La politización y los desconocimientos en favor de las élites de las altas cortes.
Imagen por: https://chatgpt.com/
Que una figura como Rodrigo Uprimny afirme que “el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia sobre elementos básicos del derecho agrario es precario”, no es una frase menor ni un simple desacuerdo académico.
Es una advertencia grave sobre una de las deudas históricas más profundas de Colombia: la justicia rural.
Porque el problema agrario en Colombia no ha sido solo de tierras, sino también de ignorancia institucional, abandono estatal y privilegios jurídicos construidos desde la ciudad para decidir sobre el campo sin comprenderlo.
Cuando quienes administran justicia desconocen principios esenciales del derecho agrario, terminan resolviendo conflictos campesinos con lógica comercial, tratando la tierra únicamente como mercancía y no como territorio de vida, producción, memoria y subsistencia.
Y ahí aparece una de las grandes tragedias nacionales: el campesino conoce la tierra, pero muchas veces quienes interpretan la ley no conocen la realidad del campesinado.
El derecho agrario exige comprender desigualdad histórica, concentración de tierras, despojo, informalidad en la propiedad y la función social de la tierra.
No basta con memorizar códigos desde un escritorio en Bogotá.
Por eso Colombia sigue atrapada en disputas eternas donde los poderosos suelen llegar con escrituras, abogados y conexiones, mientras el campesino llega apenas con la memoria de haber trabajado la tierra durante décadas.
Y en este gobierno, las altas cortes han profundizado la desconfianza ciudadana al asumir en múltiples ocasiones un papel que muchos perciben más político que jurídico.
Para amplios sectores del país, las cortes dejaron de limitarse a interpretar la Constitución y comenzaron a intervenir como actores de poder, políticos disfrazados de «magistrados», frenando reformas y decisiones respaldadas por millones de ciudadanos en las urnas.
La sensación que crece en buena parte del pueblo es que algunos magistrados terminaron convirtiendo la toga y la bata negra en instrumentos de confrontación política, legislando desde los estrados y reinterpretando la Constitución según intereses ideológicos o presiones de las élites tradicionales.
Porque una democracia se debilita cuando las instituciones llamadas a proteger el equilibrio terminan siendo vistas como barreras contra la voluntad popular.
Y cuando la justicia parece distante del pueblo, el problema ya no es solo jurídico: es profundamente democrático.
¿Quién ronda a las altas cortes?
Colombia se acaba de enterar sobre el injustificado aumenta de su patrimonio de una magistrada.
¿Y los demás para cuándo rendirán cuentas?
¿O será que aplicarán el famoso dicho de que: “la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”?
Otras publicaciones de Stella Ramirez G. en Proclama del Pacífico:
