Más recursos para la universidad pública
El Gobierno Nacional anunció que la educación superior pública contará con recursos permanentes y en crecimiento sostenido, a partir de una transformación en el modelo de financiamiento que ha sido presentada como un ajuste estructural. La medida fue socializada con los rectores de las 67 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país.
Según lo informado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, el nuevo esquema contempla la transferencia anual de 11,2 billones de pesos. De ese total, 2,14 billones serán incorporados directamente al presupuesto de funcionamiento, sin depender de los límites definidos año a año por el marco fiscal.
Este traslado representa un cambio en la forma como el Estado financia la gratuidad en la educación superior. Con ello, el Gobierno busca garantizar la sostenibilidad del acceso sin condicionamientos presupuestales, al tiempo que las instituciones podrán ampliar cobertura, regionalizar programas académicos y mejorar su planta de personal.
Según el Ministerio de Educación, los recursos crecerán cada año con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 27 puntos. Este cálculo será la base de indexación de los presupuestos en el futuro, independientemente de la administración en curso.
El nuevo modelo impactará directamente a más de 900.000 estudiantes de pregrado, quienes se beneficiarán de la Política de Gratuidad en las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas públicas del país. Entre 2023 y 2024, esta política movilizó cerca de 4 billones de pesos.
Durante la reunión con los rectores, el Gobierno señaló que se crearán 500.000 nuevos cupos en educación superior, cifra equivalente a la totalidad de cupos creados desde la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992. La meta es alcanzarlos en cuatro años.
Los rectores presentes expresaron su respaldo a la medida. Helberth Choachí, de la Universidad Pedagógica, señaló que la decisión permite superar déficits estructurales acumulados durante décadas. Por su parte, Hernán Porras Díaz, rector de la Universidad Industrial de Santander, destacó que la estabilidad presupuestal permitirá ampliar planta docente y garantizar continuidad. Robert Romero, rector de la Universidad Popular del Cesar, reconoció que el jefe de Estado escuchó las inquietudes planteadas por los directivos.
El Gobierno también detalló cinco beneficios centrales de la armonización de esta política: los recursos serán permanentes; estarán por fuera del rubro de inversión, lo que los aleja de restricciones fiscales anuales; habrá incremento histórico en el financiamiento; se otorga tratamiento presupuestal equitativo a las instituciones técnicas y tecnológicas; y se fortalece la oferta educativa pública desde las regiones.
La implementación comenzará en el segundo semestre de 2025.
