La violencia contra los medios indígenas
La muerte de Efigenia, un capítulo más en la violencia contra los medios indígenas
En 2017, la FLIP registró un nuevo asesinato de una comunicadora por razón de su oficio. El 8 de octubre de ese año, Efigenia Vásquez, comunicadora de la emisora Renacer Kokonuko y del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, murió al recibir impactos con arma de fuego mientras cubría y participaba en una protesta en la que comuneros del Pueblo indígena Kokonuko reclamaban la propiedad colectiva de un predio en Puracé, Cauca. La Fiscalía plantea tres hipótesis en su investigación. Una de ellas apunta a que los responsables del asesinato serían miembros del Esmad.
Desde 2010, ningún comunicador indígena había sido asesinado. El 11 de abril de 2010, Mauricio Medina Moreno, comunicador indígena Pijao fue asesinado en el Tolima por desconocidos que ingresaron a su casa y le propinaron 15 puñaladas. Meses después, el 14 de octubre, Rodolfo Julio Maya Aricape, comunicador de Radio Payumat en Caloto, Cauca, fue asesinado presuntamente por grupos paramilitares, luego de ser señalado como miembro de las Farc.
Estos asesinatos son los episodios más graves en la violencia directa contra los comunicadores de los pueblos indígenas y dejan en evidencia un panorama aún más complejo para sus medios de comunicación.
De manera reiterativa, las emisoras indígenas han sido víctimas de agresiones directas por parte miembros de la Fuerza Pública y a diario se enfrentan a otro tipo dificultades con entidades del Estado para desarrollar su labor. Durante 2017, la FLIP documentó cinco ataques contra comunicadores y medios de comunicación indígenas en el Cauca, de los cuales cuatro son responsabilidad de la Fuerza Pública. A esto se le suman ataques en contra de la infraestructura de las emisoras indígenas. En junio de 2017, por ejemplo, agentes del Esmad rodearon la emisora Renacer Kokonuko e intentaron ingresar a las instalaciones para impedir que los comunicadores hicieran su programa. Luego, en julio, durante una nueva jornada de enfrentamientos entre la guardia indígena y el Esmad, fue suspendido el servicio de luz de la emisora durante varias horas, impidiendo a los comunicadores informar qué estaba pasando con la protesta.
Esta no sería la primera vez que la Fuerza Pública intenta interferir en las comunicaciones de las emisoras indígenas. José Vicente Otero, miembro del Programa de Comunicaciones del CRIC, asegura que, en medio del conflicto armado, varios comunicadores indígenas han resultado afectados por razón de su oficio.
Hace cuatro años, los gobernadores indígenas de los resguardos de San Francisco, Toribío y Tacueyó, presentaron pruebas de audio donde se escucha a miembros de la emisora itinerante del Ejército Nacional 98.3 F.M. hacer llamados para que los indígenas Nasa hicieran parte de sus tropas. El peligro que suponía la ‘invitación’ del Ejército a que tomaran partido por uno de los bandos del conflicto armado no tardó en materializarse. Al poco tiempo la emisora Nasa de Toribío fue objeto de un ataque con explosivos por parte de la guerrilla de las FARC.
La Corte Constitucional, por medio de la Sentencia T-795/13, prohibió al Ejército Nacional hacer menciones públicas a miembros de los resguardos indígenas o integrantes de la población civil que habitaran en zona de riesgo.[1]
Sin embargo, no son únicamente este tipo de ataques lo que han debilitado a los medios indígenas. De acuerdo a la investigación de la FLIP Cartografías de la Información, existen once emisoras indígenas en el Cauca, de las cuales ninguna vincula a sus periodistas por medio de un contrato laboral. Nueve emisoras pagan menos de un salario mínimo y solo dos pagan por encima del mínimo. Adicionalmente, la legislación que cobija a estas emisoras tampoco es favorable para su sostenimiento, pues no permite que transmitan en red, ni que transmitan pauta comercial, reduciéndoles las posibilidades de financiación.
Pero tal vez la mayor dificultad que tienen estas emisoras son los procedimientos administrativos del Estado, relacionados con el pago de la licencia por el uso del espectro. De acuerdo a la visión indígena, los tres espacios sagrados (suelo, subsuelo y aire) son propios y “no consideramos justo pagar este impuesto”, pues hacen parte del territorio autónomo, asegura José Vicente Otero.
