¡No trabajes sensatamente, organiza una mafia!

…hay que construir un país donde no tengamos miedo ver a los militares y policías desde lejos o desde cerca, deben ser parte de nuestra vida e institucionalidad.

Como en los más álgidos momentos de la “cosa nostra” italiana o de Alcapone y Dilinger en los Estados Unidos, cuando los “capo di capi tuti” manejaban el poder, al estilo de Pablo Escobar, un general de la República, aconseja a subalternos suyos “organizar una mafia” para defender sus bastardos intereses, perpetuar la violación de los derechos humanos y asaltar los intereses patrimoniales del Estado.

Escuchar en tiempo real las expresiones del general pareciera un relato de ficción y una obra dramática en donde todos los crímenes se le han atribuido a la guerrilla y los paramilitares que han enlutado la nación.

La máscara se ha caído, aparecen sables manchados, las calaveras en los cuarteles revelan la trágica muerte de jóvenes extrajudicialmente ajusticiados y el doble juego de la representación militar, para asombro de la nación, la comunidad internacional y la sociedad colombiana, ha dejado escuchar, produciendo escalofrío, cómo en el contexto de una guerra funesta se ha tasado en dinero la vida de miles de jóvenes, para enriquecimiento y recreación de quienes vistieron, obscenamente, el glorioso uniforme del ejército colombiano.

Tanta es la fetichización del poder que los funcionarios del Estado, incluidos los generales, creen que son ellos la última fuente objetiva y subjetiva del poder, como autoreferencia incuestionable, dando paso a la corrupción, como lo plantea en sus obras el filósofo Enrique Dussel.

Es en ese contexto conceptual donde el Ejército Nacional aparece como una institución intocable, sobre la cual no puede haber la más mínima sombra de sospecha.

Lo doloroso y moralmente punzante es que a las Fuerzas Militares corresponde la defensa de la soberanía y la integridad del orden constitucional, así como a la Policía mantener el ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar que la ciudadanía conviva en paz.

Esta visión implica que hay que construir un país donde no tengamos miedo ver a los militares y policías desde lejos o desde cerca, deben ser parte de nuestra vida e institucionalidad.

Para ser más exactos, Dussel concibe que si los funcionarios del Estado, desde el presidente, ministros, gobernadores, alcaldes o funcionarios públicos, hasta el último inspector de policía, consideran que son la sede y principio del poder político, el poder se ha corrompido. Lo propio vale para las organizaciones de la sociedad civil como la empresa privada o la simple directiva de una Junta de Acción Comunal.

Y se corrompe el poder porque los intereses políticos de quienes deben controlarlo, concejos municipales, asambleas o congresos, y los propios medios, en vez de ser actores críticos y examinadores de la moral pública, se convierten en aduladores y fervorosos panegiristas de los gobernantes de turno, abriéndole camino al poder fetichizado.

Y si en ese circuito de concupiscencia y lujuria, la comunidad, adocenada, se torna en pasiva y sumisa, sin importarle la construcción de lo político como ejercicio del poder instituyente, se pierde la soberanía popular.

Falseado y adulterado el poder, fruto de una elección, nombramiento o designación, el que lo encarna suele ejercerlo con vanagloria y presunción, y, a veces, con desvergonzado despotismo ante sus contradictores.

Y de la soberbia a la deshonestidad, los hechos lo demuestran, la moral bisagra se abre para dar paso al crimen y las conductas que atentan contra la administración pública.

Por fortuna en Colombia, pese al sometimiento de la pauta publicitaria, la adhesión comprada y la neutralidad simpática que se observa en muchos medios, existe periodismo investigativo, sin cuyo ejercicio estaríamos cercanos a una satrapía.

Deben saber también los generales de la Fuerza Pública, que tanto los bienes mal habidos, como la violación del derecho a la vida y la supresión vertical y tajante de su obediencia al poder emanado de la sociedad constituyen una agresión armada a la moral de la nación, que sólo la ejercen los dictadores, las camarillas políticas corruptas y quienes se creen herederos inexpugnables de los poderes públicos.

Mandar significa, de igual forma, acatar los principios cohesionadores de la sociedad, como ejercicio obedencial que enaltece, de lo contrario el papel del Estado se reduce a enclaves opresores, propio del pensamiento único, donde el poder se muda del respeto por el otro a la pedagogía y metodología del crimen.

No son simplemente desafortunadas las expresiones de un general sugiriendo crear mafias para que los militares se defiendan de la majestad de la justicia, lo insólito es entender que el Estado debe rastrear y perseguir el paramilitarismo en su propia casa y con la misma decisión política y contundencia que lo hace con la guerrilla, hasta que la paz sea posible y haya fascinación en el campo y las ciudades por el trabajo honrado, la justicia social y la vida.