No más injusticia

Me acuerdo que cuando Jesús Santrich afirmó que la justicia colombiana no tenía el decoro para juzgarlos, Ordóñez y todos los de su línea pusieron el grito en el cielo. Hoy parece que los tribunales colombianos no tienen el decoro para juzgar a nadie. Y Ordóñez, el gran defensor de la moral colombiana, se muestra a favor de esa persona que no habla sino que amenaza; más que magistrado, un enquistado que escupe ofensas de la misma forma como lo hizo cierto ex presidente. Ese a quien le debe su cargo.

Aclaro que las instituciones que componen la rama judicial no tienen la culpa de la decadencia que hoy le merecen a muchos. Ni la Corte Constitucional, ni el Consejo de Estado, ni la Corte Suprema de Justicia son las causantes del oprobioso escándalo que hoy embarga al país. No, la culpa es del nauseabundo accionar de la mayoría de sus miembros.

Lo de Pretelt –no digamos magistrado– constituía un agravante de grandes magnitudes, pero lo que ha manifestado en la W deja en claro que –disculpen la sensorialidad–: estamos jodidos.

Y es que las fraudulentas prácticas que denuncia Jorge Ignacio no hacen más que aumentar el descontento que le merece a muchos colombianos la justicia, disgusto que por lo demás no es nuevo, cómo va a serlo si aquí la gente se acostumbró a que “la justicia es para los de ruana”. Aquí el ladrón de a pie –el que roba migajas al lado del latrocinio de los estudiantes de Harvard– literalmente se pudre en la cárcel, en cambio el ladrón de cuello blanco tiene tiempo para reflexionar y hasta celebrar: las parrandas de Emilio Tapia en La Picota, y el viaje a Cartagena de Manuel Nule con motivo de la celebración de la primera comunión de su hija llevan a concluir este triste equívoco: en Colombia hay que robar mucho para pagar poco.

Lo peor que le puede pasar a la población de un país es que pierda el respeto a las instituciones encargadas de impartir justicia. Eso es razón para que muchos se tomen la entereza por sus propias manos, las consecuencias saltan a la vista: un país con un conflicto armado de más de 50 años. Una sociedad apática a los acontecimientos de interés nacional, un escepticismo revestido de inexpugnables lugares comunes.

Uno se pregunta cómo contradecir que no es prudente generalizar el comportamiento de todos cuando la aparente solución para el problema es que se vayan todos. Uno aboga por la calma pero desde diferentes esquinas procurador y fiscal, dos funcionarios que deberían prevalecer por su probidad, arremeten contra lo que no comparten, con lo cual no hacen más que menoscabar la credibilidad de sus acciones. Y entonces se pone en cuestión la opacada credibilidad de las instituciones.

Muy a pesar de todo, lo ocurrido con Pretelt –inocente, hasta que se demuestre lo contrario– parece que va a llevar a soluciones que han debido tomarse desde hace rato. El país necesita que se erradiquen las funciones electorales que le otorgó la Carta Política a las altas cortes, necesita cambiar la arquitectura de la rama judicial, necesita cambiar organismos inoperantes como la Comisión de Acusaciones.

Ojalá y las medidas que piensa tomar el presidente Santos se exoneren de los intereses políticos de los que habló, es hora de acabar con los intocables, de cerrar la puerta giratoria, es momento de reivindicar el prestigio que hace unos años atrás –cuando, vaya ironía, el país atravesaba por momentos más difíciles– tenían los altos tribunales.

Es positivo que el reconocimiento unánime de estos cambios se haya contemplado antes de un eventual posconflicto.

Es momento de cesar la injusticia.