Universalidad de la ley
CARLOS E. CAÑAR SARRIA
“En la naturaleza los hombres nacen iguales; pero esa igualdad no se mantiene. La sociedad se la hace perder y sólo vuelven a ser iguales por las leyes”. Esto lo dice Montesquieu en “El espíritu de las leyes”. En las sociedades democráticas, sobre todo en los regímenes políticos de corte liberal, el Estado está supeditado al Derecho. En este sentido, el espíritu de las leyes debe caracterizar la igualdad entre todos los asociados. Ante la disyuntiva entre el gobierno de hombres o el gobierno de leyes, el Estado de Derecho privilegia las leyes. El Estado de Derecho se limita a la propia normatividad que él mismo establece; por lo tanto, los individuos, las autoridades y los gobiernos en general, deben actuar acogiéndose a esas normas; de lo contrario el Estado se desmorona, presentándose la anarquía y la anomia social.
Si algo tiene de bueno la verdadera democracia es la universalidad de la ley. Todos los asociados sin distingo alguno, debemos cumplirla y acatarla. No da lugar a privilegios por la posición política, social o económica, etc. de los actores sociales, precisamente por ser todos responsables ante la ley y la sociedad. Esto lo tienen bien entendido las democracias maduras como la norteamericana y en otros países con gobiernos de corte liberal. En la práctica se aplica la común consigna: “O todos en la cama o todos en el suelo”. Los gobernantes, los legisladores y las demás autoridades deben actuar como paradigmas en la sociedad. Que si no lo hacen, el peso de las leyes deberá caer sobre ellos con el mismo ímpetu que si se tratara de personas comunes y corrientes. El buen ejemplo es el principal instructor, de lo contrario, la democracia se envilece en un mundo de privilegios e inconsistencias.
En Colombia se han dado avances significativos en términos de universalidad de las leyes; es así que personas poderosas han tenido que responder por conculcación de las mismas. La creencia de que “las leyes son para los de ruana” debe abolirse. Falta más. No pocos siguen creyendo que estar investidos o revestidos de poder, les da licencia para actuar tranquilamente violando el orden jurídico, pretendiendo o poniéndose por encima de la normatividad vigente.
Ese es el caso del senador Eduardo Merlano, quien protagonizó un escándalo por ‘supuestamente’ conducir en estado de embriaguez y sin pase de conducción. El video en televisión, mostró al senador oponiéndose a los requerimientos de los patrulleros de Policía que cumplían con su deber. Se negó a la práctica de la prueba de alcoholemia bajo el argumento de ser “Senador de la República” y de contar con una cantidad de votos con los que había sido elegido. En tono intimidatorio, Merlano pidió a uno de los agentes: “Llámeme a su superior, llámeme al coronel (…) yo soy senador de la República». Lo más triste de todo esto, es la queja de los patrulleros en el sentido de que no recibieron respaldo de sus superiores. Los pronunciamientos de respaldo se dieron después de que los patrulleros anunciaran retirarse de la institución y de sentirse abatidos emocionalmente.
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