El horror se volvió paisaje

La indiferencia también asesina

Tiene uno que estar muy despistado, no conocer el país, hacerse el “gringo”, o ser cómplice, para no entender cómo es que funcionan las cosas en el Cauca: la indolencia del Estado ha permitido que vastos territorios sean devorados por la criminalidad.

Por ejemplo, hace unos días una funcionaria de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a quien supuestamente delegaron para la vigilancia del derecho a la libre expresión, ante una solicitud nuestra, expidió un concepto que evidenció su absoluta ignorancia sobre el departamento del Cauca.

Se trata de recuperar la soberanía perdida. De garantizar que un periodista pueda informar sin miedo y que los ciudadanos puedan transitar sin el riesgo de ser asesinados por un par de sicarios en una moto. El Cauca necesita que la justicia, el desarrollo y la libertad vuelvan a florecer, y para ello, el país debe entender que la guerra se gana con una acción contundente, humana y decidida.

Una radiografía del Cauca muestra una columna vertebral: la carretera Panamericana. Las poblaciones ubicadas sobre esa ruta son las únicas que puede visitar cualquier ciudadano que necesite hacerlo, si es que cuando lo haga no está bloqueada.

Puede salir de Cali hacia el Cauca pasando por un lado de Villa Rica. En este trayecto hay que advertir que es mejor no hacerlo en moto: se corre el riesgo de que lo asesinen para robársela.

Puede visitar a Santander de Quilichao en algunos sectores, el parque Bolívar, el parque Santander, en los que aún no han delimitado fronteras invisibles controladas por actores armados no oficiales. Si quiere, puede continuar al corregimiento de Mondomo, vedado en ciertos sectores; pasar por Piendamó para llegar a Popayán, donde todavía puede hacer algo de turismo por el centro histórico.

Sigue hacia Timbío, pasa más hacia el sur, a Rosas, aún en manos de quienes están intentando recuperar la Panamericana en este sector desde hace varios años, y llega a El Bordo, en el Patía (es mejor pasar rápido), hacia El Estrecho y más adelante, entra a Nariño. Etapa superada.

Pero no se le vaya a ocurrir desviarse en sentido transversal, ni hacia la derecha, porque ingresa a la ruta hacia El Naya, sobre el Pacífico, tierra vedada para cualquier ciudadano común; a Suárez, se puede ir, igual que a Buenos Aires con ciertas precauciones y muy bien escoltado, como lo hace Francia. Previamente, es necesario reportarse a las autoridades de comunidades negras (guardia cimarrona) o de comunidades indígenas (guardia indígena), desde La Balsa o desde Timba, según su peligrosa investigación. Son territorios controlados por actores de la minería ilegal y rutas del narcotráfico oriente-occidente, hacia el Mundo exterior por el océano Pacífico.

Tampoco se le ocurra girar a la izquierda; la curiosidad por conocer es mejor satisfacerla en Google Maps porque si pensamos ir hacia el oriente del departamento, hacia el nevado del Huila, la cosa es al mismo precio de pegar hacia el occidente: Las áreas que cubren los municipios de Toribío, Jambaló, Caldono, y la ruta rota que conduce hacia Tóez, Tálaga y Páez, Belalcázar, son territorios vedados para ciudadanos comunes y corrientes porque constituyen un corredor importante para la movilidad entre diferentes regiones del país hacia los mercados de centro y norte América, Asia y Australia, a través del Pacífico, lo que lo convierte esta área en un punto geoestratégico relevante para el narcotráfico y las economías ilícitas.

Si se le ocurre “mejor” buscar la salida al mar por la ruta Balboa, La Planada, San Alfonso, Argelia Sinaí, El Mango, El Plateado, o bajar por El Tambo hacia el Cañón del Micay, para llegar a la costa del Pacífico, integrada por los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi, ¡ni se le ocurra! Es una extensa región utilizada de manera exclusiva para cultivos ilícitos, laboratorios para el procesamiento de cocaína y la libre movilización y comercialización del contrabando y armamento, la minería ilegal y el narcotráfico. Este sector, que es casi la tercera parte del departamento del Cauca no está bajo el control social, territorial, económico ni político del Estado. Allá inclusive, de manera frecuente hay secuestros colectivos de militares debidamente armados y equipados.

