Desde el 22 de abril y durante este 23 de abril de 2026, el municipio de Villa Rica, en el norte del Cauca, enfrenta una situación de alta tensión social por la ocupación irregular de varios predios ubicados frente y detrás del nuevo hospital municipal, terrenos donde estaban proyectadas las urbanizaciones Villa Valeria y Villa Futuro.
Según información conocida por Proclama del Pacífico, más de 100 personas permanecen en el lugar luego de haber levantado cambuches y delimitado espacios que, según los ocupantes, corresponderían a lotes para vivienda.
De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, desde hace varios meses un grupo de personas habría venido organizando esta ocupación, liderado presuntamente por un hombre del sector de San Fernando y otra mujer, quienes al parecer cobraban cuotas mensuales a cada interesado, entregando talonarios o comprobantes como supuesto respaldo para acceder a los terrenos.
Entre los ocupantes habría personas de Villa Rica, Guachené, Puerto Tejada, Jamundí y también ciudadanos venezolanos.
La alcaldesa municipal, María Edis Dinas acudió al lugar para intentar mediar directamente con la comunidad. Sin embargo, según versiones conocidas, durante su presencia fue agredida verbalmente e incluso le habrían lanzado objetos, lo que elevó la preocupación institucional frente al manejo de la situación.
Mientras tanto, en la sede de la administración municipal se desarrollan reuniones con presencia de la Policía, la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría y otros organismos de control para analizar las medidas que podrían adoptarse.
Uno de los pronunciamientos más visibles ha sido el del personero municipal, Jorge Iván Mejía Gutiérrez, quien manifestó públicamente que jamás respaldará una intervención policiva en contra de comunidades que reclaman soluciones básicas como el acceso a una vivienda digna. “Somos amigos del diálogo con soluciones claras y concretas donde se priorice el bienestar de quienes realmente son los más vulnerables”, expresó el funcionario, al insistir en que la Personería Municipal está dispuesta a acompañar procesos de concertación sin que medie el uso de la fuerza.
El personero sostuvo que los asentamientos informales son una consecuencia directa de la falta de soluciones estructurales de vivienda en el municipio y de las profundas desigualdades sociales que enfrentan muchas familias.
Indicó además que, en su criterio, los bienes públicos cumplen una función social y deben estar al servicio de la comunidad, especialmente de quienes no encuentran alternativas para acceder a una vivienda formal. “Jamás, bajo ninguna circunstancia, la respuesta puede ser palo y gases. No se trata de represión sino de solución”, señaló Mejía Gutiérrez.
Desde la Personería también se anunció el inicio de la construcción de un censo de las personas que participan en la ocupación, con el objetivo de identificar a quienes realmente reclaman vivienda y avanzar en la búsqueda de acuerdos institucionales.
Por su parte, algunos concejales del municipio han expresado inconformidad porque, según indican, la administración municipal no los ha tenido en cuenta dentro de las mesas de mediación ni en la construcción de una salida social a esta problemática.
Desde el concejo sostienen que el tema requiere una respuesta integral que permita atender la urgencia social sin perder de vista la legalidad sobre los predios ocupados y los proyectos urbanísticos que estaban previstos para el desarrollo del municipio.
La situación sigue abierta y las autoridades buscan definir una ruta jurídica, administrativa y social que permita atender una crisis que hoy pone en el centro del debate el derecho a la vivienda, la función social de la tierra y la capacidad institucional para responder a las necesidades de la población más vulnerable de Villa Rica.
