Reformas, Paz Total y Constituyente.
Reformas, Paz Total y Constituyente.
Por anacrónicas y por no contar con el apoyo internacional de las antiguas potencias socialistas que financiaban revoluciones armadas, progresivamente las guerrillas colombianas aceptaron negociar su desmovilización y buscar por la vía democrática impulsar transformaciones socioeconómicas y políticas en la anquilosada sociedad colombiana.
Después de largas y cuidadosas negociaciones, el gobierno de Santos logró la desmovilización de la mayoría de integrantes de las FARC, la guerrilla más poderosa, y dejó iniciadas reuniones con el ELN.
Pero por trampas puestas por los enemigos de la paz en el proceso, el descontento de algunos comandantes que hoy integran las disidencias, más el boicoteo a los acuerdos, saqueo al presupuesto para la paz adelantado en el gobierno de Duque, el descuido del territorio que debieron ocupar las entidades y servicios gubernamentales, el proceso se deterioró, fortaleciéndose reciclados grupos armados incluidos los paramilitares afianzados en el norte del país, quienes coparon y se disputaron los campos colombianos.
Después del descontento que se desbordó en el paro del 2021, ganó la Presidencia el Pacto Histórico de Petro, sin consolidar mayorías en el Congreso.
Al concertar acuerdos con grupos políticos de centro-izquierda y derecha, logró aprobar la reforma tributaria; pero por no ceder en propuestas iniciales se empantanó en los tramites de adquirir tierras para aplicar la Reforma Rural Integral, y aprobar las reformas a la Salud, Pensional y Laboral.
La colada en altas posiciones del gobierno de funcionarios que tramitaron contratos cuestionados, el escándalo desatado por manejos irregulares de los dineros gestionados para la campaña por el hijo de Petro, más los escándalos promovidos por Benedetti en sus celos de poder con Laura Sarabia, minaron la imagen de cambio frente al cáncer de la corrupción administrativa que predominó en gobiernos anteriores.
La oposición y los poderosos medios de comunicación a su servicio aprovecharon el papayazo para copar la agenda informativa con los escándalos al interior del gobierno, con argumentos acomodaticios desacreditar las reformas propuestas y avivar la confrontación, para amparados en la terquedad del gobierno, desbaratar la coalición que permitió aprobar la reforma tributaria y bloquear las que están en trámite.
Al ministro del interior y sus colegas les ha correspondido intentar obtener los votos necesarios negociando individualmente con los congresistas, pero esta labor ha sido más fácil en la Cámara que en el Senado, donde la presidencia se las arrebató el “infiltrado” entre los verdes David Name.
Así, nos aproximamos a la mitad del periodo presidencial, con un gobierno terco, que en vez de saber sortear a la oposición en el parlamento y llegar a consensos que permitan cambios progresivos, por aferrarse a inamovibles, progresivamente se ha encerrado en sus dogmas y por inexperiencia de muchos funcionarios ha sido lento ejecutor del presupuesto y fácil pasto de vividores que se colaron para llenar sus arcas y de paso desacreditarlo.
El proceso de paz mal diseñado desde el principio, con el oscuro papel previo del hermano del presidente visitando las cárceles, la acrítica condescendencia del comisionado de Paz Danilo Rueda con las guerrillas, creyendo en la buena voluntad de los grupos de izquierda y derecha al ofrecerles un «cese al fuego» incondicional iniciado en enero de 2023, les permitió extender su dominio armado a otras regiones y que se enfrentaran entre ellos con la población en medio, por controlar narcotráfico, minería, con líderes y desmovilizados asesinados, menores reclutados, y resurgimiento de la extorsión y secuestro, mientras el Ejército y la Policía eran los únicos que respetaban el «cese al fuego».
Cuando el abuso de las disidencias EMC era intolerable después del asesinato de líderes indígenas que en Toribio se oponían al reclutamiento forzado de un menor, el gobierno rompió el cese al fuego y ahora está a la ofensiva y a la expectativa de replantear un proceso de paz que les permitió actuar más como un ejército conquistador y de ocupación, que como supuestos “liberadores” del pueblo.
Con el fantasma de la Constituyente flotando en el aire, la propuesta de unificar partidos y movimientos alrededor del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales del 2026, y a punto de hundirse en el Senado las reformas a la salud, pensional y laboral, sólo falta esperar que las reflexiones de Semana Santa y el poder de convicción del ministro del Interior y sus colegas de gabinete logren oxigenarlas; mientras continúa en el ambiente el debate con dirigentes antioqueños por la “vaca” para terminar las obras en su departamento, que según declaró este miércoles santo, en el noticiero CMI, el ministro del Transporte, Camargo, desde 2017, han recibido cerca de 20 billones del presupuesto nacional (en el túnel del Toyo casi 5 billones) mientras otras regiones del país han sido descuidadas con partidas de lástima, sus vías en mal estado o en proyectos esperando recursos desde hace décadas, como la variante Timbío-El Estanquillo, para superar los continuos daños a la Panamericana entre Popayán-Pasto, ocasionados por la falla del Romeral.
En política internacional, el gobierno al fin se atrevió a criticar la manipulación en contra de la oposición agenciada por el gobierno de Maduro que controla todos los poderes del Estado y casi rompió relaciones con Argentina, después de que el progresivo encuentro verbal con el “libertario” de ultraderecha Milei, llevó a subir el tono de los insultos.
Las relaciones con los Estados Unidos, sobre todo en asuntos de seguridad, continúan la línea trazada desde anteriores gobiernos, como se refleja en el departamento del Cauca, donde van a financiar el radar y la ampliación del puerto en la isla de Gorgona y en Santander de Quilichao, la construcción de la Escuela para Fuerzas Especiales de Policía, con capacidad ´para 600 agentes, tal como anunció recientemente en Popayán el general Salamanca, en ceremonia a la que no llegó el presidente Petro, estuvieron los gobernadores del Cauca y Valle, los alcaldes de Cali, Santander de Quilichao y Popayán e invitados especiales del gobierno americano de los Estados Unidos, la Central de Inteligencia Americana, CIA y la DEA.
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