OMINOSA EXTRACCIÓN MINERA EN COLOMBIA
Media Colombia está invadida por las concesiones mineras en el país. Concesión en el diccionario quiere decir regalo, dádiva. Y esta es la realidad de la minería legal e ilegal que se lleva a cabo en miles de miles sitios del territorio patrio. El subsuelo colombiano se está regalando con su riqueza y utilidad. Así lo reconoce el diario capitalino El Espectador.
La noticia tiene dos sabores: uno agrio y el otro sospechoso. ¿Denuncia o apoyo a esta realidad? ¿Es buena esa actividad tal como se practica y se ha permitido, casi con la imposición y la amenaza en todos los sitios habitados por gentes humildes y sonsacados a cambio de ofertas baratas a cambio de sobrevivir?
Cuántas familias han sido erradicadas, arrancadas de sus viviendas y propiedades donde tenían labranzas y sembradíos. Fueron trasladadas a conjuntos iguales, sin servicios, sin paisaje. Perdieron las condiciones de tranquilidad, de silencio, de comunión con la Naturaleza. Su situación antropológica cambió radicalmente porque sus raíces con la tierra les fueron cercenadas.
No hay quién les proteja sus derechos. Y quien debería hacerlo, el agente que ostenta el ministerio público, el representante de la sociedad más débil, el Procurador saliente, se ha ido contra el pueblo, a favor de los llamados inversionistas y concesionarios. A favor de la continuación del despojo a manos de compañías extranjeras de Canadá, Inglaterra, Suecia, España y otras… Ha puesto el grito en el cielo a favor del Ministro de Hacienda, de Planeación, interesados en seguir esta ola devastadora.
¿No vale que la Constitución ordene a las autoridades proteger el territorio de recortes oceánicos, de sus recursos hídricos, selvas, fauna y flora, costas y reservas naturales?¿No vale que la Constitución avale las consultas populares para invocar la salvaguardia de sus municipios de la voracidad minera e hídrica. Es una de las pocas instituciones creadas por los constituyentes del 91 que están al servicio de la ciudadanía de a pie en Colombia. Y ahora se quiere desconocer para insistir en la sustentabilidad económica del país.
¿No importa que se esté echando mano de los fondos de pensiones para sufragar obras civiles de las 4G a costa del riesgo de acabar con los recursos y ahorros necesarios para el pago de los pensionados? ¿No ha sido suficiente con vender activos y paisaje del Estado como Isagén o ahora ETB que mucho le costaron al pueblo-pueblo y a los campesinos cercanos a los humedales y represas, como los del Quimbo, Huila, y de la nueva Guatapé?
Primero está el derecho a la vida, al paisaje, al aire puro del campo, al agua, a la fauna, al canto de los pájaros, al color de las alas del colibrí y a la miel y el zumbido de las abejas. Primero está la calidad de vida y el derecho a gozar del arrullo del río, de la posibilidad de vivir en paz en su rancho lejos del ruido de la farándula y del desempleo en la ciudad.
