Reformas estructurales tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Defensoría del Pueblo, fueron dispuestas con la firma de los decretos-leyes que tuvo lugar ayer en la Casa de Nariño, por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Durante el acto de firma de las normas, el Jefe de Estado señaló que la intención es facilitar más herramientas en la lucha contra la corrupción, con cambios de fondo en la entidad judicial. Dijo que dicha institución dispondrá de los instrumentos necesarios para enfrentar con mayor efectividad el crimen organizado y señaló que la entidad tendrá mayor presencia en las regiones.
La reforma también le permitirá a la Fiscalía incorporar personas con más preparación y tener investigadores especializados en las averiguaciones de los diferentes delitos, especialmente para “afrontar asuntos de seguridad ciudadana, que es también uno de los vacíos o de las necesidades que más hemos venido detectando en estos últimos tiempos”, sostuvo Santos.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, resaltó que producto de la reforma a esa entidad, se profesionalizará todos los miembros de Policía Judicial y aseguró que uno de los grandes logros es que la Fiscalía por medio de todas sus direcciones “tendrá presencia en todas las regiones del país”, anunciando la creación de 3 mil 500 cargos para tal fin.
También, el fiscal Montealegre anunció la creación de una universidad pública, adscrita a la Fiscalía, con personería jurídica y patrimonio autónomo, que se va a encargar de profesionalizar a los miembros de la Policía Judicial. “Esta reforma es la más importante en materia administrativa que se ha producido al interior de la Fiscalía General de la Nación desde la expedición de la Constitución de 1991”, concluyó el Fiscal Montealegre.
En cuanto a la reforma a la Defensoría del Pueblo, el presidente Santos señaló que se fortalecerá atención a las víctimas. Igualmente, destacó que tendrá más cobertura en aquellos territorios donde se producen más violaciones de los derechos fundamentales.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, afirmó que con la firma del Decreto Ley que reestructura la entidad a su cargo “se pasó de la retórica a la realidad” en la defensa de los derechos de los colombianos. “Mucho hablamos del respeto y del acatamiento a los derechos humanos, pero muy poco se hacía por fortalecer estas instituciones”, indicó el alto funcionario durante la ceremonia efectuada en la Casa de Nariño.
También indicó que con la reforma la Defensoría podrá ayudar con eficacia a la implementación de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que “es un gran esfuerzo que está haciendo el Estado”. Igualmente, resaltó el fortalecimiento que tendrá la defensoría pública en la asistencia jurídica gratuita que no solo será en los casos penales, sino también en los laborales, entre otros campos.
A continuación, la declaración del presidente Santos al respecto:
