Norte del Cauca: La Paz Incompleta
Norte del Cauca: La Paz Incompleta
Mañana, miércoles 30 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro aterrizará en Caloto, en el norte del Cauca. Su agenda oficial contempla la entrega de diez antenas de comunicación rural satelital y el impulso a la industria arrocera en Pílamo. Son anuncios de progreso, sin duda, pero su presencia en este territorio, fracturado por décadas de despojo, abandono y una guerra que no cesa, coincide con uno de los momentos más críticos del conflicto interétnico por la tenencia de la tierra entre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
La reciente entrega de la hacienda La Emperatriz a las comunidades indígenas, un acto que el presidente formalizará mañana, representa una victoria simbólica y jurídica para los pueblos originarios. Es la culminación de décadas de lucha, de tomas pacíficas y de la presión incesante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) bajo la bandera de la “Liberación de la Madre Tierra”. Esta acción estatal, que legitima una deuda acumulada con las comunidades indígenas, expone al mismo tiempo una peligrosa omisión: el olvido estructural del pueblo afrodescendiente en el mismo territorio.
El conflicto no es una novedad, pero su agudización es innegable. Los recientes enfrentamientos en la hacienda Pílamo, que dejaron al menos 11 personas heridas, incluyendo al líder afro Víctor Hugo Moreno Mina, son un doloroso recordatorio. La tensión no es meramente territorial; es una disputa identitaria y política. Ambos pueblos, víctimas históricas del racismo institucional y del despojo agrario, se encuentran ahora en una pugna por espacios que el Estado, en su afán por resolver una parte de la ecuación, sigue entregando sin una ruta clara de equidad interétnica ni mecanismos eficaces de consulta previa que involucren a todos.
Es cierto que las mesas de diálogo interétnicas, promovidas desde 2022 con apoyo gubernamental, y los pactos de no agresión firmados en 2023, representan avances. Sin embargo, la institucionalidad parece operar con una balanza desequilibrada. Mientras las comunidades indígenas han logrado progresos tangibles en adjudicaciones y procesos de justicia propia, los consejos comunitarios afro del norte del Cauca continúan esperando respuestas concretas en materia de restitución de tierras, formalización de territorios colectivos y garantías para ejercer su autonomía.
La violencia intercomunitaria es un reflejo directo del abandono estatal, del vacío en la gobernanza agraria y de la presencia desbordada de grupos armados ilegales. Esta región se ha convertido en un epicentro de reclutamiento forzado, extorsión y desplazamiento. El norte del Cauca no solo clama por inversión social y obras de infraestructura; exige una reforma estructural en la distribución de la tierra, con un enfoque diferencial que reconozca la diversidad de sus pueblos, una reparación colectiva genuina y, sobre todo, una decisión política inquebrantable.
Consideremos la magnitud del desafío: “de las aproximadamente 350.000 hectáreas que componen los 13 municipios del norte del Cauca, 51.000 están sembradas en caña, 40.000 destinadas a protección ambiental. Los resguardos indígenas constituidos suman 20.000 hectáreas, pero aspiran a 100.000. Las comunidades afro reclaman 240.000 hectáreas, mientras los campesinos solicitan 102.000 para zonas de reserva. A esto se suman 23.000 hectáreas cubiertas por títulos mineros y solicitudes sobre 66.000 más. Como bien señala el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, «no hay cama para tanta gente». Este rompecabezas territorial, atravesado además por cultivos de coca y marihuana, minería criminal de oro, y la presencia de disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y carteles internacionales, es un prototipo del complejo conflicto social que el gobierno Petro debe conjurar para sacar adelante su reforma agraria, la paz total y la nueva política de lucha contra las drogas” (1).
El Gobierno Nacional tiene ante sí la posibilidad de transformar este conflicto en un ejemplo de reconciliación histórica. Pero para ello, debe superar el tratamiento fragmentado de la problemática y asumir que no habrá paz territorial sin justicia agraria para todos los pueblos que coexisten en el norte del Cauca. La presencia del presidente Petro en la región debe trascender una agenda protocolaria: es una oportunidad ineludible para escuchar, reconocer y saldar las deudas con ambos pueblos, sin favoritismos ni postergaciones.
Desde Proclama del Pacífico, hacemos un llamado urgente a que el Estado colombiano, en su más alto nivel, asuma el liderazgo ético y jurídico que este momento exige. No basta con entregar tierras a unos si a otros se les sigue negando. No hay justicia si no hay equidad. Y no habrá paz verdadera si los conflictos entre pueblos hermanos son avivados por la omisión del Estado.
El norte del Cauca ha sido campo de guerra. Que esta vez sea escenario de justicia.
