Participación política: posibilidades de resignificación cultural y legitimación de las luchas del pueblo afrocolombiano

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, producto de los movimientos sociales que surgieron en el marco de la violencia que agitó a Colombia durante esa década y asociaba los problemas del país con la falta de participación e inclusión política, se veía llegar un nuevo amanecer para los grupos étnicos y culturales y se avizoraba una luz que iluminaría el encuentro de las diferencias individuales y sociales, y que promovería la inclusión, el reconocimiento y la equidad social como vectores que direccionan el desarrollo y crecimiento de la Nación.

“En América Latina, hasta finales del decenio de 1980, la integración había sido la estrategia preponderante hacia la unidad nacional. Se argumentaba que conllevaba a mayor tolerancia racial, en comparación con modelos basados en la segregación reglamentada por el Estado, como el que primó en el sur de los Estados Unidos hasta el decenio de 1960 [1]”. Con la intención de consolidar la identidad nacional, se dio forma a un sustrato, para cimentar los procesos de homogenización, invisibilización y aniquilamiento cultural de los sectores sociales diferentes, para imponer una sola manera de ver el mundo y relacionarnos con la naturaleza, la sociedad y la cultura.

El reconocimiento étnico que edificó la Constitución de 1991 en Colombia, iluminó la vida social y comunitaria, los grupos “minoritarios” se vieron integrados a la vida nacional, se tendieron lazos de legalidad que anudaron y entroncaron esas raíces negras e indígenas, presentes en la cotidianidad del país, aun invisibles en el imaginario social, pero vivos y edificantes de la grandeza de ser colombiano, a la génesis de la conformación de la identidad nacional. Se legitimó el conocimiento de que en Colombia existen etnias y grupos sociales que merecen protección especial por parte del Estado.

Unos constituyentes, con arraigo y compromiso social, entendieron las múltiples voces de los grupos emergentes de la sociedad colombiana, que solicitaban a grito romper las barreras de la “miopía social”, que negaba de forma estructural la participación política, y unas mejores alternativas de vida a estos grupos culturales, que silenciosamente han estado dejando su fuerza laboral, a través de prácticas físicas, intelectual y simbólica, en cada momento de la historia nacional, para la edificación y conformación de un país, competitivo en las dinámicas productivas y de desarrollo social en la realidad de América Latina.

Uno de los grandes aportes ideológicos y simbólicos de la nueva nación que nacía, con la Constitución de 1991, es desinstalar del imaginario de académicos, investigadores sociales y entes gubernamentales “la integración y segregación nacional”, como política de Estado para la construcción de país, a costa de borrar las diferencias culturales y personales que vehiculiza el desarrollo social, por la preservación y desarrollo de las diferentes etnias y culturas, como vectores y células que en su propio desarrollo y tramitación de la diferencia van redefiniendo un país nuevo en clave de la inclusión, como alternativa válida socialmente.

La Constitución Política de 1991, abrió la puerta para la creación de circunscripciones electorales especiales, dirigidas a garantizar la representación parlamentaria de minorías étnicas y políticas y en consecuencia, a reflejar el carácter multicultural y multiétnico del país en la composición del Congreso de la República. Bajo esta orientación, la legislación colombiana garantiza para las comunidades indígenas dos escaños en el Senado de la República y uno en la Cámara de Representantes, y para las comunidades afrodescendiente dos asientos en la Cámara de Representantes mediante la Ley 649 de 2001.

La circunscripción especial para comunidades negras es una herramienta para la instauración de los derechos políticos de una población que ha estado de espalda a las grandes decisiones públicas de la nación, que no ha podido ser gestora de las decisiones que les afectan en sus territorios. Sin embargo, los espacios creados para la participación de los grupos afrodescendientes en el Congreso Nacional, no ha sido el escenario para estudiar, tramitar y gestionar las necesidades más sentidas en clave de tener una vida digna, sino que se ha convertido en un apéndice de las prácticas de la politiquería tradicional, que tanto daño ha hecho al país, pero en especial a los sectores empobrecidos de la nación.

La Cámara de Representantes tiene por propósito fundamental alimentar el quehacer del Congreso con la canalización de intereses, proyectos y perspectivas regionales, es el escenario natural para problematizar y discutir las dificultades que viven las comunidades y pueblos en las regiones, pero la elección de la circunscripción especial afrocolombiana se realiza en el ámbito nacional, de lógica se deberían tener los espacios en el Senado de la República, ya que la población negra está distribuida y dispersa en todo el territorio nacional.

De igual forma, la cotidianidad de la vida de los sectores afrocolombianos es compartida con otros sectores sociales que participan con ellos el abandono y el olvido por el Estado colombiano, los parlamentarios elegidos al interior de la circunscripción especial, deben luchar por intereses comunitarios más que étnicos, las luchas de los elegidos por las comunidades negras deben recoger intereses diversos y visibilizar reivindicaciones diferentes que se mueven y se fortalecen con el alimento del olvido histórico y permanente al que han sido sometidos por los gobiernos de turno.

Según el Artículo 3º de la Ley 649 de 2001, “quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior”. Lo anterior significa que el sistema de partidos en la circunscripción especial para comunidades negras funciona de manera independiente, es el Ministerio del Interior y de Justicia el ente encargado de otorgar reconocimiento a aquellas colectividades con capacidad de presentar listas. Lo cual no garantiza que dichas organizaciones representen a los pueblos afrocolombianos; y más aún, un grupo poblacional con tantos problemas sociales y organizativos, que requieren que sus representantes los conozcan, los lleven en su sangre, que todo su ser se muevan en dirección de lo vivido y soñado en el imaginario colectivo de sus gentes. Deben ser auténticos voceros de ellos.

Convertirse en vehículo de reivindicación económica, social y cultural, para llevar al Congreso de la República un sentimiento, una identidad, una lucha, unos sueños y en especial una lógica de entender la vida y una visión propia de desarrollo económico y social en vía de fortalecer una visión cultural de país, se requiere de personas que hayan vivido al interior de las comunidades, que hayan desarrollado formas ancestrales de producción y de organización social. Dichas personas deben nacer de los procesos y dinámicas propias de los pueblos afrocolombianos, deben saber lo que es vivir día a día con limitaciones económicas, sociales y con ropaje cultural que no es reconocido como forma de vida propia.

En el momento de dar un aval a un candidato que desea convertirse en congresista por la circunscripción especial afrocolombiana, mandatario regional o local, se deben estudiar sus antecedentes de trabajo comunitario, cuál ha sido el compromiso y su posición de lucha en defensa de los intereses de los menos favorecidos de la sociedad colombiana. No es aceptable que aparezcan unos oportunistas, politiqueros que se cambian de uniforme y de la insignia partidista en cada contienda electoral, para camuflarse y aprovecharse de incautos y negociantes de la política para entregar en bandejas la lucha de un pueblo, por unos pesos que satisfacen el bolsillo de unos pocos, y la vida de marginalidad y desconocimiento continua rampante por los esteros, ríos y mares del Pacífico, por los valles interandinos y ciudades donde se ancló la pobreza y la desigualdad que ha acompañado durante varios siglos  a los pueblos afrocolombianos del país.