Sangre y silencio en la disputa indígena de Silvia
La muerte de un comunero del pueblo Misak y las heridas sufridas por otras dos personas marcaron este 21 de mayo un nuevo episodio del conflicto territorial entre los resguardos indígenas de Guambía y Pitayó, en el municipio de Silvia. El caso mantiene en tensión a las comunidades ancestrales del oriente caucano y agrava una confrontación que se ha extendido durante los últimos meses sin una respuesta institucional que logre contenerla.
El Cabildo Indígena del Resguardo Colonial de Guambía confirmó la muerte mediante un comunicado de emergencia emitido por sus autoridades ancestrales y la Asamblea General del pueblo Misak. En el documento, las autoridades sostienen que los ataques continúan dentro de su territorio y responsabilizan directamente al Estado colombiano por los hechos ocurridos.
La confrontación tiene antecedentes recientes. Desde diciembre de 2025, las autoridades Misak vienen denunciando presuntas ocupaciones, bloqueos, amenazas y acciones de presión territorial en sectores como Alto Méndez, Cacique y La Ensillada. Según las denuncias del cabildo, más de 250 familias habrían resultado afectadas por desplazamientos internos derivados de la disputa.
Las autoridades de Guambía afirman que integrantes del Resguardo Nasa de Pitayó instalaron puntos de bloqueo y adelantaron intervenciones dentro de áreas que consideran ancestrales. Por su parte, voceros del cabildo de Pitayó han señalado en distintos escenarios que las acciones desarrolladas corresponden a labores de control y “limpieza” dentro de lo que consideran su jurisdicción territorial.
La controversia también involucra interpretaciones sobre procesos de clarificación de tierras adelantados por la Agencia Nacional de Tierras y discusiones relacionadas con el Decreto ATEA. En ese contexto, la gobernadora indígena Liliana Pechené Muelas había solicitado semanas atrás la intervención del Gobierno Nacional para establecer garantías jurídicas y evitar nuevas vías de hecho.
El comunicado conocido este miércoles sostiene que el pueblo Misak agotó mecanismos institucionales antes de que ocurriera la muerte del comunero. El cabildo asegura haber presentado solicitudes ante la Agencia Nacional de Tierras, participado en mesas con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura, promovido acciones de tutela y elevado peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las autoridades indígenas señalaron como responsables políticos y administrativos a entidades del Estado, al Consejo Regional Indígena del Cauca y al Resguardo Indígena de Pitayó. Además, anunciaron que acudirán nuevamente a organismos internacionales para solicitar medidas cautelares y acompañamiento humanitario.
El documento recuerda que la Corte Constitucional, mediante el Auto 004 de 2009, declaró al pueblo Misak en riesgo de exterminio físico y cultural, una situación que, según las autoridades ancestrales, permanece sin cumplimiento efectivo por parte del Estado colombiano.
Se esperan pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Cauca y del Consejo Regional Indígena del Cauca frente a los hechos registrados en Silvia.
Proclama del Pacífico mantiene seguimiento a esta información en desarrollo.
