¿Están fallando los filtros de contratación pública en el Valle?
Por redacción.
El caso de Jamundí reabre el debate sobre los controles de antecedentes, la verificación disciplinaria y la responsabilidad administrativa en entidades públicas de la región.
La nueva controversia que rodea a la Alcaldía de Jamundí ya no gira únicamente alrededor de un contrato. El debate de fondo apunta ahora a una pregunta mucho más amplia y delicada:
¿están funcionando realmente los filtros de contratación pública en el Valle del Cauca?
La denuncia revelada por SEMANA sobre la vinculación de una abogada con sanción disciplinaria vigente dentro de la Secretaría de Salud de Jamundí volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control que deberían impedir este tipo de situaciones dentro de la administración pública.
Según la publicación, Angelly Gissel Castillo Ramos fue contratada el 9 de enero de 2026 mediante prestación de servicios profesionales, pese a que días después comenzó a regir oficialmente una suspensión disciplinaria de seis meses emitida por la jurisdicción disciplinaria judicial. (semana.com)
Más allá de las responsabilidades individuales o de las explicaciones jurídicas que eventualmente entregue la administración municipal, el episodio revive un problema estructural que organismos de control vienen advirtiendo desde hace años: la debilidad en los procesos de verificación de antecedentes, inhabilidades y sanciones dentro de la contratación estatal.
Y Jamundí no aparece como un hecho aislado.
En 2025, la Contraloría General de la República alertó sobre más de 700 contratos estatales firmados por personas que presentaban algún tipo de inhabilidad o restricción vigente en diferentes regiones del país. (semana.com)
En el Valle del Cauca también han surgido otros episodios recientes relacionados con controles administrativos y validación de perfiles dentro del sector público. Uno de los más sonados fue el caso del exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Restrepo, sancionado e inhabilitado por 18 años tras comprobarse que presentó un título falso para acceder al cargo. (infobae.com)
La discusión también alcanza el modelo de contratación pública territorial, especialmente en municipios donde persisten altos niveles de provisionalidad, contratación por prestación de servicios y estructuras administrativas con baja capacidad de auditoría preventiva.
Para distintos sectores, el problema ya no es únicamente quién firma un contrato, sino qué tan sólidos son los mecanismos institucionales para detectar alertas antes de que una contratación quede formalizada.
En medio de la creciente presión pública, la Alcaldía de Jamundí aún no entrega una posición oficial frente a los cuestionamientos revelados por SEMANA ni ha aclarado si existió una revisión posterior de antecedentes tras la entrada en vigencia de la sanción disciplinaria. (semana.com)
El caso, sin embargo, vuelve a abrir una discusión incómoda para las administraciones públicas de la región: cuánto control existe realmente sobre quienes terminan manejando asuntos jurídicos, técnicos y administrativos dentro del Estado.
Y, sobre todo, quién responde cuando esos filtros fallan.
