Partido Liberal continúa en Congreso Nacional.

Magistrado del Tribunal de Cundinamarca no permite cumplir fallo del Consejo de Estado.

• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender este viernes la realización del VII Congreso Nacional del Partido Liberal Colombiano, convocado para este fin de semana, 14 y 15 de mayo.
• Medida cautelar ordenada por un magistrado del Tribunal fue calificada como arbitraria y sospechosa de politiquería por directivos del Partido Liberal.
• La sala del tribunal dictó medidas cautelares al aceptar la petición de dos miembros del Partido Liberal que manifestaron que se les desconocieron sus derechos como dignatarios al no ser citados.
• “Este tipo de debate político es el ejercicio del derecho a reunirse que tienen todos los ciudadanos y que ningún juez lo puede impedir, siempre que se haga dentro de los cánones democráticos”: Héctor Riveros Serrato, director del Instituto de Pensamiento Liberal.
• “El Partido Liberal acata las decisiones judiciales, aun siendo arbitrarias como ésta”: Héctor Riveros.
• “El Liberal es el único Partido que hay en Colombia con una estructura sólida, con una ideología clara y un vigor evidente…”: director del Instituto de Pensamiento Liberal.

El magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tomó la decisión de suspender el Congreso Liberal que se realiza en la Centro Convenciones Gonzalo Jiménez, de Bogotá, y que tenía previsto concluir este domingo. El fallo se tomó en respuesta a una solicitud de medidas cautelares interpuestas por German Arias Ospina y Jaime Pulido Sierra, dos militantes del Partido Liberal, quienes el pasado 19 de abril, pidieron la suspensión provisional del Congreso, la máxima instancia decisoria de la colectividad. En la solicitud, los demandantes argumentaron que el Partido Liberal no acató un fallo del Consejo de Estado del 5 de marzo del 2015 que declaró ilegal los estatutos del Partido Liberal que habían sido aprobados en el 2011 por una llamada Asamblea Constituyente Liberal. Los demandantes aseguran que el Partido Liberal convocó al actual Congreso sin que se haya conformado el Comité de Reforma Estatutaria, como lo dispuso el Consejo de Estado.

Tan pronto se supo de la decisión del magistrado Mazabel las directivas de esa colectividad se reunieron durante una hora y se pronunciaron: “No es posible que una persona, un solo funcionario, de forma arbitraria y sin competencia venga a atropellar al Partido Liberal Colombiano de esta forma tan arbitraria y tan vergonzosa. Eso lo rechazamos rotundamente”, indicó el codirector del partido Liberal, senador Horacio Serpa.

Los liberales, quienes se encuentran participando en el VII Congreso Nacional en Bogotá, decidieron no suspender, y por el contrario, seguir con la convención y las deliberaciones internas este sábado y domingo.

Finalmente el codirector dijo que la decisión que tomó el magistrado Mazabel “fue a última hora y a todos sorprende. Se hace faltando dos horas para que se termine el tiempo ordinario que se utiliza cada semana para las diligencias judiciales, es un funcionario atrabiliario que quiso emitir el auto y dejar al partido sin defensa. Está abusando del Derecho”.

Por su parte, el secretario de la colectividad, Héctor Olimpo Espinosa, dijo que el encuentro no se va a suspender, porque no han sido notificados de la decisión judicial. Agregó que tienen dudas en torno al rigor jurídico de la medida porque esta le correspondía tomarla a la sala completa y está firmada solamente por uno de los magistrados.

Este sábado el partido escuchará a sus posibles precandidatos a la Presidencia de la República para el 2018 y contará con la presencia de uno de sus jefes naturales, el exmandatario César Gaviria Trujillo.

Antecedentes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una petición de dos afiliados al partido que pidieron que se suspendiera el Congreso debido a que en este evento no se iba a garantizar la participación de quienes en vigencia de los estatutos del 2002 estaban designados en los órganos de dirección de la colectividad.

Esto en concordancia con una decisión tomada el pasado 25 de mayo del año pasado del Consejo de Estado que le ordenó al Partido Liberal que debería dejar de aplicar los estatutos que suscribió en 2011, pues consideró que no fueron expedidos por el órgano competente para hacerlo ni se respetó el procedimiento exigido en la Ley 1475 de 2011 afectando principios de igualdad, equidad, igualdad, género y transparencia.

El Consejo de Estado igualmente dispuso que el Partido Liberal «se rija por los estatutos que estaban vigentes a la entrada de la Ley 1475 del 2011» y que los ajuste a esta normativa, para lo cual deberá conformar un comité que garantice el principio de participación democrática. Según la colectividad, «dentro del término otorgado por el órgano judicial, el Partido Liberal Colombiano iniciará la toma de sus decisiones en torno a los Estatutos del año 2002, e implementará las acciones necesarias para que estos se ajusten a la Ley 1475 de 2011, para lo cual convocará un nuevo Congreso Nacional Liberal, considerando que el alto tribunal en este caso nos confiere el término de un año».

Lo que no se entiende es por qué si el Consejo de Estado le ordenó al Partido Liberal que convoque al Congreso Nacional para hacer las reformas legales, ayer un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no permita cumplir con esas disposiciones, teniendo en cuenta que el VII Congreso fue convocado, precisamente, para la reforma de los estatutos.

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Las siguientes fueron las declaraciones exclusivas para Proclama del Cauca del director del Instituto de Pensamiento Liberal, Héctor Riveros Serrato, abogado experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública. Fue Viceministro del Interior desde donde participó en el proceso constituyente de 1991 y fue miembro del equipo negociador del gobierno colombiano en la negociación con la coordinadora guerrillera en las rondas de Caracas y Tlaxcala. Fue Secretario de Gobierno de Bogotá durante el primer gobierno de Enrique Peñalosa y formó parte de la red de expertos en asuntos locales del Programa de las Naciones Unidas para América Latina. A través de organismos de cooperación internacional, presta asistencia técnica en materias constitucionales y legislativas a agencias estatales nacionales, regionales y locales y en formulación de políticas públicas en temas como relaciones intergubernamentales, seguridad ciudadana, Es un reputado estratega político consultado por candidatos presidenciales, congresistas y alcaldes: