Un nuevo conflicto social quedó planteado en el municipio de Villa Rica por cuenta de una serie de irregularidades y omisiones que no han permitido la entrega de lotes a 378 grupos familiares beneficiarios del proyecto de vivienda Las Cadmias.
De acuerdo con la información suministrada a Proclama del Cauca, el proyecto fue iniciado en la Administración del ingeniero James Guillermo Mina Ballesteros, y ejecutado a medias perjudicando a un sector social importante de este municipio nortecaucano.
En estas condiciones, Jenny Nair Gomez, alcaldesa municipal de Villa Rica, planteó en una extensa misiva dirigida a James Guillermo Mina Ballesteros, exalcalde de ése municipio, 24 interrogantes que la actual Administración Municipal considera “omisiones e irregularidades que ameritan revisión técnica y jurídica para mejorar el programa y garantizar que este llegue a feliz término, toda vez que los alcaldes como representantes legales tenemos implicaciones jurídicas desde lo disciplinario, lo fiscal y lo penal, si no actuamos conforme a lo ordenado en la Ley, y demás normas”.
Entre otros requerimientos, la alcaldesa pide explicaciones sobre por qué se denominó el programa como modalidad de construcción en sitio propio, si son realmente lotes urbanizados o lotes con servicios, y además denuncia varios asuntos:
- Se realizó la titulación de los 378 lotes de la urbanización, sin autorización del Concejo Municipal.
- Aparecen 8 beneficiarios que ya eran propietarios.
- Se asignaron 84 lotes a personas que no surtieron el proceso de postulación o registro.
- Hay 4 personas con dos lotes asignados.
- Se asignaron 3 lotes a personas que ya habían recibido subsidios en programas municipales de vivienda.
- Se adquirió un crédito por $2.950.000.000, pero el lote solo costo $580.698.000.
- No se reglamentó el sistema de adjudicación y asignación de los lotes a cada beneficiario.
- No se realizó estudio de viabilidad técnica, financiera y ambiental de la nueva PTAR, donde se tratarán las aguas residuales del barrio San Fernando y la urbanización Las Cadmias.
La alcaldesa Jenny Nair Gómez concluye que los potenciales beneficiarios deben estar “preparados para que en el proceso de cimentación de sus viviendas se puedan presentar situaciones que requieran mayor inversión por la calidad del suelo, a sabiendas que allí hubo en el pasado un galpón que dejó unos huecos que se rellenaron con material no adecuado y que a la fecha no se ha compactado”.
La denuncia, que se conoció públicamente esta semana, va dirigida simultáneamente, para lo de su competencia, a Luis Eduardo Astaiza Ordoñez, procurador provincial; Norman Granja, defensor regional del pueblo; Julio Hernán Tovar Ocampo, contralor general del Cauca; a la Contraloría General de la Nación, a Camilo Albero Enciso Vanegas, Oficina de la transparencia de la Presidencia de la República; Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios; al Juzgado penal del Circuito de Puerto Tejada, a Maritza Montero Mina, personera municipal, al Concejo Municipal, a la Dirección de comunidades negras del ministerio del Interior, a AMUNORCA, organizaciones sociales y comunidad en general.
