Se cumplió en Santander de Quilichao la “Audiencia pública interetnica y social, Minga por la defensa de la vida, la paz y el territorio”
Con unas conclusiones denominadas “Declaración de Quilichao”, culminó el pasado 15 de junio de 2010 en Santander de Quilichao la “Audiencia pública interetnica y social, Minga por la defensa de la vida, la paz y el territorio”, que reunió a unas 7.000 personas en el parque Francisco de Paula Santander.
El objetivo de esta actividad, promovida por autoridades, comuneros de las organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, y mujeres habitantes del suroccidente colombiano, fue notificar a todo el país y a la comunidad internacional sobre hechos que han dado forma a una agresión cotidiana que padecen en sus territorios ancestrales.
Entre otras denuncias públicas son de resaltar las que hicieron referencia a que el suroccidente colombiano se ha convertido en un inmenso teatro de guerra, donde las FARC mantienen un número creciente de combatientes y milicianos y los paramilitares siguen operando y han intensificado sus acciones de asesinato, agresión y amenaza. También se reveló que las universidades de la región están ocupadas por policías y sicarios.
Los dirigentes de la Minga resaltaron que esta es “la zona del país donde más graves y masivas violaciones de los derechos humanos se cometen: miles de asesinatos; violaciones de mujeres, hostigamientos diarios de actores armados contra las comunidades; nuestros campos están minados; territorios confinados, todas las organizaciones sociales de la región nos encontramos amenazadas; nuestros voceros y líderes están judicializados a partir de montajes; hay una campaña de vinculación masiva y forzada de niños y niñas a las acciones militares del ejército y la guerrilla”.
El suroccidente colombiano ha sido subastado, hectárea por hectárea, a las transnacionales minero-energéticas. No hay casi ningún municipio y resguardo que no haga parte de los mapas de las grandes corporaciones mineras; la Anglo Gold Achanti, con un extenso repertorio de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, administra el subsuelo del país junto con otras 4 grandes empresas petroleras. El Estado y los paramilitares expulsan a los pequeños mineros artesanales, fueron otras de las conclusiones registradas en el documento “Declaración de Quilichao”.
También denuncia el expediente que “La impunidad es la regla del sistema de justicia colombiano. Todos estos crímenes se vienen cometiendo desde hace décadas y frente a ellos la acción judicial es totalmente inoperante. No se trata de un resultado casual… los hechos responden a un único patrón sistemático de exterminio social, político y étnico”.
Conclusiones
Al finalizar las actividades programadas, el documento en mención registró entre sus conclusiones, demandar ante la Fiscalía General de la Nación, que conforme una unidad especial de pueblos indígenas y afrodescendientes, para que adelante la investigación del “Caso Suroccidente”. Igualmente, llamar a la Corte Penal Internacional CPI para que incluya en su misión el caso indígena y afro del norte del Cauca, así como exigir la desmilitarización de la vida civil y desmontar la judicialización de los corteros de caña y sus organizaciones.
Por otra parte, se registró en la “Declaración de Quilichao” que “No aceptamos la presencia de las transnacionales mineras en territorios indígenas y afrodescendiente. Desconocemos todas las licencias y títulos de concesión minera que se han otorgado sin nuestro conocimiento y sin nuestro consentimiento. Los pueblos indígenas y afrodescendiente, así como las comunidades campesinas, tenemos derecho a expulsar legítimamente a todas las empresas transnacionales de nuestros territorios. Les exigimos que los desalojen. Las guardias indígena y Cimarrona y palenquera cumplirán esa decisión, de acuerdo con sus respectivos gobiernos”.
En contraprestación a sus exigencias los dirigentes de la Minga se comprometieron al desarrollo de iniciativas económicas conjuntas entre campesinos, afrodescendientes e indígenas, “en íntima vinculación con las organizaciones urbanas, bajo el criterio del intercambio y comercio justo, que nos permita detener la expansión de los monopolios extractivos en nuestro país y la región” y decidieron “1) exigir la paz, 2) construir la paz y 3) buscar la paz”.
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