Procuraduría indaga fallas en inscripción de pruebas Saber 11
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles responsabilidades por presuntas irregularidades en la inscripción y el pago de las pruebas Saber 11 de más de 38 estudiantes de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, ubicada en Girón, Santander.
La actuación involucra, por ahora, a funcionarios por determinar de la Secretaría de Educación de Girón y del establecimiento educativo. El Ministerio Público busca esclarecer por qué los derechos de inscripción no habrían sido tramitados dentro de los plazos establecidos y quiénes tenían bajo su responsabilidad ese procedimiento.
Según informó la Procuraduría este martes 18 de agosto de 2026, la situación habría obligado a realizar gestiones adicionales para que los estudiantes pudieran presentar el examen de Estado.
Estudiantes presentaron la prueba tras gestión ante el Icfes
Los hechos se relacionan con más de 38 alumnos del colegio Miguel Sánchez Hinestroza, ubicado en la vereda Acapulco de Girón.
De acuerdo con la información conocida por el organismo de control, el trámite de recaudo, pago e inscripción no se habría cumplido dentro del periodo correspondiente. Ante esa situación, el rector de la institución tuvo que gestionar ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, una alternativa que permitiera a los estudiantes presentar la prueba.
Finalmente, los jóvenes realizaron el examen Saber 11 el 26 de julio de 2026.
La investigación deberá establecer las causas del incumplimiento y determinar qué servidores tenían asignadas las funciones relacionadas con el recaudo de los recursos, el pago de los derechos y la inscripción de los estudiantes.
Procuraduría abrió la actuación de oficio
El proceso disciplinario comenzó después de que la Procuraduría conociera una publicación periodística en la que se informó sobre las dificultades afrontadas por los estudiantes para acceder oportunamente a las pruebas de Estado.
A partir de esa información, el organismo inició de oficio la indagación previa para determinar las circunstancias en las que se desarrolló el proceso administrativo.
La apertura de esta etapa no implica que exista responsabilidad disciplinaria establecida. Su propósito es identificar a los funcionarios que pudieron intervenir en los hechos y determinar si existen elementos para continuar con una investigación.
Solicitan documentos financieros y registros de inscripción
Como parte de las diligencias, la Procuraduría ordenó recopilar información de la institución educativa y de las autoridades municipales relacionadas con el procedimiento.
Entre los documentos solicitados están los soportes financieros, registros de inscripción, informes administrativos y demás archivos relacionados con el recaudo y pago de los derechos de las pruebas Saber 11.
Con estas pruebas, el Ministerio Público busca reconstruir el trámite, establecer las fechas en las que debía cumplirse cada procedimiento y determinar las funciones asignadas a los servidores involucrados.
La indagación continuará mientras la Procuraduría analiza la documentación y define si existen méritos para avanzar a una nueva etapa disciplinaria.