Entonces, miramos hacia enfrente, hacia la izquierda descendiendo por la Panamericana, al Macizo Colombiano, al tesoro ambiental donde nacen los cinco ríos más grandes del país, que abastecen de agua al 70 % de los colombianos. Pero resulta que hoy está en poder de las disidencias de las Farc, Frente Andrés Patiño, que dispuso expulsar al frente Manuel Vásquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para, remplazando al Estado, controlar esta otra parte del departamento. Ese frente, no el Gobierno Nacional, es el que controla las actividades económicas, políticas, territoriales que existen en ocho municipios del Macizo Colombiano: Bolívar, Sucre, Almaguer, La Vega, Rosas, La Sierra, San Sebastián y Santa Rosa.

Esta es una región clave por su geografía montañosa, biodiversidad y abundancia de rutas estratégicas para el tráfico de armas, drogas y recursos, y el control hace rato lo perdió la Fuerza Pública. Todo ese sector está bajo el poder de la criminalidad armada que controla desde la extracción ilegal de oro hasta el desplazamiento forzado que siempre genera grave crisis humanitaria, desatendida y permanente.

No sé qué intereses puedan motivar a los grandes medios y a muchas autoridades del orden nacional al no poner en evidencia que en el departamento del Cauca el Estado colombiano fue desalojado de hecho y que el control territorial, social, político y económico no lo ejercen los gobiernos legalmente elegidos sino las mafias del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, de armas, especialmente.

No entiendo por qué la institucionalidad no quiere escuchar a la población. Yo creo que el Cauca requiere un tratamiento especial no considerado en fórmulas ordinarias ni en los planes generales de gobierno o desarrollo. El Cauca se les salió de las manos.

Cauca sigue siendo el epicentro de la violencia

“Cada día y medio matan a un líder social en Colombia: este año ya van 136 según la Fiscalía”. Así tituló el diario El Tiempo su portada del pasado domingo. Registraba con estadísticas oficiales que son “Cauca, Antioquia y Valle, los tres departamentos donde más se registran asesinatos de líderes sociales”.

También reconocía: “En varias regiones del país –el Catatumbo, el mismo Guaviare, Arauca, Putumayo y Cauca– tan solo levantar la voz contra la economía de la coca, la minería ilegal o el reclutamiento de niños equivale a cargar una lápida al cuello”.

El titular de El Tiempo oculta una verdad mucho más cruda y desproporcionada. Si bien el Cauca es señalado como el epicentro con 26 crímenes, doblando a Antioquia (13) y triplicando al Valle (11), un análisis más profundo revela la magnitud real de la tragedia.

Al comparar estos datos con las cifras de población, el escenario se torna abrumador. Con apenas 1.590.171 habitantes, el Cauca dobla en asesinatos a Antioquia, un departamento que tiene casi 7 millones de habitantes (aproximadamente cinco veces más). En términos relativos, esto significa que la violencia contra líderes sociales en el Cauca es, al menos, diez veces más alta que en Antioquia. De igual manera, el Cauca triplica en crímenes al Valle del Cauca, un departamento con 4,6 millones de habitantes, lo que convierte a la región caucana en un foco de violencia sin parangón.

Esta comparación proporcional revela lo que el discurso oficial evita reconocer: que el Cauca concentra una crisis de derechos humanos única en el país, donde la ausencia de garantías estatales, la presencia de múltiples actores armados y la economía ilícita han convertido a los líderes comunitarios en objetivo preferente de la violencia.

Otras publicaciones de Alfonso Luna Geller en Proclama del Pacífico: