una privación de libertad comparable a la de Velasco Chaves?
¿La Fiscalía ha iniciado una investigación disciplinaria interna sobre las presiones que Sandra Ortiz denunció en audiencia judicial? En caso contrario, ¿por qué no?
¿Cuál es la base probatoria independiente —más allá de los testimonios de colaboradores con intereses judiciales propios— que sustenta la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Velasco Chaves?
¿Por qué la imputación contra Velasco se anunció a los dos días de estallar el escándalo de Calarcá, desvío mediático incluido, si la propia Fiscalía había declarado días antes que su investigación «apenas estaba avanzando»?
Esas preguntas son el mínimo exigible a un sistema de justicia que aspira a ser creíble ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional.
En fin, después de largos días de investigación he llegado a una conclusión, que es la que todo el mundo debiera exigir: la democracia exige que la justicia sea igual para todos.
Colombia no tiene un déficit de leyes anticorrupción. Tiene un déficit de aplicación uniforme de esas leyes. Y cuando esa aplicación desigual recae sobre figuras políticas de alto perfil, en momentos de alta tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial, el riesgo no es solamente la injusticia individual: es la erosión sistemática de la confianza en las instituciones.
Luis Fernando Velasco Chaves tiene derecho a que su caso se juzgue con las mismas reglas que se aplicarían a cualquier otro ciudadano colombiano: sin presiones sobre los testigos, sin asimetría investigativa, sin el uso de la detención preventiva como instrumento de presión o de señalamiento anticipado. Ese no es un privilegio político. Es una garantía constitucional.
El escándalo de la UNGRD es real. El saqueo de recursos públicos que se produjo bajo la dirección de Olmedo López está documentado en cifras que superan con creces lo que la Fiscalía ha llevado a los estrados. La exigencia de que ese saqueo sea investigado en su totalidad —incluyendo el período de González Angulo y los 1,3 billones de pesos que nadie ha querido examinar— no es una defensa del gobierno actual ni del anterior. Es una exigencia de coherencia institucional.
Mientras los verdaderos arquitectos del saqueo sigan operando en libertad o en la comodidad de investigaciones que no avanzan, y mientras hombres como Velasco Chaves —imputados por reuniones que existieron pero que no ordenaron nada, y por contratos que nunca llegaron a existir— permanezcan detenidos, la democracia colombiana seguirá siendo, en sus partes más críticas, una promesa incumplida.
Este editorial fue construido sobre documentos de dominio público, declaraciones en audiencias judiciales, registros de contratación verificables y testimonios de primera fuente. Está disponible para su reproducción total o parcial con el crédito correspondiente.
Colombia, mayo de 2026 – Asesoría Jurídica: Diana Isabel Luna C. Abogada, especialista en Derecho Administrativo.
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