Para evitar otra guerra, es necesario voluntad política y movilización ciudadana
El abogado español, Enrique Santiago, analizó los avances y tropiezos de la implementación de los acuerdos de paz en el país. Además, señala los errores y tropiezos del proceso e invitó al pueblo colombiano a no dejarse engañar.
Enrique Santiago es abogado de nacionalidad española y actual asesor jurídico de las Farc. Es además político y comunista. Tiene reconocimiento latinoamericano como profesional, fue asesor jurídico de la mesa de diálogo de La Habana, Cuba, y conoce al detalle lo firmado en el acuerdo.
En su más reciente visita a la capital del Cauca se aprovechó para realizar una entrevista que despejara dudas e inquietudes sobre los avances y tropiezos que ha sufrido la implementación de los acuerdos de Paz logrados en Cuba.
¿Cómo está y avanza la implementación de los acuerdos establecidos entre el Gobierno y la Farc?
Enrique Santiago: Hay sin duda alguna un atraso en lo acordado como implementación en el acuerdo logrado en La Habana.
Son 34 medidas y de ellas a fecha de hoy se han implementado 13 o 14 medidas nada más, y eso teniendo en cuenta que cuando digo implementado, en algunos casos me refiero a que se han acordado las leyes y eso desagradecidamente significa que ya se puso en marcha la medida.
¿En las reuniones que se realizan con el Gobierno qué responde?
E.S: No hubo mala voluntad del Gobierno colombiano con el proceso de implementación. Lo que se dio fue una situación muy particular. Entendiendo que hubo proximidad con el ciclo electoral hizo que el gobierno perdiera las mayorías en el Congreso de la República.
Ahora las distintas fuerzas políticas se están reacomodando hacia donde les parece, va a quedar el poder.
Vale la pena pensar si es lo más óptimo seguir en la tarea de implementación en medio de estas condiciones, cuando hay riesgos importantes.
¿Ejemplos de esos riesgos o dificultades?
E.S: Por ejemplo, la variación que sufrió el proyecto de la ley estatutaria, que finalmente fue aprobada por el Congreso sufrió variaciones sustanciales. El Acto Legislativo 002 de 2017 incorporó una norma a la Constitución que obliga a las instituciones y las autoridades al cumplimiento del acuerdo. A pesar de eso, el Congreso de la República ha variado el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP).
Tampoco fue posible que las mayorías parlamentarias aprobaran el acuerdo de proyecto de reforma política referido al punto dos del acuerdo sobre la participación en política.
De otro lado está el lamentable espectáculo sobre aprobación sobre circunscripciones especiales de paz y esto ha sido doloroso porque aunque las fuerzas políticas se han llenado la boca anunciando la importancia de las víctimas han preferido mantener sus privilegios políticos en materia electoral que conceder las 16 curules especiales para las víctimas del conflicto.
¿Qué se cambió de la ley estatutaria acordada en La Habana?
E.S: De forma resumida hay que decir que el incremento del régimen de condicionalidades solamente para los integrantes de las Farc, las condicionalidades estaban definidas en el acuerdo y si se alteran no tiene mucho beneficio jurídico que se altere en perjuicio de uno de los actores del conflicto.
Segundo lugar, las inhabilidades a jueces por haber sido defensores de víctimas o de derechos humanos cuando se estableció que las victimas están en el centro del acuerdo.
La modificación del régimen de sanciones que se incluyen en la (JEP). La exclusión de los terceros cuando se sabe que es el sector que más impunidad ha disfrutado en medio del conflicto. También las normas que convertirán la (JEP) en Jurisdicción de Cierre. Son hasta 18 variaciones que son sustanciales.
¿Hubiese sido mejor haber adelantado todo este proceso fuera del ciclo electoral?
E.S: Pues efectivamente era algo que no se podía prever con antelación. Es claro, uno de los aprendizajes que deja para el mundo, este proceso de paz.
Ahora hay una preocupación grande de parte de las Farc y es, el avance de la restitución de tierras y reforma rural integral. ¿Usted tiene la misma impresión?
E.S: Prácticamente no se ha avanzado nada, al menos en medidas eficaces. El corazón del acuerdo de la reforma rural consiste en dos medidas. Por un lado, un catastro rural que permita definir la propiedad y los derechos sobre la tierra. Un catastro que existe en cualquier parte del mundo. En Colombia no lo hay ni se ha puesto en marcha.
Y por el otro, poner a disposición diez millones de hectáreas para campesinos. Siete millones de hectáreas que consisten se titularizar tierras que ya están titularizadas para campesinos y tres más que se ponen a disposición de campesinos que hayan sufrido de desplazamiento. Lo que deja de manifiesto el acuerdo está incumplido. Lo anterior es muy preocupante.
¿En qué se ha avanzado?
E.S: En lo que más se ha avanzado es en las consecuencias del conflicto y no con las causas que tiene que ver con la implementación que son reforma rural y reforma política. Claro, cualquier persona que nos escuche y analice que solo se priorizan las consecuencias y no las causas, señala que hay riesgo que en uno o dos años se vuelva a reproducir esas causas que no han sido
¿Cuáles son los pasos a seguir para exigir al Estado el cumplimiento de los acuerdos?
E.S: Esto ya se hizo. Ante la Asamblea de Naciones Unidas y Consejo de Seguridad se presentó una solicitud firmada por los plenipotenciarios que firmaron el acuerdo de paz para que se estudiara la posibilidad de un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia si a su entender hay elementos del derecho internacional.
Ahora, no es mucho más lo que se puede hacer. Quizá la única opción o garantía es la voluntad política de las instituciones del país donde se ha firmado el acuerdo de paz.
¿Hay posibilidad de alimentar los sueños y esperanzas de conseguir una paz estable y duradera en el país?
E.S: Por supuesto, se pueden alimentar esperanzas ahora no existen milagros, la paz no va a descender de forma mágica en el país. Lo que se necesita por parte de la ciudadanía es un aparte activa y de empoderamiento para que exijan cumplimiento. Ese es el principal equívoco. Es que lo que no se ha dado cuenta el pueblo colombiano es que los acuerdos no son en beneficio de las Farc sino de la misma ciudadanía.
Es decir, el 95 por ciento de los acuerdos de paz son en beneficio del pueblo colombiano, las condiciones de vida y sus instituciones y un 5 por ciento equivale a las reglas de reincorporación de guerrilleros.
¿Cuánto cuesta esa reincorporación?
E.S: Por cierto, el total del gasto de los programas de reincorporación equivale al presupuesto de Colombia diez días de guerra. Es decir, el 30 de diciembre del año 2016 ya estaba amortizado, ahora, ese dinero que sobra es el que se requiere para la implementación de los acuerdos.
“Aunque las fuerzas políticas se han llenado la boca anunciando la importancia de las víctimas han preferido mantener sus privilegios políticos en materia electoral que conceder las 16 curules especiales para las víctimas del conflicto”.
DATO: El abogado español, Enrique Santiago, fue invitado a un conversatorio en la ciudad de Popayán por parte de la Universidad del Cauca para hablar de avances en la implementación de los acuerdos de paz.
Entrevista realizada por:
Jose Miguel Marulanda
Flor de lis Urrea
Fabrit Cruz
