- Dos muertos más y demasiadas preguntas sin respuesta
- El Estado debe investigar también lo que no conviene
- No todo asesinato en el Cauca puede llamarse guerra o conflicto armado
Me dolió profundamente conocer el asesinato de James Flor y de su esposa, María Ovidia Palechor, en zona rural de Cajibío. Hasta donde tuve oportunidad de conocerlos, eran buenas personas. Y quizá por eso, después de enterarme de su muerte, quedó rondando una de esas preguntas que cada vez se repiten con mayor frecuencia en el Cauca: ¿por qué los mataron?
La pregunta parece sencilla, pero la respuesta casi nunca llega.
Vivimos en un departamento donde la presencia de distintos grupos armados ha terminado facilitando una explicación demasiado cómoda para buena parte de nuestra violencia. Ocurre un homicidio en una zona donde operan estructuras ilegales y rápidamente aparece la atribución al conflicto armado. Después vienen los comunicados: supuestamente se inician investigaciones, se buscan responsables, se estudian móviles. El lenguaje oficial cumple su recorrido y la sociedad queda esperando. Y generalmente, espera para siempre.
Ese mecanismo debe preocuparnos porque el Cauca tiene una violencia mucho más amplia que la estrictamente guerrillera. Existe la envidia evidente, inclusive en la capital, disputas económicas, venganzas personales, conflictos familiares, odios acumulados, intereses políticos, narcotráfico, extorsiones, delincuencia común y otras motivaciones que pueden aprovechar el desorden armado para confundirse con él.
Eso es precisamente lo que tiene que investigar la justicia. No podemos permitir que la presencia de disidencias o cualquier organización criminal se convierta en una respuesta anticipada que releva al Estado de determinar quién dio una orden, quién disparó, cuál fue el móvil y qué intereses existían detrás de una muerte.
Una hipótesis nunca puede reemplazar una investigación.
En territorios donde abundan las armas, también aumenta la posibilidad de que alguien pretenda resolver una enemistad, una disputa económica o cualquier resentimiento utilizando la violencia y confiando en que el crimen terminará archivado dentro de esa enorme bolsa que llamamos conflicto armado.
Esa posibilidad debería preocupar especialmente a fiscales, investigadores, Policía y autoridades judiciales, porque son muchas las denuncias que pueden estar marcando alertas anticipadas. Ahí debería operar con eficacia, y eficiencia, claro, la inteligencia del Estado.
Porque si todo homicidio ocurrido en el departamento del Cauca termina explicado por la presencia de grupos armados, también estamos creando una zona de impunidad para otros criminales. Y esa sería otra tragedia.
Los caucanos nos hemos acostumbrado demasiado a recibir noticias de asesinatos. Un día ocurre en Argelia, otro en El Tambo, después en Suárez, Buenos Aires, Corinto, Santander de Quilichao, Caloto o Cajibío. Los nombres cambian y el dolor permanece. La muerte violenta terminó instalada en nuestra información cotidiana con una normalidad que debería avergonzarnos.
No podemos aceptar esa costumbre. El nuevo Gobierno Nacional tiene frente al Cauca una responsabilidad enorme. Recuperar presencia estatal, recuperar el control territorial, social y económico, significa mucho más que aumentar operaciones militares o mostrar capturas y bajas. Significa garantizar justicia, investigación criminal, inversión social, educación, salud, vías, oportunidades económicas y capacidad institucional en territorios donde durante décadas la ilegalidad encontró espacios que el Estado dejó vacíos.
La autoridad se demuestra protegiendo la vida. También esclareciendo las muertes.
James Flor y María Ovidia Palechor merecen algo más que convertirse en dos nombres adicionales dentro de las estadísticas. Sus familias, sus amigos y su comunidad tenemos derecho a saber qué ocurrió.
Si fueron víctimas de un grupo armado, que la investigación lo demuestre y señale responsables. Si fue la envidia, el odio, u otro móvil, que también salga a la luz. Eso es justicia.
Cajibío y el Cauca necesitan que el Estado llegue antes de los funerales y permanezca después de ellos. Necesitan una institucionalidad capaz de mirar debajo de cada crimen y resistirse a la explicación más fácil.
Porque mientras una muerte pueda esconder otra historia y nadie se tome el trabajo de descubrirla, la violencia seguirá encontrando en nuestra confusión su mejor cómplice.
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