Constituyente en Colombia inicia ruta con comité ciudadano

Con la inscripción de un comité promotor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, comenzó formalmente el trámite ciudadano para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, iniciativa que cuenta con respaldo explícito del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado informó el registro del comité en su cuenta de X y reiteró su llamado a que la ciudadanía ejerza el poder constituyente previsto en la Constitución. Petro sostuvo que el objetivo es superar lo que denomina un bloqueo institucional frente a las reformas que su administración ha intentado tramitar en el Congreso.

A nombre del Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompañó la radicación del Comité Promotor para la Convocatoria a la Asamblea Constituyente. Señaló que, desde este momento, se pone en marcha la recolección de firmas para que el “poder constituyente” de la ciudadanía se exprese con la fuerza que, según sus promotores, requiere un cambio constitucional. La meta es reunir por lo menos tres millones de firmas, aunque el presidente ha planteado llegar a diez millones.

La propuesta busca presentar un proyecto de ley ante el Congreso que será elegido el 8 de marzo de 2026. De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, ese proyecto se radicaría el 20 de julio de 2026, cuando se instale el nuevo Legislativo. El actual Congreso, indicó Sanguino, no sería el escenario para este trámite, dado que —según su valoración— ha frenado buena parte de las iniciativas de reforma social del Ejecutivo.

El Comité Promotor está integrado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía. Su vocero, Wouriyú Valbuena, explicó que el propósito es convocar a millones de personas para respaldar un proyecto de ley que abra lo que denominan una etapa contemporánea de la República, con énfasis en paz, descentralización y reorganización de la economía.

En su intervención, Wouriyú Valbuena sostuvo que es necesario reconocer, en un eventual proceso constituyente, los derechos de sectores como la población campesina, las personas trabajadoras, comunidades negras, pueblos indígenas, víctimas del conflicto y colombianos en el exilio. Afirmó que la Constitución de 1991 no ha logrado cerrar las brechas que afectan a estos grupos y que, por ello, consideran necesario un nuevo ejercicio constituyente de carácter primario.

En el documento de radicación, el comité argumenta que la convocatoria a la Asamblea Constituyente responde a la necesidad de reformas de fondo en salud, educación, trabajo y economía. Plantea que la construcción de un Estado de bienestar quedó inconclusa y que el Estado ha sido permeado por corrupción, narcotráfico y violencia, lo que se traduce, según los promotores, en un incumplimiento del Estado Social de Derecho y en violaciones persistentes de los derechos humanos.

La sustentación jurídica de la iniciativa se apoya en los artículos 374 y 376 de la Constitución Política, que regulan los mecanismos de reforma constitucional y la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, así como en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, que desarrollan los procedimientos de participación ciudadana.

Desde el Gobierno, el ministro Sanguino sostuvo que el fin de la constituyente sería “hacer realidad el Estado Social de Derecho” previsto en la Carta del 91 y destrabar reformas sociales que no han superado el trámite legislativo, entre ellas la reforma a la salud, ajustes al sistema de justicia y cambios de carácter político. Según indicó, durante los próximos meses el Ejecutivo acompañará la campaña pedagógica y de recolección de firmas que adelantará el comité en distintas regiones del país.