Una mirada hacia las víctimas

“No bastan actos simbólicos para enaltecer su condición de víctimas, es necesario que desde un nuevo acompañamiento integral se produzca su pleno reconocimiento y apoyo social para recuperar el entorno histórico perdido y la confianza en el Estado y la sociedad misma”.

Evocar, mantener y perpetuar la memoria histórica de un país víctima de la guerra es un proceso que para alcanzar la liberación del dolor no pasa simplemente por el discurso burocrático.

Las víctimas leen su propio mundo, recuerdan el tiempo como presente y muchas veces sin opciones de futuro. Narración cotidiana silenciosa que disiente del bienestar del otro. Memoria de los que teniendo voz no la tuvieron. Gritos mudos.

Su relato en las comisarías, en las dependencias defensoras de su dignidad humana, en las oficinas gubernamentales, es memoria de los olvidados. Narración del lado oscuro de la vida, exclamación con evocaciones trágicas, en cuya reminiscencia el yo ciudadano se convierte en habitante paria, excluido de la felicidad.

Rostros de personas expulsadas, rostros de vidas narradas que se ven distintos en los espejos de otras vidas, memorias adustas, esquivas, cargadas de íntimos repliegues, donde el dolor aloja y ensambla cotidianamente el sufrimiento.

Su gran tragedia, la tragedia de las víctimas, es no poder encontrar espacios coincidentes para reconstruir moralmente sus vidas, porque cada diligencia burocrática es historia nuevamente vivida, historia de abandono, historia de perpetua agonía, vuelta a padecer, vuelta a sentir en tiempo diferente.

Vidas que al abandonar su mundo solariego y relativamente tranquilo debieron iniciar el aprendizaje del suplicio, de la perplejidad civilizatoria y moderna, con miradas panorámicas que en la ciudad parecieran no tener trayectoria visual, que cada día enfrentan el síndrome del recién llegado y expulsado.

Vidas sin vida privada y condenadas a desaparecer, vidas sin los mínimos vitales para poder sentirse miembros de la especie humana, vidas hechas a imagen de ilotas y desventurados, vidas donde los derechos humanos son una penetrante fractura de la democracia, donde el dolor es superior al dolor físico, más profundo, porque la víctima sabe de dónde, de quiénes y cómo llega la indiferencia, disparada desde la arrogancia o la soberbia del otro.

Cuerpos de víctimas que no marchan, que luchan frente al tiempo, que luchan todos los días por la vida. Que encuentran por ahí temor, miedo, amargura y hasta esperanza, pese al implacable olvido oficial, vidas que pese a llevar al estigma áspero de los desplazados no tienen sentimientos de inferioridad, que perseveran en la custodia de su memoria.

Memoria así entendida es memoria insoportable pero liberadora, que no es boleto para viajar en los trenes sin regreso, que busca nuevos horizontes, espacios donde construir democracia, contra el olvido, para que los crímenes tengan justicia y no se multipliquen.

Vidas transformadas en víctimas, que resisten las mentiras convencionales mediáticas de la verdad, no se consideran parias, ni huéspedes del establecimiento político, que sabe que, pese a la muerte de sus familiares y amigos y el desplazamiento violento, conservan su estatura ética y política, porque conocen las raíces del conflicto y a los autores ocultos o públicos de su infortunio.

No bastan, desde esa perspectiva, actos simbólicos para enaltecer su infausta condición humana, es necesario que desde un nuevo acompañamiento integral se produzca su pleno reconocimiento y apoyo social para recuperar el entorno histórico perdido y la confianza en el Estado y la sociedad misma.

Sin ello no hay memoria que dignifique, porque las heridas permanecen abiertas, mal cicatrizadas, aunque la narración de lo ocurrido suponga un proceso de sanación social.

Hay razones éticas para que el Estado acepte que cuando existen abismos tan hondos en el tratamiento de los derechos fundamentales básicos y en los métodos y procedimientos para reparar a las víctimas, como ocurre en nuestro país, sólo cabe reivindicar la recuperación plena de la memoria desde la aplicación sistemática de políticas públicas que permitan la vigencia plena de los derechos sociales, económicos y culturales. Eludirlo es otro crimen social con ropaje institucional.

Y no es el Estado el que decide cuándo las víctimas deben olvidar. Mientras haya familiares no inhumados, desaparecidos, procesos en la impunidad, las víctimas son las dueñas inalienables de su propia memoria.

Por eso resulta estéril y sin fundamento psicosocial alguno tratar de restablecer sus vidas con marchas oficiales melancólicas, marchas que aumentan su desencanto, homenajes para prescribirles el olvido, o prodigarles atención psicológica con profesionales sin conocimiento científico e histórico del conflicto que, aún con su alta sensibilidad humana, no pueden llegar a conocer lo que sienten y ser acompañantes solidarios que pidan justicia con ellas.

Cerrar el ciclo de la zozobra que provoca el sufrimiento ocasionado por las armas y la amenaza es un derecho de primer orden de los desalojados del campo frente a la justicia, que sólo se puede alcanzar con políticas públicas basadas en el desarrollo urgente y humano. Hasta pronto.

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