La útil inutilidad del Consejo Departamental de Cultura
Alguna utilidad debe tener la inutilidad crónica del Consejo Departamental de Cultura.
¿Para qué es útil? ¿Para qué es inútil? Mejor dicho: ¿para quiénes es útil? ¿Para quiénes es inútil? Tal vez sea más preciso decir ¿cómo es posible que lo inútil o supuestamente inútil, tenga alguna utilidad? O bien ¿Cómo es posible que lo útil o supuestamente útil pueda ser o sea inútil?
Dichosa edad y tiempos aquellos de los 90 cuando a los mandamases internacionales ante la euforia provocada por la internacionalización abierta, decían, de la información, ante aquella soñada “globalización de las preguntas y la universalización de las respuestas”, les dio por revivir y vendernos refritada la idea del viejo Hegel de que podría haber una plenitud social cuando existiera un pegamento, una mitología que permitiera reconstruir la unidad del hombre y la naturaleza, del hombre y la sociedad, del hombre y el cosmos.
Ese refrito ha consistido en vendernos la idea de la cultura, en vez de la religión, en los tiempos posmodernos como supremo hacedor del ser colectivo en la cual podríamos reencontrar y unir los pedazos en que se había convertido la vida social y conocimiento: filosofía, estética, religión, política, economía.
En nuestro país, la concreción de tal enunciado se sintetizó en la famosa ley de Cultura, y en la creación regional de Consejos Departamentales para orientar a los gobernantes con la también ya famosa participación ciudadana, a fin de encontrar sentido de identidad, rescatar los “valores perdidos” y constituir la nacionalidad.
Mientras nuestra sociedad ha evolucionado hacia un ejército de mendigos con tarjeta débito que por supuesto deciden el destino de la administración pública y su cultura necesaria, valiente tontería significa seguir pensando en un lenguaje de hombres libres para constituir un colectivo social armónico.
No solo por ello. También de vieja usanza, la distribución de la inversión pública cultural pasa y sigue pasando por los mismos parámetros de la sociedad instaurada, donde unos pocos, con sus relaciones, presiones y demás detentan cerca del 90% de las cuotas presupuestarias, mientras, precisamente un 80% deben entre si forcejear por el 20 % restante.
En cierta ocasión un burgomaestre se acordó de un Consejo Municipal de Cultura, para que en su acta constara que él, ni de manera escrita ni pública había autorizado la intervención atrabiliaria del patrimonio cultural. Con ello se dio por levantada la sesión y aprobada la moción por los mismos gestores culturales en espera de la recompensa presupuestal que nunca les llegó.
