El Show del Empalme: Las Mentiras y el autoritarismo de Abelardo
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La violencia retórica de DeLaEspriella y la violencia física en los territorios son la misma estrategia. Se siembra el miedo para silenciar a la oposición y allanar el camino a un autoritarismo sin máscaras.
El actual proceso de empalme entre el gobierno progresista de Gustavo Petro y el supuesto presidente electo Abelardo de La Espriella se ha transformado en la primera gran puesta en escena del proyecto político de la ultraderecha colombiana, es decir, una transición que, como lo advertí en la edición central de La Conversa de Fin de Semana (Ver canal YouTube de La Conversa), nos permite intuir que “por el desayuno sabremos cómo será el almuerzo”.
No estamos ante un trámite neutral, sino ante una operación de reencuadre ideológico que busca legitimar un mandato que se encuentra bajo la sombra de graves cuestionamientos sobre la transparencia electoral y la habilitación legal del presidente electo. En esta operación mediática de la derecha colombiana, la premisa central es que la transición no sea solo un cambio de nombres sino el desmantelamiento estratégico de un modelo de soberanía para dar paso a un régimen de exclusión, envuelto en un uso distorsionado de la información institucional.
En Colombia la política de la posverdad, lo mismo que la narrativa de los medios de comunicación al servicio de los poderosos grupos gremiales, pretenden instaurar un modelo de gobierno a la medida de los intereses de un reducido número de personas, que siguen viendo al Estado como un apetitoso botín económico o como la palanca adecuada para promover sus negocios particulares. En este contexto, el empalme actual ha sido despojado de su carácter técnico para convertirse en un arma de propaganda diseñada para deslegitimar al adversario, en este caso, el gobierno de Gustavo Petro.
Los asesores de DeLaEspriella, junto con la casta de los de siempre, usando la amplificación de sus medios de comunicación, intentan imponer la percepción de un caos que justifique medidas de excepción bajo la etiqueta de emergencia. Siguiendo con esta línea de acción, De La Espriella publicitó con estruendo la supuesta obtención de sesenta millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para el empalme. Sin embargo, la realidad técnica es inapelable: se trata de fondos no reembolsables preexistentes, negociados por el Estado colombiano con anterioridad.
Da vergüenza ajena (por el supuesto presidente electo y por quienes lo aplauden) este ejercicio de prestidigitación mediática con el que se intenta engañar a una sociedad que desconoce el funcionamiento del Estado. Se oculta convenientemente que él sigue siendo un particular, sin facultad legal alguna para negociar con la banca multilateral sin el aval del gobierno legítimo que aún encabeza Gustavo Petro. La maniobra, además de la compulsión por la mentira que alardea Abelardo DeLaESpriella, pretende sepultar una advertencia de fondo del propio Petro, según la cual, existían y existen instrucciones provenientes de Washington y una estrategia de “voto endeudado” para capturar la voluntad popular mediante créditos y dádivas a nivel del gobierno nacional, pero, sobre todo, de los gobernantes departamentales y de algunas capitales, declarados en oposición al actual gobierno del Pacto Histórico.
Siguiendo con la estrategia de un gobierno de ultraderecha en modo show mediático, la anunciada auditoría forense no persigue la transparencia, sino que fabrica un relato de saqueo, en el que la pretendida nueva administración ignora de manera deliberada el papel de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía durante el cuatrienio anterior, insinuando una inoperancia institucional que solo existe en su retórica de campaña.
No obstante, los inmensos y costosos esfuerzos de la campaña de la derecha colombiana por retomar el poder político administrativo de Colombia, la realidad dura está ahí para desenmascarar la farsa amplificada por la prensa gremial. Basta confrontar el relato oficial con los hechos: Frente a la supuesta necesidad de una auditoría forense por un saqueo generalizado, se alza el desconocimiento deliberado de los entes de control para imponer un relato de crisis y corrupción. Allí donde se repite que el país se recibe en quiebra y desgobierno, los indicadores internacionales validan una de las economías más sólidas de la región. Y mientras se pregona independencia frente a la casta política, asistimos al reciclaje de figuras tradicionales y a la alineación con los grandes gremios y las potencias extranjeras. La operación es tan burda como efectiva en un ecosistema mediático dispuesto a amplificarla.
