La seguridad en Nariño entra en una fase de refuerzo operativo con la entrega de vehículos y equipos tecnológicos a la Fuerza Pública y a entidades judiciales. La dotación fue realizada por la Gobernación de Nariño, mediante el Comité Territorial de Orden Público, con recursos del Fondo de Seguridad Territorial, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta institucional en los 64 municipios del departamento.
El paquete incluye cinco vehículos, entre camionetas y vans, asignados a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia. Estos medios se destinan a operaciones de control, traslado de personal y atención de situaciones en zonas urbanas y rurales. La distribución responde a necesidades identificadas por las autoridades en terreno, con énfasis en movilidad y presencia institucional.
La dotación tecnológica contempla 45 computadores para la Brigada 23 del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana. Los equipos se orientan a fortalecer el análisis de información, la planeación operativa y los procesos de inteligencia. Las autoridades señalan que estas herramientas permiten consolidar datos, anticipar riesgos y coordinar acciones con mayor precisión.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, indicó que la entrega responde a una estrategia coordinada entre entidades civiles y de seguridad. Señaló que la articulación con Policía, Ejército, Fiscalía y Migración Colombia busca mejorar la protección de la población y optimizar la respuesta ante hechos que afecten el orden público.
El coronel Carlos Andrés Gutiérrez Ruiz, jefe de Estado Mayor de la Brigada 23, afirmó que los equipos tecnológicos fortalecen la planeación militar y el desarrollo de operaciones en el departamento. Desde Migración Colombia, el director regional Jairo Otero destacó que la inversión permite mejorar los procedimientos de control y atención al ciudadano, alineados con estándares nacionales.
La Gobernación informó que los recursos provienen del Fondo de Seguridad Territorial, mecanismo destinado a financiar acciones para la convivencia y el orden público. La inversión se ejecuta bajo supervisión del Comité Territorial de Orden Público, instancia encargada de definir prioridades y aprobar proyectos en materia de seguridad.
Las autoridades sostienen que la incorporación de estos recursos amplía la capacidad institucional para actuar en territorios con limitaciones de acceso y facilita la coordinación entre organismos. La estrategia se orienta a consolidar presencia estatal, mejorar la atención a la ciudadanía y reforzar el acceso a la justicia en zonas apartadas.
