Secretaría de Movilidad enfrenta debate por contratos y recaudos. En el recinto del Concejo de Santiago de Cali, el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, respondió a un debate de control político convocado para examinar la gestión de su dependencia. Las intervenciones se centraron en el uso de recursos, el comportamiento ciudadano frente a las normas de tránsito, y la continuidad de contratos que han suscitado alertas por posibles irregularidades.
Orozco aseguró que la administración ha logrado una mejora en los índices de respeto por las normas de tránsito, gracias, en parte, a la incorporación de nuevos agentes y al incremento de operativos. Señaló que ciertas infracciones han disminuido, como en el caso del SOAT, y anticipó la instalación de 40 cámaras de fotodetección en los próximos meses, resultado de un estudio conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Durante su intervención, también se refirió a la liquidación de dos contratos con la firma Mejor Inteligente, decisión que, según explicó, obedece a hallazgos internos sobre irregularidades en la ejecución. “Los contratos ya entraron en proceso de liquidación”, afirmó el funcionario.
Uno de los puntos más controvertidos fue la relación con el Centro de Diagnóstico Automotor. Orozco fue interpelado por varios concejales sobre quién sigue manejando el recaudo y qué acciones se tomarán tras un fallo del Consejo de Estado que cuestiona la legalidad de esa delegación. Además, se exigieron explicaciones claras sobre el destino de los excedentes financieros y la composición societaria del centro, cuya operación sigue generando dudas.
Desde el cabildo se insistió en la necesidad de fortalecer las estrategias pedagógicas en educación vial y cultura ciudadana, así como en el uso eficiente de los recursos disponibles, incluyendo grúas y vehículos asignados a los agentes de tránsito. La falta de condiciones adecuadas para su labor fue otro de los temas planteados por los corporados.
Uno de los momentos más críticos del debate giró en torno a la liquidación del contrato de semáforos inteligentes. Se reconoció a Orozco como el funcionario que decidió terminarlo formalmente, a diferencia de su antecesor, a quien se le reprochó haber guardado silencio durante más de un año. El contrato, estructurado en la administración anterior, estaría asociado a un posible detrimento patrimonial cercano a los 40.000 millones de pesos. Se solicitó que los funcionarios que participaron en ese proceso y que hoy siguen vinculados a la Secretaría se retiren de sus cargos.
El Concejo también exigió la presentación de un plan de acción que permita recuperar parte de los recursos comprometidos y prevenga futuras situaciones similares.
El secretario de Movilidad concluyó su intervención destacando la importancia de mantener el equilibrio entre el control y la pedagogía. “No se trata solo de sancionar, sino de formar”, expresó, comprometiéndose a fortalecer el clima laboral y garantizar condiciones dignas para los guardas que patrullan las calles de Cali.
El debate dejó mensajes claros. Cali aún enfrenta desafíos profundos en movilidad, pero también dispone de herramientas para recuperar el orden y avanzar hacia una cultura vial más sólida.
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