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Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, las oportunidades laborales en las zonas rurales del Cauca siguen siendo una preocupación para sus habitantes. Jesús Alberto Aguilar Guerrero cuestiona la distancia entre las promesas de paz y las condiciones económicas de quienes viven en municipios afectados por el conflicto armado. El columnista propone cinco sectores capaces de ofrecer alternativas productivas y reclama formación técnica, capital semilla y mercados estables para los jóvenes.
Han transcurrido diez años desde la firma del Acuerdo de Paz en La Habana y todavía esperamos que sus beneficios lleguen a los campos del Cauca. Soñamos con un departamento donde la inclusión laboral, las oportunidades productivas y el trabajo digno sean una realidad para los habitantes de sus 42 municipios.
Pero la vida cotidiana de muchas comunidades continúa marcada por la violencia, el desplazamiento y las dificultades para conseguir ingresos. El empleo rural sigue siendo una de las principales preocupaciones para quienes buscan construir su futuro lejos de los grupos armados y las economías ilegales.
A quienes participaron en el conflicto se les pidió dejar las armas. La pregunta que persiste es qué oportunidades económicas encontraron después para sostener a sus familias y permanecer en sus territorios.
El programa gubernamental de Paz Total volvió a situar la terminación de la violencia en la discusión nacional. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, ninguna política de paz puede considerarse suficiente mientras los habitantes de los territorios afectados carezcan de alternativas de trabajo.
El proceso de paz permitió dar mayor visibilidad a problemas históricos del campo colombiano. La desigualdad social, las dificultades de acceso a servicios básicos y las limitaciones del mercado laboral forman parte de las condiciones que afectan a numerosas comunidades rurales.
Estos desafíos ya habían sido examinados en los estudios de la Misión para la Transformación del Campo, desarrollada con la participación del Departamento Nacional de Planeación y otras entidades nacionales.
Sus diagnósticos, publicados durante la década pasada, plantearon la necesidad de reducir las brechas entre las ciudades y el campo mediante políticas de desarrollo productivo y bienestar rural.
También debemos recordar los resultados del Censo Nacional Agropecuario de 2014, que examinó las condiciones sociales y productivas de las zonas rurales de Colombia.
En el Cauca, aquellas preocupaciones mantienen vigencia. La falta de oportunidades laborales en determinados territorios obliga a preguntarnos si las políticas públicas han respondido a las necesidades de los jóvenes que crecieron durante estos años de implementación del Acuerdo de Paz.
Pensemos en un muchacho de 19 años que vive en Argelia, El Tambo, Bolívar, Mercaderes, Balboa, Toribío o Jambaló. No ha terminado el bachillerato y tiene una madre enferma que depende de sus ingresos.
Para ilustrar las decisiones económicas que podría enfrentar, planteamos tres alternativas hipotéticas.
La primera consiste en trabajar como raspachín en cultivos de coca, con un ingreso supuesto de $1.200.000. La segunda es vincularse a un grupo armado ilegal, bajo una oferta hipotética de $800.000, una motocicleta y una posición de poder. La tercera es dedicarse a sembrar café, cacao o cítricos, con ingresos estimados de $400.000, siempre que la cosecha pueda comercializarse.
Estas cantidades son parte del ejemplo presentado en la columna y no corresponden a tarifas verificadas ni a un estudio de remuneraciones.
La comparación busca plantear un problema que merece atención: ¿cómo puede competir una actividad agrícola legal cuando enfrenta dificultades de comercialización, costos de producción y ausencia de compradores?
Las organizaciones armadas pueden aprovechar las condiciones de vulnerabilidad económica de algunos jóvenes. Sin embargo, sus mecanismos de vinculación también incluyen amenazas, coerción, reclutamiento y otras formas de violencia. La decisión de un joven no puede explicarse únicamente por una comparación de ingresos.
Para quienes crecen en territorios afectados por el conflicto, disponer de educación, empleo y protección institucional puede ampliar las posibilidades de construir un proyecto de vida.
En nuestra reflexión inicial mencionamos una tasa de desempleo del 12 % para el Cauca y estimamos que la falta de oportunidades en determinados sectores rurales podría alcanzar el 60 %.
Es necesario distinguir esas afirmaciones de las estadísticas oficiales.
De acuerdo con los resultados anuales del DANE publicados el 15 de abril de 2026, la tasa de desocupación del Cauca durante 2025 fue del 6,6 %. Este indicador departamental no equivale a una medición particular de desempleo juvenil o de los municipios más afectados por la violencia.
La estimación del 60 % requiere una investigación específica antes de utilizarse como dato estadístico.
También debemos considerar que muchas personas del campo realizan actividades por cuenta propia, trabajan sin una remuneración estable o dependen de ingresos ocasionales.
Estar registrado como ocupado en una encuesta laboral no significa necesariamente contar con un empleo formal, prestaciones sociales o ingresos suficientes para sostener una familia.
En el caso de los jóvenes que no estudian ni trabajan, es indispensable conocer las razones de esa situación y las barreras que enfrentan para ingresar al sistema educativo o al mercado laboral.
Esas diferencias deben aparecer en los diagnósticos que orientan las decisiones de las alcaldías, la Gobernación del Cauca y las entidades nacionales.
Considero que el Cauca tiene oportunidades para desarrollar proyectos laborales relacionados con actividades que ya existen en el departamento, aunque muchas enfrentan problemas de informalidad, financiación y acceso a los mercados.
No necesitamos esperar la llegada de una gran ensambladora de automóviles para comenzar a trabajar en soluciones. Podemos identificar sectores productivos presentes en nuestro territorio y examinar qué condiciones necesitan para ofrecer empleos dignos.
Propongo concentrar la discusión en cinco actividades.
1. Café especial y cacao para la paz. La producción y comercialización de estos cultivos puede ofrecer alternativas económicas en municipios rurales. El Cauca cuenta con una tradición cafetera reconocida por la Federación Nacional de Cafeteros.
El desafío consiste en mejorar las condiciones de producción, transformación y venta, para que las familias obtengan ingresos estables.
2. Turismo rural y comunitario. Los paisajes, la cultura y los conocimientos de nuestras comunidades ofrecen posibilidades para desarrollar actividades turísticas. Sin embargo, estas iniciativas necesitan seguridad, conectividad, infraestructura, formación y participación de la población local.
3. Restauración ambiental. La recuperación de ecosistemas, las labores de reforestación y el cuidado de las fuentes hídricas pueden convertirse en oportunidades de trabajo mediante proyectos financiados y supervisados por las entidades competentes.
4. Construcción de infraestructura rural. El mejoramiento de vías terciarias, acueductos y escuelas representa una posibilidad de contratación de trabajadores locales. Estas obras también pueden mejorar las condiciones de producción y acceso a servicios de las comunidades.
5. Economía del cuidado y tecnología. La atención a personas que requieren apoyo, los servicios comunitarios y la formación en herramientas digitales pueden abrir oportunidades laborales, especialmente cuando existen mecanismos de formalización, capacitación y remuneración adecuada.
Cada sector necesita estudios de viabilidad, recursos y compradores o usuarios que permitan sostener las actividades. Las oportunidades no pueden quedarse en anuncios.
El Cauca cuenta con municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para atender territorios afectados por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas. Estos instrumentos contemplan intervenciones relacionadas con el desarrollo rural y la inclusión productiva.
También existen mecanismos de financiación asociados a la implementación del Acuerdo de Paz, recursos de regalías y programas de cooperación internacional.
La pregunta que debemos formular es cómo se convierten esos recursos en oportunidades laborales concretas para los habitantes del campo.
Desde nuestra perspectiva, una parte de los esfuerzos institucionales termina concentrada en actividades de formulación, consultoría y capacitación, mientras algunos jóvenes continúan sin posibilidades económicas suficientes.
Esta preocupación requiere examinar los presupuestos ejecutados, los contratos celebrados y los beneficiarios efectivos de los programas. No podemos dar por demostrado que los recursos se quedan en Popayán sin revisar su destinación y resultados.
Volvamos al ejemplo de un joven de El Tambo que busca una actividad productiva para sostener a su familia.
Podría participar en otro taller sobre proyecto de vida, pero también necesita herramientas concretas para comenzar a trabajar.
La primera es una formación que le permita adquirir competencias útiles. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) debería acercar sus programas a las veredas y corregimientos para reducir las dificultades de desplazamiento hasta Popayán.
La segunda es el acceso a capital semilla, acompañado de orientación técnica y financiera. Un emprendimiento agrícola requiere recursos iniciales, pero también planificación para evitar que una inversión termine convertida en una deuda imposible de pagar.
La tercera es contar con posibilidades reales de comercialización.
Un campesino que decide sembrar limón Tahití necesita conocer las condiciones del mercado y establecer relaciones con posibles compradores antes de comprometer sus recursos.
La propuesta consiste en facilitar acuerdos comerciales que definan condiciones de calidad, cantidades, precios y entrega. La producción agrícola necesita mercados que permitan recuperar las inversiones y obtener ingresos.
El empleo rural debe ocupar un lugar en las propuestas de quienes aspiran a representar al Cauca y de quienes actualmente ejercen responsabilidades públicas.
Los alcaldes, la Gobernación, el Gobierno nacional y los congresistas tienen competencias diferentes, pero sus decisiones pueden incidir sobre la formación laboral, la infraestructura, el acceso al crédito y las condiciones de comercialización.
Cuando se anuncian programas para el posconflicto, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto dinero se destina, cuáles son los municipios beneficiados y cuántas personas encuentran oportunidades de trabajo.
También corresponde preguntar por la continuidad de los proyectos una vez terminan los contratos o los periodos de gobierno.
La generación de empleo exige la participación de empresas, asociaciones productivas, organizaciones comunitarias e instituciones públicas.
Los programas deben responder a las características económicas de cada municipio. Las necesidades de Argelia pueden ser distintas de las de Bolívar, Mercaderes o Jambaló, aunque todos compartan preocupaciones relacionadas con la seguridad y las oportunidades de sus habitantes.
Diez años después del Acuerdo de Paz, seguimos esperando que las oportunidades laborales lleguen a quienes han soportado las consecuencias de la violencia.
La reconciliación también requiere condiciones materiales para que las personas puedan reconstruir sus proyectos de vida.
Es difícil pedirle a una familia campesina que confíe en las instituciones cuando carece de ingresos, enfrenta problemas para transportar sus cosechas o no encuentra oportunidades educativas para sus hijos.
Por eso considero que el empleo debe ocupar un lugar central en las políticas de paz del Cauca.
La tarea de nuestros representantes políticos consiste en promover decisiones que permitan conectar la formación, la financiación, la producción y los mercados.
La paz que esperamos debe sentirse en las veredas, en los hogares y en las oportunidades de los jóvenes que quieren trabajar.
El perdón tiene un lugar en los procesos de reconciliación, pero quienes han vivido la violencia también necesitan medios para sostenerse dignamente.
Como lo planteamos desde el comienzo de esta reflexión, el Cauca necesita menos promesas y respuestas concretas frente al empleo rural.
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