Con el propósito de brindar una alternativa informativa a la narración de la prensa la derecha colombiana, es necesario contrastar la narrativa de quiebra (amplificada por Blu Radio, Caracol, El País, El Colombiano, Semana y El Tiempo) con datos duros que validan la gestión saliente, como por ejemplo, los anuncios de medios especializados en los que se señala que el peso colombiano se consolidó como una de las monedas más fuertes del mundo, resistiendo las turbulencias globales que afectaron a otras economías emergentes. Así mismo, los indicadores de justicia social corroboran que entre tres y cuatro millones de colombianos salieron de la pobreza y la miseria, un avance tangible en la dignidad humana.
Contrario al mito del despilfarro, el gobierno de Petro realizó un esfuerzo histórico para sanear deudas con el FMI y controlar la inflación, heredando un país con finanzas ordenadas a pesar de la oposición legislativa. Se tiene entonces que, a pesar de las engañosas notas de la prensa tradicional colombiana, las calificadoras de riesgo y expertos globales contradicen el relato del bandidaje y elogian la solidez macroeconómica de Colombia en un contexto de crisis mundial. Este éxito técnico es el que la supuesta nueva administración pretende sepultar bajo un tinglado de entretenimiento mediático.
Junto con el show armado por la campaña de DeLaEspriella, llaman la atención (por no decir que dan miedo) los nombramientos ministeriales anunciados, de los cuales, de primera mano, se puede afirmar que no son solo errores técnicos; son pagos de favores políticos a las estructuras de siempre. En este orden de ideas, el nombramiento del exministro de Hacienda de Duque como Vicepresidente confirma el retorno a las fórmulas fallidas: hablo del responsable de la venta de Isagén, la pérdida de las reservas de oro a precios irrisorios y la crisis de los combustibles por falta de previsión técnica, el mismo que encarna el regreso del modelo que empeñó las finanzas nacionales.
En el Ministerio de Educación, Vivian Morales trae consigo su añoranza íntima de retorno a la época medieval. La compañera de vida del señor Lucio (ex guerrillero del m19, ex asesor del paramilitarismo y político sancionado por corrupción) tiene en su historial el papel que jugó en el Proceso 8.000 para absolver a Ernesto Samper, lo mismo que la anulación de su elección como Fiscal por irregularidades, a lo que se suma lo peligroso que resulta su fundamentalismo religioso que amenaza con imponer un adoctrinamiento ultraconservador que atenta contra la libertad de cátedra y los derechos de mujeres y minorías. En esta atroz (pero conveniente) selección de candidatos a ministerio, la del Ministerio de Ambiente, quien bajo la consigna de que “plata es plata”, deja claro que la promesa del candidato de La Espriella, se hará realidad en manos del nuevo ministro, quien ya anunció que abre las puertas al fracking y al extractivismo radical, subordinando la vida y el agua a los intereses de transnacionales en un país cuya biodiversidad debería ser el eje central del desarrollo, no una mercancía de remate.
Pero hay una dimensión aún más oscura que me obliga a escribir estas líneas con auténtica alarma. Mientras el supuesto presidente electo anuncia sin pudor que va a “destripar a la izquierda” y amenaza con una represión férrea contra el ejercicio de la protesta y la desobediencia civil convocadas por el Pacto Histórico, el país asiste a una escalada de violencia que parece coreografiar esas palabras. Las denuncias de amenazas y agresiones contra líderes sociales y campesinos se multiplican a lo largo y ancho del territorio y diversos informes de organizaciones de derechos humanos alertan sobre el resurgimiento de grupos paramilitares con una lógica de control territorial que creíamos superada.
La pieza que completa este rompecabezas siniestro es el anuncio de legalizar grupos de autodefensa ciudadana, los llamados bloques que el nuevo gobierno pretende revivir bajo el eufemismo de la seguridad. El fantasma de las Convivir, aquel invento de Álvaro Uribe que derivó en el horror de las masacres paramilitares y los mal llamados falsos positivos vuelve a rondarnos con la misma coartada de la protección comunitaria. La coincidencia entre un discurso presidencial cargado de violencia retórica y la materialización de la violencia física en los territorios no puede ser una casualidad: es la siembra deliberada de un clima de intimidación que busca silenciar a la oposición y allanar el camino a un autoritarismo que ya se anuncia sin máscaras.
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