Un llamado urgente a la seguridad en Santander de Quilichao: urge proteger espacios educativos.
Uno camina por ciertas calles de Santander de Quilichao y comprueba cómo el abuso y el libertinaje se han adueñado de espacios que hasta hace poco se mantenían ajenos al consumo y la comercialización de estupefacientes.
En esta alarmante proliferación, la indiferencia de la autoridad es tan cierta como la realidad misma.
En todo el centro de la ciudad, en el sector bancario, los escándalos nocturnos y de las madrugadas, se han vuelto una banda sonora macabra. Los protagonistas, consumidores de alucinógenos, desatan gritos alucinantes, exhibiciones de actos sexuales casi en la vía pública, peleas constantes.
Esto es el resultado de la vergonzosa falta de control policial, de una omisión que carcome la paz de los vecinos y transeúntes, que nos deja a todos a merced de la inseguridad.
Desde hace mucho tiempo, una vergüenza silenciosa, pero no por ello menos grave, se ha asentado en el corazón mismo de la población. La edificación de Comfacauca, y en particular el edificio principal de UniComfacauca —en esa céntrica calle 5 entre carreras 9 y 10—, después de que los estudiantes desocupan sus aulas, ha sido convertida en una madriguera de viciosos, en un consumidero cubierto y dormitorio del abandono. Es un ultraje a un espacio que debería ser epicentro de cultura, educación y bienestar. Y me pregunto ¿dónde está la autoridad que pueda garantizar la seguridad y la tranquilidad en este sector neurálgico?
Los vecinos que aún creen en el orden, hacen un llamado cotidiano, casi un ruego, a las autoridades de Policía. Sus voces, sin embargo, parecen estrellarse contra un muro de inacción. La incapacidad de restablecer el orden de manera permanente, de ofrecer una solución que trascienda la fugaz presencia de una patrulla, se ha vuelto una constante. Por aquí no pasan “los del cuadrante”.
El deber jurídico de toda administración pública, el pacto moral que se sella con el ciudadano, es garantizar la seguridad, la tranquilidad y el bienestar colectivo. La proliferación descontrolada de la comercialización y el consumo de estupefacientes, con su cortejo de escándalos y violencia, no solo atenta contra las buenas costumbres, sino que vulnera derechos fundamentales de los habitantes: el derecho a la seguridad personal, a la tranquilidad, a vivir en un entorno sano y pacífico. La omisión, en este caso, se convierte en cómplice del deterioro social.
Por eso, tenemos que interpelar directamente a la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, y de manera particular a su secretaria de Gobierno, María Luisa Holguín Camayo.
La esencia de una buena gestión pública radica en su capacidad de anticipar, prevenir y responder con eficacia a las problemáticas que afligen a su gente. Cuando un sector central de la población, un área de tránsito, un espacio educativo, se rinde ante la anarquía del consumo, cuando los gritos y los actos incivilizados se vuelven la norma, hay una falla profunda en la brújula administrativa.
Necesitamos que la seguridad y la tranquilidad regresen, de forma permanente. No son favores, son obligaciones. La Alcaldía, a través de la fuerza pública, debe recuperar la calle, desalojar la ilegalidad de estos espacios y devolverle a Santander de Quilichao la paz que le han arrebatado. Es una exigencia moral, un clamor ciudadano que, desde esta tribuna, no dejaremos de amplificar.
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