El pulso del poder: tasas altas, pueblo ahogado.
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Hay decisiones que no se anuncian con discursos grandilocuentes, pero que retumban con más fuerza que cualquier arenga política.
Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro intenta que quienes más tienen aporten más al país, desde otro frente del poder, desde el banco de la República, se ejecuta una estrategia que quieren hacer ver como técnica, casi invisible para la mayoría: el aumento sostenido de las tasas de interés.
El Banco de la República, esa institución que se presenta como independiente y técnica, pero como un —lobo feroz está mostrando sus dientes y sus garras— acaba de elevar la tasa al 11,25%.
Una cifra que, para muchos, puede parecer lejana.
Pero en la vida cotidiana se traduce en algo mucho más concreto: créditos impagables, consumo estrangulado, inversión frenada y, en consecuencia, más pobreza.
Porque no nos engañemos: cuando suben las tasas, no sufren los grandes capitales.
Esos tienen cómo protegerse, diversificar, trasladar costos.
Quien paga es el pequeño empresario, el campesino endeudado, la familia que vive al día.
Lo que se vende como una medida para controlar la inflación termina siendo, en la práctica, un freno deliberado a la economía popular.
Más pobreza para el pueblo, pero más ganancias para los bancos.
Esa es la ecuación que se esconde detrás del «lenguaje técnico».
Lo que el Banco de la República busca, aunque no lo diga en voz alta es garantizar que las exorbitantes y billonarias utilidades del sistema financiero no solo se mantengan, sino que crezcan incluso en medio de un pueblo que recién está accediendo a sus derechos.
Porque mientras al ciudadano común se le encarece el crédito y se les cierra el acceso a oportunidades, los bancos amplían sus márgenes, fortalecen sus balances y consolidan su poder.
No es un efecto colateral.
Es el resultado de un modelo diseñado para proteger al capital, incluso cuando eso implique asfixiar al pueblo.
Y aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente política.
Porque no es un secreto —aunque pocos lo digan con claridad— que el Banco de la República ha estado históricamente más alineado con los intereses del sistema financiero que con las necesidades del pueblo.
Su “independencia” no es neutralidad: es una forma sofisticada de blindar decisiones que favorecen a unos pocos.
Mientras el gobierno intenta dinamizar la economía, ampliar derechos y redistribuir riqueza, desde la política monetaria se impone un cerco.
Un límite.
Una especie de pulso silencioso entre dos visiones de país.
De un lado, quienes creen en un Estado que interviene para corregir desigualdades históricas.
Del otro, quienes siguen defendiendo un modelo donde el mercado «y especialmente el sistema financiero» dicta las reglas, incluso a costa del bienestar colectivo.
La salida del ministro de Hacienda de la junta del Banco no es un hecho menor.
Es una señal.
Un síntoma de que ese pulso no solo existe, sino que se intensifica.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿puede un país avanzar hacia la justicia social cuando una de sus principales herramientas económicas opera en dirección contraria?
¿Puede un país avanzar cuando una de sus principales herramientas está cooptada por la extrema derecha al servicio de los banqueros y las élites?
Hoy, más que nunca, el debate sobre la política monetaria no puede quedarse en los círculos académicos o en los tecnicismos incomprensibles.
Debe ser apropiado por la ciudadanía.
Porque lo que está en juego no es una cifra.
Es el rumbo del país.
Es la posibilidad real de que el cambio prometido se convierta en realidad… o se ahogue, lentamente, entre tasas altas y decisiones tomadas lejos del pueblo.
¿Quién puede detener a ese lobo feroz disfrazado de tecnócrata?
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