Ocad Paz sin Auditoría Forense

Ocad Paz sin Auditoría Forense

El pasado 10 de julio se llevó a cabo la sesión número 80 del Ocad Paz, para autorizar distintos proyectos de inversión con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), priorizados en los términos de la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc, firmados en 2016. Estos incluyen 170 municipios agrupados en 16 Pdet, donde la pobreza, la violencia y la coca golpean de manera inclemente a más de 7 millones de colombianos.

La reunión de este Ocad (téngase en cuenta que existen otros Ocad como el Regional, el de Ciencia y Tecnología, y la bolsa ambiental) se adelantó con la presencia de sus tres delegados, quienes tienen voz y voto: un gobernador, un alcalde y un delegado de la Oficina de Paz de la Presidencia. Además, participaron otros funcionarios del Senado, la Cámara, la Secretaría Técnica, en cabeza de la Dirección de Gestión y Desarrollo, y de la Dsec (Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control).

Como quiera que este Ocad Paz ha sido escenario de graves escándalos de corrupción, como los ocurridos durante el gobierno de Iván Duque (primer semestre de 2022, con Emilio Archila), la necesidad de veeduría y control social sobre cada una de sus decisiones se ha vuelto indispensable para la prevención y erradicación de situaciones de despojo y apropiación criminal de sus presupuestos.

Lo que se ha evidenciado, en los últimos 30 meses, es precisamente lo contrario, propiciando toda suerte de irregularidades como las que ocurrieron en la reunión del 23 de diciembre de 2024, cuando ASOSUPRO, un contratista de regalías denunciado por el exdirector de Planeación Nacional, Alexander López, fue favorecido de manera oscura con una abultada contratación (80 mil millones de pesos) en el departamento de Arauca para la construcción de varias carreteras.

Parece ser que, presuntamente, se ha presentado un hecho bastante poroso en el Ocad Paz número 80, con la aprobación de un proyecto por casi 600 mil millones de pesos, con ficha BPIN 20201301010353, para la construcción de la interconexión eléctrica de las localidades rurales costeras pertenecientes a tres municipios del departamento del Cauca y en siete municipios del departamento de Nariño. Este proyecto cuenta con una solicitud de ajuste (de más de 250 mil millones de pesos) respaldada por un informe de visita realizado por la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control (DSEC), bajo la dirección de Jhon Girón, quien, junto con sus abogadas, adelantó, con procedimientos bastante dudosos, todo el trámite de reposición y apelación administrativa frente a la medida sancionatoria ordenada contra dicho proyecto desde febrero de 2024, debido a los problemas ambientales, territoriales, étnicos e impositivos detectados tanto en la entidad ejecutora (Dispac de Quibdó) como en la empresa contratista (La UT Interconexión Eléctrica del Pacífico, un grupo empresarial con malos antecedentes en Pasto por sus vínculos con las mafias políticas y electorales de Nariño).

Este y otros hechos presentados en el Ocad Paz son consecuencia de no acatar lo dispuesto en el Decreto 1600 del 27 de diciembre de 2024, que formalizó la Estrategia Anticorrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este decreto incluye la organización y operación de auditorías forenses en todas las entidades del Estado, en los siguientes términos:

Se entiende por Auditoría Forense aquella rama de la auditoría que se enfoca en la prevención y detección de riesgos de corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), mediante una revisión rigurosa de procesos, hechos y evidencias para documentar la existencia de un presunto acto irregular, usando conocimientos interdisciplinarios, incluyendo técnicas de investigación criminalística, contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y habilidades en áreas financieras. El resultado de un proceso de auditoría forense permite la identificación y recolección de evidencia para ser presentada ante las autoridades competentes para llevar a cabo el debido proceso de investigación, acusación y juzgamiento.

Se considera corrupción todo acto que implique desviación de la gestión administrativa o de los recursos públicos y privados para obtener un beneficio propio o para un tercero. Igualmente, constituyen actos de corrupción las conductas punibles descritas en la Ley 599 de 2000, o en cualquier ley que la modifique, sustituya o adicione, así como lo previsto en la Ley 1474 de 2011; las faltas disciplinarias; y las conductas generadoras de responsabilidad fiscal relacionadas con los actos de corrupción y cualquier comportamiento contemplado en las convenciones o tratados contra la corrupción que Colombia haya suscrito y ratificado. Estas conductas incluyen: el uso del poder para obtener beneficios personales, la pérdida o disminución del patrimonio público, el perjuicio social significativo, y la corrupción electoral.

La Estrategia Anticorrupción también incorpora un estándar de debida diligencia en la investigación y sanción de presuntos actos de corrupción, como una herramienta para generar procesos y procedimientos eficientes, eficaces y efectivos en la detección, investigación y sanción de los mismos. Además, debe entenderse como la adopción de mecanismos y herramientas reforzadas para generar una precaución adicional en la salvaguarda de recursos públicos a cargo de las entidades.

El RADAR es un indicador elaborado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, diseñado para evaluar la afectación que la corrupción tiene en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Para garantizar su fiabilidad, las herramientas empleadas en esta medición deben cumplir con los estándares técnicos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco de la Política de Gobierno Digital.

Es urgente que en el Ocad Paz y el Sistema General de Regalías se dé curso a la Estrategia Anticorrupción adoptada por el gobierno del presidente Petro. Parece que en estos espacios también hay funcionarios que están traicionando al presidente Petro, quienes, aparentemente, nunca leen ni estudian el Plan Nacional de Desarrollo «Colombia: Potencia Mundial de la Vida», y menos aún sus decretos reglamentarios.

En ese sentido, es clave que las redes de veedurías ciudadanas y las auditorías comunitarias radiquen los derechos de petición y las acciones de tutela para forzar la instalación de las auditorías forenses y, de esa manera, proteger los dineros de la paz.

A propósito de esta tarea, que debe ser adelantada por la ciudadanía y sus organizaciones sociales de control, he consultado en la IA los alcances teóricos y jurídicos de la auditoría forense. La pregunta que hice a la IA fue la siguiente: ¿Qué es la auditoría forense y cuál es su objetivo?

La auditoría forense es el proceso mediante el cual se realizan investigaciones legales a través del estudio de evidencias para detectar fraudes y delitos por actos de corrupción conscientes y voluntarios. Además, la auditoría forense involucra un amplio número de conocimientos específicos que van desde la contaduría hasta los informáticos o de derecho para analizar las pruebas que esclarecen ejercicios o hechos ilegales.

¿Cuáles son sus principales características?
Es una actividad multidisciplinaria; es decir, en su realización se involucran varias áreas del conocimiento. La auditoría forense es diferente a la tradicional o financiera, ya que se centra en excepciones, irregularidades contables y patrones de conducta, no en errores y omisiones. Es una disciplina que se realiza desde la experiencia y práctica, más no bajo el seguimiento de textos de auditoría. Estudia los fraudes que se cometen por razones económicas, ideológicas o de interés individual, siendo el motivo económico la principal causa. Tiene una orientación retrospectiva que da cuenta del fraude financiero y prospectiva, presentando propuestas de prevención, detección y corrección con el fin de evitar fraudes financieros. Determina normas de investigación, legislación penal y disposiciones normativas relacionadas con fraudes financieros. Se enfoca en combatir la corrupción financiera pública y privada.