El procurador general manifestó que la suspensión a la destitución de 15 años contra el alcalde de Bogotá, que ordenó una tutela aprobada por el magistrado José María Armenta, no tiene vida legal.
Por tanto, el jefe del ministerio público seguiría adelante con el proceso de destitución, que contempla notificar el 29 de enero al presidente Juan Manuel Santos para que firme la decisión que sacaría a Petro del Palacio Liévano.