Un integrante de la emisora Nasa Stereo de Toribío cuenta que “con las demás emisoras indígenas del CRIC estamos peleando con el Estado para que se condonen las deudas, pues estamos en un territorio ancestral. Hay muchas deudas, unas de 28 millones por el espectro, otras de 45 millones (…) y se debe también 8 o 10 millones por Sayco y Acinpro”. Siete de las once emisoras indígenas de este departamento tienen actualmente deudas con el Ministerio, según datos de Cartografías de la Información.
Esto ha derivado en diferentes sanciones del MinTIC. Una de ellas, es el embargo de las cuentas que tienen los cabildos indígenas con el Estado, en donde reciben dinero por otros convenios o proyectos para educación y salud. “Ya que el cabildo es el representante legal de las emisoras, la forma de presión es embargar las cuentas que éste tiene con el Estado. Los cabildos de Jambaló, Totoró y Tierra Adentro han recibido este tipo de sanciones”, dice el comunicador de Nasa Stereo.
A partir de esto, las organizaciones indígenas se han organizado desde 2001 para crear espacios de diálogo y discusión, y exigirle al Gobierno garantizar el derecho a la comunicación propia. En agosto de 2012, durante las movilizaciones de las comunidades indígenas del Cauca, el tema de la comunicación fue incluido como un tema específico y urgente en la lista de reivindicaciones ante el Gobierno, pues en este año se cumplían 10 años de la licencia de las emisoras, en especial del Cauca, y debían renovarlas.
La negociación incluía dos aspectos fundamentales. El primero, la condonación de las deudas por el uso del espectro y las de Sayco y Acinpro, para así garantizar la continuidad de las emisoras. Y el segundo, la construcción de una política pública diferencial de comunicación de los pueblos indígenas del país.
De esta forma, desde 2012 empezó la construcción de la política pública de forma conjunta entre los procesos de comunicación de los pueblos indígenas, a través de la ONIC, CRIC, OPIAC, CIT, Autoridades Tradicionales AICO, con el apoyo del MinTIC, la cual fue protocolizada el pasado 6 de diciembre. La Comisión Nacional de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas, junto con el Ministro David Luna, presentaron ante la Mesa Permanente de Concertación en plena y los Ministerios de Educación, Interior y Cultura, el documento que contiene los componentes de política pública de comunicación indígena y sus líneas de acción.
La Política Pública plantea que “en el caso específico de la radio, el hecho de no poder enlazar las emisoras indígenas a nivel nacional, regional y local, ya es un hecho discriminatorio; el no poder acceder al espectro electromagnético en condiciones autónomas ni equitativas, la no renovación de licencias, las dificultades para su sostenimiento técnico y financiero, y la necesidad de crear nuevas emisoras para los pueblos que aún no las poseen, y que autónomamente lo decidan, son problemáticas que desconocen la autonomía e integridad de los territorios indígenas […] reconocen un tratamiento de abandono y marginalidad frente a los procesos regionales y locales de los pueblos indígenas, impiden el desarrollo de las iniciativas propias […]”.También reconoce la limitación e iniquidad en el acceso a conectividad en cuanto a cobertura, sostenibilidad y calidad para los territorios indígenas.
De este proceso quedaron tres acuerdos. El primero, pasar al Congreso de la República un proyecto de ley para crear una categoría especial de emisoras indígenas, diferente a la de interés público. Esto incluiría, por un lado, la condonación de las deudas de estas emisoras, y, por otro lado, una tarifa marginal por el uso del espectro electromagnético.
El segundo acuerdo es la formulación del Programa Nacional de Salvaguarda de Radios Indígenas, en el que el Ministerio hará un acompañamiento legal y capacitación a los representantes legales de las emisoras indígenas en los procedimientos administrativos con el Estado. Y el tercer acuerdo es expedir un Conpes que contenga la política pública.
El 2018 es un año clave para la implementación real de la política pública de comunicación de los pueblos indígenas, pues estos compromisos deben cumplirse antes de agosto de este año, mes en el que finaliza el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. En caso de que esto no ocurra, se corre el riesgo de que los compromisos pactados en la política pública no sean una prioridad del próximo gobierno.
[1] Ver Sentencia T-795/13. En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-795-13.htm
